LUNES Ť 22 Ť ENERO Ť 2001
Ť Demanda de ONG
Se debe incluir la defensa de derechos humanos en el PND
VICTOR BALLINAS
Para terminar con la corrupción y la impunidad, el presidente Vicente Fox deberá impulsar un programa de protección a los derechos humanos que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, desde una concepción integral y con repercusión en el resto de las políticas de Estado, y debe formar parte de los principios del accionar internacional de México, coincidieron organizaciones no gubernamentales que trabajaron con el equipo de transición en las mesas de diálogo.
Las organizaciones sociales que trabajan en derechos humanos destacan que la política de protección a las garantías individuales de Fox deberá lograr un consenso con los organismos especializados de la sociedad, acorde a las pautas y contenidos del derecho internacional.
Estas demandas están contenidas en las conclusiones y propuestas elaboradas en las mesas de diálogo creadas por el equipo de transición y que ahora están en manos del coordinador de Alianza Ciudadana de la Presidencia de la República, Rodolfo Elizondo, quien las deberá hacer llegar al jefe del Ejecutivo y se consideren en la elaboración de sus programas de trabajo.
De esta forma, señalan las ONG que participaron en la mesa del diálogo que coordinó el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), "la nueva política sobre garantías básicas deberá llevar al replanteamiento y relaboración del Programa de Fortalecimiento y Promoción de los Derechos Humanos."
Internacionalizar los avances
Las ONG que elaboraron las conclusiones y propuestas sobre las garantías básicas resaltan la necesidad de que la política sobre el tema se incorpore a los principios internacionales del país, por lo que deberá contener las negociaciones de tratados y convenios exteriores de comercio, cláusulas democráticas y de derechos humanos, así como definir y establecer los mecanismos de seguimiento sobre su cumplimiento de acuerdo con la normatividad internacional.
Se debe considerar la difusión amplia de los alcances del acuerdo de cooperación técnica entre la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el gobierno mexicano, con la participación activa de las organizaciones sociales.
Es necesario que se redefina el rol y la estructura de la Comisión Intersecretarial para la Atención a Compromisos Internacionales en materia de derechos humanos, a fin de que discuta políticas públicas de garantías individuales, y no únicamente prepare la defensa del Estado ante instancias extranjeras.
Para terminar con la impunidad y la corrupción se deberá impulsar reformas al sistema de procuración, administración e impartición de justicia a niveles federal y estatal. Se debe diseñar una nueva política que fortalezca la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, a través de "la creación de una escuela para los defensores de oficio, que incluya la capacitación en derechos humanos y dividir la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia constitucional para crear una corte con acceso para todos los particulares."