Conforme se aproxima la anunciada visita de dirigentes, militantes y simpatizantes zapatistas a esta capital, en lo que habrá de ser la culminación de una gira por más de una decena de estados, el panorama político se enrarece por voces que demandan impedir la realización de ese viaje; algunos, con base en interpretaciones retorcidas de la vigente Ley para la Concordia y la Pacificación, llegan incluso a exigir la captura de los líderes rebeldes que se aventuren fuera de Chiapas. 

En contraste con la buena disposición y hasta el entusiasmo que diversos sectores de la sociedad civil y de la clase política han expresado ante el viaje de los zapatistas, los exhortos a impedirlo se han hecho escuchar en ámbitos gubernamentales, en las filas priístas, en las cúpulas empresariales y en los sectores más retrógrados del PAN, fielmente representados por Diego Fernández de Cevallos y por el actual diputado federal Armando Salinas Torre quien, como secretario particular del entonces procurador general Antonio Lozano, estuvo vinculado a la canallesca emboscada policiaco-militar perpetrada por el régimen de Zedillo el 9 de febrero de 1995 contra la directiva y las comunidades del movimiento indígena. 

Los empeños por evitar el desplazamiento de los rebeldes se expresan, también, en formas un tanto menos burdas, en las inocultables inconsistencias de comunicación social del actual gobierno y en los enfoques reduccionistas y frívolos que pretenden presentar la actual coyuntura del conflicto chiapaneco como una mera disputa de imagen y de presencia en los medios entre el presidente Vicente Fox y el subcomandante Marcos. 

Las resistencias referidas recurren a alegatos en favor de la estabilidad institucional --y hasta de la financiera, como el que en días pasados urdió el presidente de la Canacintra, Raúl Picard--, a una supuesta defensa del estado de derecho y hasta a la pretendida ausencia de "gestos de buena voluntad" por parte de los rebeldes ante las innegables acciones de distensión emprendidas en Chiapas por el Ejecutivo Federal. 

Tales argumentaciones son deleznables. No hay, ni en la Ley de Concordia y Pacificación ni en ninguna otra parte de la legislación nacional, impedimento alguno para el proyectado viaje de los zapatistas, quienes con su determinación de acudir a la capital de la República para impulsar la aprobación, por parte del Legislativo, de la iniciativa de la Cocopa sobre derecho y cultura indígenas, han ofrecido una muestra inequívoca y contundente de su deseo de insertarse en la civilidad y la institucionalidad democrática. Corresponde a los sectores lúcidos e incluyentes de la sociedad crear los espacios para que sea posible tal inserción y para garantizar, así, la reactivación y la consolidación del proceso de paz. Ese proceso ha permanecido estancado por demasiado tiempo debido, precisamente, a las maniobras de los entornos autoritarios e intolerantes, los cuales exhiben una suerte de pensamiento criollo que los lleva a la indignación y al escándalo cada vez que los indígenas de este país deciden ejercer sus derechos ciudadanos.