MARTES Ť 23 Ť ENERO Ť 2001
Ť A partir de hoy podrían ser expulsados cerca de 30 mil indocumentados
Marchan miles de inmigrantes contra la Ley de Extranjería, en España
Ť "Sólo muertos regresaremos a nuestro país", la consigna durante las manifestaciones
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid 22 de enero. Miles de ecuatorianos, dominicanos, colombianos, peruanos, marroquíes, subsaharianos, nigerianos, palestinos y kurdos, entre otros, realizaban hoy una serie de movilizaciones en demanda de la regularización de su situación, y en protesta contra la ley de Extranjería, a entrar en vigor este martes y que prevé, entre otros, un procedimiento de urgencia para expulsar a inmigrantes indocumentados.
La ley que deberán acatar los "extranjeros", aprobada con mayoría absoluta por el Partido Popular (PP, derecha, en el gobierno), pone en riesgo de expulsión casi inmediata a unos 30 mil inmigrantes, cuyas solicitudes para conseguir su permiso de residencia o de trabajo fueron rechazadas durante el proceso extraordinario de regularización abierto por el gobierno entre el 31 de marzo y 31 de julio del año 2000.
Con encierros en iglesias, huelgas de hambre y manifestaciones en las principales ciudades españolas, los migrantes denuncian la política del Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, contra los más de 300 mil ciudadanos extranjeros que no tienen sus papeles en regla y que a partir de esta noche podrán ser expulsados "por el procedimiento de urgencia".
"Sólo muertos regresaremos a nuestro país", se ha convertido en la consigna que ha reunido a miles de migrantes en España, que ven con alarma las consecuencias que tendrá la nueva normativa para los extranjeros.
Las organizaciones sociales que congregan a los migrantes ecuatorianos y marroquíes, principalmente, han mantenido a lo largo de esta semana una serie de actos de protesta en todo el territorio español: en la iglesia de Santa María del Pí, en Barcelona, alrededor de 350 migrantes de diversos países mantienen una huelga de hambre; en Valencia, unos 200 extranjeros se mantienen concentrados a las
puertas de la catedral; en Murcia, miles de ecuatorianos realizaron una marcha y se concentraron en distintos recintos; en Madrid, una marcha de cientos de marroquíes finalizó en la Puerta Sol, al tiempo que cientos de ecuatorianos proclamaron que "son invisibles para el gobierno".
Todos ellos piden que se amplíe el proceso de regularización a los llamados "sin papeles", que según cifras de las ONG superan los 300 mil.
Los migrantes ecuatorianos representan el colectivo más numeroso en las movilizaciones. Tan sólo en Murcia, en la Plaza de Santo Domingo, se calcula que se reunieron más de mil personas, que sostuvieron que su regularización significaría "la solución para la cosecha de esta región", en la que abundan sembradíos de frutas y hortalizas. Los ecuatorianos, liderados por representantes de varias ONG, recorrieron 22 kilómetros en una manifestación silenciosa, durante la cual fueron depositando velas.
El vocero de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiúahui, en Lorca, Angel Mera, instó al gobierno a que conceda alguna medida de gracia para los migrantes que a partir de mañana podrán ser expulsados y resaltó, por otro lado, que "son necesarios" para la economía de la región.
En el resto de la comunidad murciana cuatro salones parroquiales de la diócesis de Cartagena albergan a unos 300 inmigrantes ecuatorianos.
Asimismo, trascendió que el gobierno español comenzó una negociación con Ecuador para reservar 30 por ciento del cupo anual de inmigrantes a ese país, informó el diario El País. En caso de firmarse este pacto bilateral, España concederá a Ecuador alrededor de 40 mil contratos temporales anuales, si bien esto no solucionará la situación de los 150 mil ecuatorianos que no cuentan con los papeles necesarios para trabajar en España.
La nueva ley de Extranjería fue aprobada por el PP en diciembre del año pasado, en cuyo texto se rechaza a los migrantes el derecho de asociación y se permite que aquellos que no hayan regularizado su situación legal sean expulsados de forma fulminante.
Además de las organizaciones sociales, prácticamente todos los partidos políticos, con la excepción del PP, han rechazado tanto el "espíritu" como "las enmiendas" que diseñó el gobierno de Aznar, en una de sus iniciativas más cuestionados en los cinco años que lleva al frente del Ejecutivo.
Mustafa Merbet, vocero de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), señaló a La Jornada que "el gobierno tiene la obligación de resolver la situación de estas personas y de eliminar la situación de sicosis colectiva que se está generando" con la entrada en vigor de la ley de Extranjería, que calificó de ser "un paso atrás" en cuanto a los derechos civiles de los extranjeros en España. La nueva normativa, aseveró, "no sólo no beneficia la situación de los inmigrantes, sino que hace no sólo difícil, sino imposible cualquier proceso de integración".
Merbet hizo énfasis en la situación de explotación laboral que sufren los extranjeros en prácticamente todos los sectores en los que son empleados. "La mayoría de las veces con salarios menores y sin derechos básicos", sobre todo en sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería y el servicio doméstico.
Lo peor está por verse
Consuelo Rumi, vocera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, principal fuerza opositora) aseguró que tras la entrada en vigor de la nueva ley "quedará por ver lo peor y más duro", en alusión a la persecución y expulsión de extranjeros que no tengan sus papeles en regla. "Los inmigrantes irregulares, quiera el gobierno o no, van a seguir existiendo y no pueden ignorarlos; si no hay convenios de repatriación, no se les puede expulsar de prisa y corriendo".
Para Felipe Alcaraz, vocero de Izquierda Unida (IU, republicanos y comunistas, tercera fuerza en votos), la ley de Extranjería generara "una estructura laboral sumergida" que marginará al extranjero.
Las movilizaciones de extranjeros se mantendrán a lo largo de esta noche, a la espera de la conferencia de prensa que mañana tienen previsto dar el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el secretario de Estado de Extranjería, Enrique Fernández Miranda, quienes darán una respuesta oficial a la petición de los miles de migrantes a ampliar el proceso de regularización y que hasta el momento ha tenido como respuesta una contundente negativa.
Estas movilizaciones coincidieron con el anuncio de la Guardia Civil de suspender la búsqueda cinco magrebíes, que al parecer viajaban en una patera que encalló la pasada madrugada y en la que murió un migrante y sobrevivieron otros cinco. La embarcación de madera naufragó tras un supuesto choque "fortuito" con una patrulla de ese cuerpo de seguridad, que al parecer detectó la patera.