JUEVES Ť 18 Ť ENERO Ť 2001
Ť El tricolor intenta recuperar su "tradición de autoritarismo", según legisladores
PAN, PRD y PT acorralan al PRI en la Permanente
PAN, PRD y PT acorralaron al PRI por el caso de Yucatán. Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acusaron a los priístas de hacer intentos por recuperar su "tradición de autoritarismo" y, ahora, decidir qué resolución de las instituciones del país es legal y qué otra es ilegal.
Los legisladores del PRI esgrimieron, una y otra vez, que el fallo del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación está por encima de la Constitución del país y de la soberanía del pueblo yucateco.
En el Salón Verde del Palacio Legislativo los panistas comenzaron el debate, una discusión que no dio tregua a los legisladores priístas, quienes mostraron no estar dispuestos a acatar la resolución del tribunal electoral y, mucho menos, a aceptar la composición del órgano cuyos integrantes tomaron posesión en un parque de Mérida.
Nadie puede estar por encima de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Los poderes de la Unión no deben aceptar rebeldías frente a los actos de autoridad, comenzó el senador del PAN César Jáuregui.
"No podemos aceptar que cada partido político contrate a sus especialistas o a sus constitucionalistas (en este caso a Ignacio Burgoa) para determinar cuáles fallos se deben cumplir y cuáles no. Tampoco los órganos de poder pueden contratar abogados conocedores en la materia constitucional para que, en opinión interesada, muestren cuáles sentencias se cumplen y cuáles no", dijo con ironía.
El diputado petista Jaime Cervantes Rivera arremetió contra las actitudes de los priístas yucatecos, sin dejar a un lado la mención de que las reformas constitucionales que dieron vida al tribunal fueron avaladas por el PRI y enviadas por el ex presidente Ernesto Zedillo: "Sin duda en el estado de Yucatán lo más retardatario del priísmo pretende, a toda costa, evitar que el Consejo Electoral insaculado por el TEPJF empiece a funcionar, con el claro propósito de que las elecciones de mayo no puedan realizarse".
Los adversarios del tricolor no dieron tregua. El perredista Uuc-Kib Espadas Ancona consideró que el problema de Yucatán evidencia las intenciones priístas de frenar el proceso democrático de la nación. El ambiente político en aquella entidad no contribuye, de ninguna forma, al desarrollo nacional, pero tampoco a la sobrevivencia del Revolucionario Institucional.
"Si el PRI tenía grandes dificultades para legitimar su permanencia en la nueva elección en el gobierno de Yucatán, hoy no tiene dificultades; tiene un problema de imposible resolución. No pueden ustedes suponer que están actuando sobre las mismas bases en que actuaban hace apenas un año. La impunidad será reducida en cualquiera que sea el nuevo marco constitucional que este Congreso produzca", manifestó.
Los priístas César Camacho Quiroz y Jorge Ramírez subieron a tribuna para defender el derecho de su partido a no cumplir con el mandato del tribunal, a negar la existencia de un fallo de última instancia, a defender la aplicación del "derecho" contra un ente que se entromete en la soberanía yucateca.
"Ni localismo disolvente ni centralismo que atropelle. Impulsemos mejor un federalismo militante, un federalismo que recuerde siempre que fueron los estados los suscriptores del acuerdo fundador y que es a ellos a los que les toca decidir todo lo relacionado con su régimen interior, un federalismo que quiere ser más que doctrina, factor de unidad y nunca causa de enfrentamiento", leyó el senador Camacho.
En el mismo tono, el diputado Ramírez arguyó que en la Constitución no hay una sola nota que permita al tribunal hacer las veces de poder constituido en el estado libre y soberano de Yucatán y nombrar a los miembros del Consejo Electoral local.
"Apliquemos el derecho, apliquemos el derecho, estoy absolutamente de acuerdo con esa disposición, con esta exposición. Cuidemos sobre todo el TEPJF. El PRI nunca se ha opuesto a la existencia del tribunal. Nos oponemos a esta irracionalidad y esta ilegalidad de atribuciones que se toma, sin tenerlas", lanzó.
El debate no salió de ahí: los del PRI con la perorata de que el fallo es ilegal y sus adversarios con el argumento de que los priístas no son nadie para decidir sobre la legalidad de las resoluciones que emiten las instituciones del país.