viernes Ť 19 Ť enero Ť 2001

Luis Javier Garrido

El manager

La conducción del gobierno mexicano no está ya en manos de los tecnócratas salinistas (aunque sigan éstos teniendo posiciones importantes en la nueva administración) ni mucho menos de los políticos tradicionales (que conservan un espacio aún menor) sino de una serie de gerentes de empresas privadas que no parecen tener claridad sobre la trascendencia del momento que se vive.

1. La lógica gerencial que el presidente Vicente Fox ha buscado imponer a la administración pública, sustituyendo a buena parte de los desprestigiados tecnócratas salinistas por gerentes de empresas, e instaurando en la administración pública criterios de organización y de acción del sector privado, todo ello con la pretensión de alcanzar la eficiencia neoliberal, no ha empezado a hacer más eficaz a su gobierno, pero ha tenido ya varias consecuencias, y una de ellas es que está abriendo la posibilidad de reciclamiento de los intereses del antiguo régimen, como se está viendo en el caso de Chiapas.

2. El país está lejos de vivir una transición política a fondo y mientras los hombres del nuevo gobierno se empeñan en proyectar una imagen de cambio, el antiguo sistema político priísta está reconvirtiéndose y ocupando los espacios que se le están dejando libres.

3. La violencia que el país ha vivido en los últimos años ha sido generada y mantenida en buena medida por los últimos presidentes del PRI y no podrá terminarse si no se aplica la ley a todos los grupos que impunemente se siguen manifestando, y si el propio gobierno no actúa en el marco de la ley y procede en contra de quienes en el pasado inmediato cometieron todo género de ilícitos como acontece en Chiapas, en donde toda una serie de criminales de Estado permanece en plena impunidad e incluso poniendo nuevos obstáculos en el camino hacia la paz.

4. El problema fundamental de lo que acontece es que quienes gobiernan no han terminado de entender que México no puede administrarse después de 72 años de régimen unipartidista como si se tratase de una empresa en la que tras relevarse a la directiva el nuevo gerente asume que su función es observar la normatividad, pues de esta manera está terminando por salvaguardar los intereses creados y administrar la crisis. ƑCómo podría, con esa lógica, enfrentarse la situación en Chiapas, si las mafias priístas aún son dueñas de las instituciones bancarias, de las grandes fincas y de los más importantes negocios, mantienen su infraestructura paramilitar y conservan cotos de poder en el aparato estatal desde donde complotan contra la paz?

5. La ineptitud de los gobernantes priístas hizo asumir al Ejército funciones que le son ajenas y es inadmisible que esto siga haciéndose, sobre todo con el ánimo de alcanzar apoyos políticos o de mantener los conflictos existentes. La decisión de René Arce (delegado perredista en Iztapalapa) de llamar a las fuerzas armadas para realizar "tareas sociales" en esa delegación, viola el marco legal del país y en el contexto de la situación prevaleciente en Chiapas no parece tener más objetivo que legitimar la presencia de los soldados en las comunidades. A nadie escapa que esta torpe provocación, a la vez que contradice la tesis sostenida por el PRD en 1997, que en ese entonces condenó la utilización del Ejército en las calles de la capital, es anticonstitucional, pues el delegado no tiene atribuciones para solicitar a los militares, como tampoco el titular de la Defensa para utilizarlos a su arbitrio y mucho menos en tareas para las que no están facultados constitucionalmente.

6. La lógica gerencial entraña también un riesgo adicional: confundir, aún más que en el caso de los tecnócratas, lo público y lo privado, pues la noción de Estado tiene para quienes han sido empleados del capital otro sentido. La sola lista de los empresarios que miran con avidez el territorio chiapaneco, y que según reportan múltiples medios se disputan la realización de una serie de megaproyectos sugiere una confusión de intereses, pues varios de ellos aparecieron de manera ostensible financiando la campaña de Fox, como es el caso de Roberto Hernández, de Banamex; de Alfonso Romo, de Pulsar; de Federico Sada, de Vitro; o de Lorenzo Zambrano, de Cemex.

7. En México no existe una legislación como en otros países que obligue a los directivos de empresas privadas a desvincularse de éstas antes de asumir cargos públicos, y por lo mismo subsisten muchas dudas. ƑQué acaso Carlos Abascal, Xóchitl Gálvez, Leticia Navarro, Javier Usabiaga, Ernesto Martens y otros miembros del gabinete no tienen ya intereses con grupos privados?

8. Un equipo de gobierno integrado por este tipo de funcionarios muy difícilmente podrá entender las responsabilidades sociales ante las cuales se encuentra, y eso explica los zigzagueos y contradicciones de la actual administración que tanta confusión han generado. ƑO de qué otra manera podrían entenderse afirmaciones sin sustento como la hecha por Fox en Tlaxcala, en el sentido de que en Chiapas "se ha cedido demasiado" (11 de enero), cuando ni siquiera ha terminado el gobierno de remover los primeros escollos para la paz dejados por la intolerancia priísta?

9. La impaciencia empresarial no puede ser tampoco una virtud de Estado, y el momento de mayor confusión en estas semanas de incertidumbre se produjo cuando el propio Fox hizo un señalamiento descabellado en su programa sabatino de radio (13 de enero) al afirmar que cumpliría las tres demandas de los zapatistas si éstos dejasen las armas, el que dejó una estela de dudas, pues aun y cuando fue después rectificado, pareció ignorar con la misma lógica maximalista de Ernesto Zedillo algo tan obvio y elemental como que el desarme es posterior a la negociación y a los acuerdos de paz.

10. Los gerentes de empresas privadas que están al frente del Estado, y en particular de diversas secretarías de Estado de importancia estratégica, muy difícilmente podrán entender que no hay proyecto económico que pueda tener éxito si no cuenta con el respaldo de la sociedad, como es el caso de Chiapas, en donde el gobierno no puede argumentar que está garantizando los intereses privados de las empresas trasnacionales para hacer nulos los derechos de los pueblos indios, y en donde no existe posibilidad de éxito en proyecto alguno de desarrollo si no es contando con el consenso de las comunidades, que hoy más que nunca defienden su derecho a la autonomía exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.