Los testimonios de Diance C. Austin y Elena Alfaro, ambas detenidas y torturadas durante la dictadura militar en Argentina, sirvieron de fundamento para que la organización Coalición Contra la Impunidad solicitara ayer a la fiscalía de Nuremberg dictar una orden internacional de detención contra los miembros de la antigua junta militar argentina, por el asesinato en 1977 de la argentino-alemana Elisabeth Kaesemann. 

Los relatos de las atrocidades --violaciones, descargas eléctricas, golpes, quemaduras, etc.-- que sufrieron Austin y Alfaro durante su trágica estancia en el centro de detención clandestino El Vesubio, son simple y llanamente terribles. 

Desgraciadamente, las leyes de amnistía vigentes en Argentina que indultan a los a los militares de alto rango y otorgan impunidad a la mayoría de los acusados, limitan la posibilidad de juzgar los crímenes cometidos en tiempos de la dictadura en el país sudamericano. La única posibilidad, como lo sostiene la coalición, es buscar que se haga justicia en los países de origen de las víctimas. 

La descripción que hacen del centro de tortura El Vesubio; este lugar de celdas húmedas, neones, gritos de sufrimiento, cuerpos transcurridos, torturadores asalariados que se dividen las faenas, de camiones que entran con víctimas y salen con cadáveres; trae a la memoria el documental-ficción Garage Olimpo, del director argentino Marco Bechis, exhibido en la reciente Muestra Internacional de Cine. 

El desvelo que este filme hace de toda la estructura de represión castrense en Argentina (1976-1983), se puede leer en las dolorosas declaraciones de estas dos mujeres. 

La búsqueda de justicia por parte de las víctimas de este régimen nada tiene que ver con ese afán de perdonar y olvidar impuesto por Raúl Alfonsín y Carlos Menem en sus respectivos momentos. No, buscar que se haga justicia no sacia la sed de venganza, sino que sienta los precedentes para que estas atrocidades nunca se vuelvan a cometer. 

Además, las ONG de mayor peso en el mundo advierten con fina actualidad: un gobierno que no procura reslover las violaciones a los derechos humanos, aunque estas hayan sido consumadas en el pasado, comete en sí --por la simple omisión-- una grave violación a los derechos humanos. 

Este saco le sienta bien al gobierno chileno que busca hacer justicia en el caso Pinochet, y al mexicano que no ha hecho nada en el caso de la matanza de Acteal --por mencionar sólo uno. Por el bien de todos, que se haga justicia.