VIERNES Ť 26 Ť ENERO Ť 2001

Ť Aseguran que se "fraguó" vender el agua sacrificando sus parcelas

Pescadores, contra trasvase de una presa en Nuevo León

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Ciudad Anahuac, NL, 22 de enero. Para evitar que la Comisión Nacional del Agua (CNA) trasvase 175 millones de metros cúbicos de la presa Venustiano Carranza a la Falcón, en Tamaulipas, de dos semanas a la fecha están en plantón sobre el bordo del primer embalse pescadores de Juárez, Coahuila, y decenas de familias de este municipio, donde hace 70 años José Revueltas organizó a jornaleros agrícolas del distrito de riego 04 que le inspiraron su libro El Luto Humano.

De acuerdo con la CNA, el trasvaso se convino con agricultores del distrito 04 de Anáhuac, y el líquido se utilizará para consumo humano en Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

Sin embargo, vecinos de Anáhuac aseguran que se fraguó "vender el agua" sacrificando sus parcelas -en mil pesos por hectárea- con engaños de funcionarios de la CNA, ya que es falsa la emergencia en la franja fronteriza y saben que el agua es para pagar a Estados Unidos una deuda de mil 850 millones de metros cúbicos que tiene el gobierno mexicano.

Además, se apoyan en que Guadalupe Flores, dirigente campesina de Tamaulipas, dijo al periódico El Mañana de Nuevo Laredo que la CNA entregó a Estados Unidos 250 millones de metros cúbicos, sin el consentimiento de agricultores del Bajo Río Bravo.

El trasvaso hacia la presa Falcón se empezó a "cocinar" en octubre anterior, cuando los presidentes de los siete módulos del distrito 04 convocaron a una asamblea, en la cual los pocos asistentes resolvieron ceder el agua, pues funcionarios de la CNA señalaron que si no aceptaban igual se haría el envío "para evitar una catástrofe en Tamaulipas", relataron la regidora panista María de los Angeles Martínez, y Rebeca Ramírez, presidenta de la Asociación de Defensa de Derechos Humanos en el Norte de Nuevo León.

Los campesinos hicieron un plantón durante 21 días para evitar el trasvaso, pero al irse, la CNA abrió las compuertas de la presa Venustiano Carranza el pasado 3 de enero. Cinco días después los lugareños tomaron las instalaciones y cortaron el flujo, aunque ya habían salido unos 35 millones de metros cúbicos.

Al iniciar el envío, la presa contaba con 281 millones de metros cúbicos de agua. Pero la CNA convenció a un grupo que era más conveniente que cedieran 175 millones de metros cúbicos a cambio de una compensación económica, pues bastarían 86 millones de metros cúbicos para el consumo humano de 35 mil habitantes durante dos años.

Los pescadores Generoso Garza y María de Jesús Ledezma dijeron que a causa de la apertura de compuertas que se realizó por primera vez en 70 años, murieron unas 50 toneladas de peces, lo que arriesga a unas 500 personas de la comunidad Don Martín que se dedican a la pesca.

La defensora de los derechos humanos Rebeca Ramírez anunció que, con apoyo de los diputados federales Oscar Maldonado, de Coahuila; y Celita Alamilla, de Nuevo León, se preparan demandas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría General de la Contraloría, para que sancionen al responsable por el daño ecológico y el presunto uso de recursos públicos para "comprar" el agua.

La regidora de Aháhuac, María de los Angeles Martínez, denunció que a través de la Secretaría de Finanzas el gobierno de Nuevo León entregó recursos a campesinos "por concepto de apoyo para preparación de tierras", que en realidad se les otorgaron por renunciar al agua de la presa.

El antecedente de Anáhuac, comunidad a 200 kilómetros de Monterrey, es la colonia agrícola y ganadera Don Martín, fundada en 1933, y que constaba de 201 mil hectáreas, de las cuales 97 mil eran para cultivos.

Explicó Ramírez que se expropiaron a ganaderos estas tierras, que los campesinos beneficiados con predios deberían pagar en 20 años. Al cumplirse el plazo, los terrenos no se regularizaron por falta de pago, producto de malas cosechas. Al quedar vacíos legales, funcionarios federales se apropiaron de terrenos en las 114 mil hectáreas de la zona perimetral o de agostadero.

Los campesinos aún esperan la regularización, pero muchos predios no les pertenecen.

Ramírez acusa a políticos y empresarios de maniobrar en complicidad con la CNA y ante la indolencia de los gobiernos estatales de Nuevo León y Coahuila, para quitar el agua a Ciudad Anáhuac.

"Ellos consideran que al quitarnos el agua dan el primer paso para quitarnos la tierra, porque el pequeño agricultor va a vender barata su parcela, y así quedaría un gran pastel para repartírselo entre unos cuantos", dijo.

Recordó que al entrar en vigor el Procampo, los pequeños agricultores no tenían con qué preparar la tierra y la rentaron.