Ayer, en Sinaloa, y rodeado por los integrantes de su gabinete de Orden y Respeto, el presidente Vicente Fox convocó a todos los niveles e instancias de gobierno, y al país en general, a involucrarse en una lucha frontal contra la delincuencia y, en particular, contra el narcotráfico. La preocupación gubernamental que puede percibirse en ese llamado está de sobra justificada por el poder, la presencia y la capacidad de operación que han logrado las organizaciones delictivas, por la masiva corrupción que se manifiesta, en diversas proporciones, en casi todos los ámbitos del poder público y por el incremento de las tendencias al quebrantamiento de la ley que se presenta en sectores diversos de la población. La seriedad de la contingencia nacional, en lo que al crimen organizado se refiere, fue inequívocamente expresada por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que los poderes formales han sido rebasados, en fuerza y efectividad, por las corporaciones delictivas, cuya maquinaria, dijo, ''nos está destruyendo''. 

Tanto el funcionario citado como el titular del Ejecutivo alertaron sobre las dimensiones y la virulencia de la reacción de la criminalidad ante las acciones gubernamentales destinadas a combatirla. Será, dijo Fox, una lucha ''quizás amarga''. En este sentido, el mensaje presidencial de ayer no sólo debe considerarse como un exhorto sino también como un mensaje de alerta ante una perspectiva cercana de incremento de la violencia. 

El llamado presidencial es sin duda atendible por parte de la ciudadanía en la medida en que ésta puede y debe aislar los comportamientos delictivos --especialmente, los que retroalimentan la corrupción-- y fortalecer sus convicciones cívicas y su apego a la legalidad. 

Pero la parte fundamental del combate al crimen organizado corresponde a los gobiernos federal y estatal, así como a las instancias municipales, y en estos ámbitos las respuestas al exhorto de Fox serán, probablemente, más inciertas. A este respecto es alentador, sin duda, que el gobernador sinaloense, Juan S. Millán, haya reconocido, en la oportunidad, las lacras del pasado priísta que fomentaron el crecimiento de la criminalidad, particularmente en el estado que gobierna, así como la inmediata respuesta positiva del jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, a la coordinación de acciones con el Poder Ejecutivo federal. Sin embargo, la corrupción y la infiltración de las corporaciones delictivas en niveles estatales y municipales representará un obstáculo considerable en la perspectiva de unir esfuerzos contra la ilegalidad. Baste señalar que en algunas entidades --Tabasco es un caso documentado-- las instituciones públicas han torcido, de manera sistemática, las leyes electorales, y que las prácticas delictivas así configuradas suelen entreverarse con otras modalidades de infracciones a la ley: lavado de dinero, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. 

Finalmente, el gobierno de Fox enfrenta, al poner en marcha la Cruzada Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, el desafío de realizarla en armonía con el cumplimiento de promesas centrales de la campaña que lo llevó al poder: mantener y fortalecer la vigencia de los derechos humanos y respetar el pacto federal y la división de poderes. Por el bien de todos, cabe esperar que la movilización contra la delincuencia tenga éxito, y que no se traduzca en márgenes para la arbitrariedad, la violación a las garantías individuales o la cesión de soberanía.