JUEVES Ť 18 Ť ENERO Ť 2001
Ť El PRD-DF pedirá a René Arce explique por qué aceptó esa medida
El gobierno federal "brinca a la Constitución", con la presencia militar en Iztapalapa: Imaz
Ť Organizaciones crean comité contra despliegue de soldados y por la libertad de expresión
GABRIELA ROMERO Y SUSANA GONZALEZ
Luego de ratificar el repudio del PRD capitalino a la presencia de elementos del Ejército en la delegación Iztapalapa, el presidente de este órgano político, Carlos Imaz, recriminó al gobierno federal por "jugar con una necesidad social, brincando a la Constitución, que explícitamente marca límites a la presencia de los militares en la vida civil".
Consideró que el asunto es delicado, pues va en contra de la tradición civilista, y aclaró: "Lo único que estamos haciendo es defender al Ejército Mexicano, que en época de paz tiene sus tareas en el resguardo de nuestras fronteras y al interior de sus cuarteles".
Agregó que hoy el Comité Ejecutivo del PRD-DF se reunirá con el jefe delegacional de Iztapalapa, René Arce Islas, para que les explique las razones por las cuales aceptó la propuesta del Ejecutivo federal, "y nosotros le digamos por qué no estamos de acuerdo".
Apoyado en las fotos publicadas en los diarios, Imaz Gispert denunció que pese a que se había dicho que los militares no irían armados, las imágenes impresas demuestran lo contrario.
En conferencia por separado, Clara Brugada, diputada perredista por el distrito 29 de Iztapalapa, reclamó al jefe delegacional por la falta de información a la ciudadanía, y le demandó aclarar cuáles son los propósitos reales de una medida de esa naturaleza. "Porque hasta ahora los argumentos vertidos son insuficientes y contradictorios", expresó.
Por su parte, el legislador priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, apuntó que las brigadas castrenses, que tienen como objetivo primordial la prestación de servicios sociales a la comunidad, no deben ser satanizadas, ni ser vistas con recelo por las autoridades locales. "Es intolerable que organizaciones políticas y civiles se proclamen en contra de la voluntad de un pueblo, bajo argumentos ociosos y especulativos como es la represión", dijo.
En contraste, representantes de organizaciones sociales como el Frente Popular Francisco Villa, Asamblea de Barrios, Frente del Pueblo, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Democrática, el Consejo General de Huelga, el grupo La Tropa de la Policía Auxiliar y el Frente Nacional de Resistencia Contra las Privatizaciones, entre otras, manifestaron: "Parecería que la presencia del Ejército Mexicano en Iztapalapa tiene por objetivo investigar y vigilar las acciones de líderes y movimientos sociales" e inhibir la llegada del EZLN a la capital.
Denuncian interrogatorios
Alejandro López Villanueva, dirigente del FPFV, aseguró que el martes, en El Salado -uno de los 15 campamentos que su organización tiene en Iztapalapa-, donde las autoridades delegacionales pretendían instalar las carpas de asistencia social varios soldados se presentaron para interrogarlos sobre el número y actividades de sus integrantes, y recordó que de la misma manera operó el Ejército en Chiapas y Guerrero para desactivar los movimientos insurgentes.
A su vez, Alejandro Varas, del Frente del Pueblo, advirtió que René Arce "juega con la necesidad de la gente", y consideró que las tareas sociales del Ejército son una estrategia del funcionario para "medir fuerzas" con el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, con miras al año 2006. El delegado, dijo, actúa de manera pragmática y futurista para ganar la simpatía de la comunidad.
Las organizaciones citadas crearon ayer el "comité en defensa de las garantías individuales, la libertad de expresión, reunión, organización, manifestación, los derechos civiles y en contra de la militarización", para repudiar el bando 13 emitido por López Obrador y la consulta convocada para el 28 de enero sobre la reglamentación de marchas.
A través de un Manifiesto a la ciudad, dichos grupos acusaron al gobierno capitalino de incongruente, al "olvidar el origen social y progresista que lo sustenta" y respaldar actos que panistas y priístas no se atrevieron a ejecutar, como atentar contra derechos constitucionales como el de libre manifestación. En tal sentido, convocaron a la ciudadanía a "rechazar esta consulta anticonstitucional" y pidieron a Rosario Robles, Angeles Mastretta y Luis Rubio "no prestarse a dicha convocatoria". También anunciaron que llevarán a cabo dos manifestaciones: una el 6 de febrero, para conmemorar la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM, y la otra el día 29, después de la consulta.
Varas enfatizó que la intención de López Obrador de reglamentar las marchas puede verse como una "medida preventiva", por las movilizaciones que podrían suscitarse por el aumento al IVA, una probable crisis económica y el despido de miles de empleados federales y locales.