Ayer, las más altas autoridades del Ejecutivo --el presidente Vicente Fox, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero-- alertaron, en declaraciones por separado, sobre el desarrollo de una reacción violenta de las mafias del narcotráfico ante las medidas y planes del actual gobierno contra la delincuencia organizada, y externaron el propósito de redoblar e intensificar la persecución y el acoso a los criminales. 

Los señalamientos referidos tienen como telón de fondo, por una parte, la reciente fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de seguridad de Puente Grande, Jalisco, y, por la otra, los violentos atentados perpetrados en días recientes y que han alarmado e indignado a la ciudadanía: el ataque sufrido por el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, el cruento asesinato de un matrimonio en lo que parece haber sido un caso de parricidio y el envío criminal de dos "regalos-bomba" a distintos hogares y que dejaron, en conjunto, un saldo de un niño muerto, dos heridos de gravedad y una mujer con lesiones de mediana importancia. 

Ciertamente, los hechos referidos no parecen guardar relación entre sí, de no ser porque, tomados en conjunto, se traducen en un incremento de actos delictivos aparatosos. El único de esos sucesos que parece claramente vinculado al narcotráfico es la evasión de Guzmán Loera, en la que resultan inocultables las complicidades de un número indeterminado de servidores públicos que aún deben ser identificados con precisión e imputarles cargos penales. En el caso del gobernador Martínez no está claro si su agresora --una ex policía judicial-- actuó por cuenta propia o si sus aparentes trastornos mentales pudieron ser aprovechados por instancias criminales no identificadas. En los casos restantes parece presentarse una mera escalada de extremada violencia civil, aislada y difusa, pero no por ello menos preocupante. 

Un factor posible de esta sucesión de crímenes, adicional al referido por las autoridades, podría ser el trance de reorganización, recomposición y saneamiento en que se encuentran las instituciones responsables de la procuración de justicia y seguridad pública, tanto en el ámbito federal como en el capitalino. Esa circunstancia podría ser tomada, por delincuentes aislados o por mafias organizadas, como signo de relajamiento y pérdida de control. 

En otro sentido, diversos ejemplos del extranjero ?el de Colombia es casi proverbial? muestran que el incremento de actividad de las mafias de la droga se refleja, tarde o temprano, en una contaminación de violencia a amplios sectores de la sociedad. El cuestionamiento del estado de derecho, la proliferación de armas ilegales y de dineros mal habidos, entre otros factores, dan por resultado sociedades más proclives al delito. 

En lo inmediato, resulta urgente acelerar la moralización, la depuración y la restructuración de las corporaciones policiales --tanto las de procuración de justicia como las encargadas de la seguridad pública--, así como ahondar el combate a la corrupción, la cual constituye el más fértil caldo de cultivo para el crimen organizado. Pero es también necesario reforzar y extender, en el ámbito educativo, la tarea de inculcar valores cívicos y morales fundamentales que son, a fin de cuentas, el más eficiente instrumento de prevención contra la delincuencia.