No sería pertinente llamarse a sorpresa por la decisión del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, de emprender una "auditoría integral" en la institución que encabeza. El clamor social por la depuración de ese organismo de procuración de justicia y combate al crimen viene de muchos años atrás, y es proporcional a la imagen pública de la PGR como reducto de corrupción y punto de confluencia de complicidades entre la delincuencia organizada y quienes debieran encargarse de combatirla. 

El propio procurador, en declaraciones recientes, ha señalado que la PGR ha sido vista, por muchos de quienes en ella laboraban o laboran, como "un gran tesoro", valga decir, como botín y territorio de privatización indebida de los bienes públicos y de uso de facultades legales para el provecho personal ilegítimo. De hecho, Macedo de la Concha recibió una institución afectada por el sospechoso suicidio de su ex oficial mayor y por un proceso penal en contra del ex director de bienes asegurados, Francisco Miranda Noricumbo, para mencionar sólo los escándalos más visibles de la gestión de Jorge Madrazo. 

Ciertamente, el desprestigio de la PGR viene de mucho tiempo antes, y no sólo se fundamenta en la corrupción imperante, sino también en su incapacidad para resolver de manera convincente homicidios como los de Juan Jesús Posadas Ocampo (1993), Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu (1994), casos que degeneraron en pesquisas desaseadas, inverosímiles y grotescas, como las tristemente célebres "consultorías" de La Paca al equipo de Antonio Lozano Gracia y Pablo Chapa Bezanilla. 

En este contexto y con esos antecedentes, es elogiable la intención de saneamiento implícita en la "auditoría integral", la cual alcanza áreas especial e inevitablemente conflictivas de la institución, como la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Salud (la FEADS, que sucedió al Instituto Nacional de Combate a las Drogas, INCD, que presidió el ahora procesado general Gutiérrez Rebollo) y la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO). 

Debe tenerse presente, sin embargo, que los vicios y las miserias de la PGR no obedecen únicamente a desviaciones internas de la institución, sino que son reflejo de fenómenos nacionales e incluso internacionales que trascienden el ámbito de la dependencia: por ejemplo, los conglomerados regionales de poder político-empresarial en los que el régimen priísta cifraba buena parte de su fuerza, y que sin duda le sobreviven, y la existencia de mafias transnacionales del narcotráfico, poseedoras de una capacidad de coptación e infiltración tan vasta como sus ganancias ilegales. 

En esa medida, los esfuerzos de moralización y saneamiento al interior de la PGR deben coordinarse con acciones gubernamentales en los terrenos de la política interna y de la diplomacia a fin de combatir las múltiples expresiones de la corrupción y la descomposición institucional.