VIERNES Ť 26 Ť ENERO Ť 2001

Ť Alertará Soberanes el martes a legisladores sobre creciente intolerancia religiosa

Migrantes e indígenas, los más proclives a que sus derechos sean violados: informe de la CNDH

Ť Galopante, la corrupción en el sistema penitenciario mexicano, denunciará el ombudsman

VICTOR BALLINAS

Los migrantes y los indígenas, ajenos todavía al progreso material, son los grupos más proclives a violaciones de sus derechos hu-manos, señala el informe que el próximo martes rendirá José Luis Soberanes al Poder Legislativo, en el cual dirá que en México se detecta una "creciente intolerancia religiosa" y alarmantes "signos de encono y violencia en algunas regiones", y denunciará la galopante corrupción que se registra en el sistema penitenciario del país.

Ante las comisiones de derechos humanos de senadores y diputados, Soberanes preguntará si "debe o no la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ser un verdadero contrapoder que vele por el respeto de las garantías fundamentales y los derechos ciudadanos, Ƒdeben o no existir mecanismos políticos y sociales que obliguen a las autoridades a responder por sus actos cuando se violan los derechos humanos?"

Lo anterior está en el informe ejecutivo, documento de 38 cuartillas que el presidente de ese órgano leerá a los legisladores y cu-ya versión fue obtenida por La Jornada.

El presidente de la CNDH destaca en su balance de un año de trabajo que "los derechos humanos habían sido un instrumento útil de la sociedad civil para enfrentar la manipulación del derecho. Habían servido también como arma de lucha a favor de la democracia, y sin duda, como vía certera para coadyuvar con la práctica de la crítica al poder, condición ineludible para un Estado que aspira a ser democrático".

Por ello, señala que hace un año era imperativo comenzar a dar pasos firmes para ro-bustecer el sistema nacional no jurisdiccional de protección a las garantías fundamentales e impulsar el fortalecimiento de una verdadera cultura de derechos humanos.

"Se trazó una estrategia para articularnos con el trabajo que desarrollaban a nivel na-cional los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos. Hoy esta labor se soporta en acciones concretas y en el intercambio permanente de in-formación, comienza a rendir frutos".

Soberanes dice en su informe que en una evaluación que realizó ese órgano, se detectó que entre los obstáculos a vencer estaba la credibilidad en no pocas instituciones representativas del estado de derecho, especialmente las de procuración y administración de justicia, donde la corrupción y la impunidad se habían convertido en práctica común.

En el ámbito nacional, además se encontró falta de homogeneidad de los organismos públicos estatales de protección y defensa de los derechos humanos, y en el plano in-ternacional la presión sobre México en este tema, derivada de la globalización.

Salto cualitativo

Destaca que en el país se ha dado un salto cualitativo en la defensa y protección de los derechos humanos, con la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 28 de octubre del 2000. Y en concreto, subraya que "la confesión finalmente dejará de ser la reina de las pruebas, ya que los instrumentos internacionales en materia de tortura ocuparán un lugar privilegiado en nuestro sistema normativo".

El ombudsman detalla en el informe ejecutivo, que envió a los legisladores, que con esa tesis la SCJN dispuso que "los tratados internacionales, firmados y ratificados por México, tales como los relativos a los derechos humanos, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales, y por lo mismo en un segundo plano respecto de la Constitución federal, y esto significa que en el futuro inmediato nuestros poderes judiciales tendrán que fundar y motivar sus resoluciones en dichos tratados.

Reconoce el titular de la CNDH que la so-ciedad padece aún las consecuencias de nu-merosos y añejos vicios en la aplicación de la ley y frecuentes violaciones a los derechos humanos, y que "la transición democrática y la alternancia en el poder no signi fican por sí mismas la desaparición inmediata de estos males".

En el primer año al frente de este órgano, se asumió cabalmente el nuevo mandato constitucional que señala que el ombudsman nacional es un organismo público del Estado mexicano, con carácter autónomo, cuya mi-sión es proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico, a través de su de-fensa y promoción.

Soberanes manifiesta en el informe que los expedientes de queja atendidos del 16 de noviembre de 1999 al 15 de noviembre de 2000 sumaron 5 mil 692, de los cuales mil 219 estaban en trámite en noviembre de 1999, y los 4 mil 473 restantes fueron recibidos en el mismo periodo. Se han concluido 5 mil 123 expedientes y están en trámite 569.

Refiere que en más de 10 años de existencia la CNDH ha registrado 80 mil expedientes de queja, de los cuales más de 15 mil son asuntos de naturaleza penal. De estos últimos, 84.14 por ciento correspondió a quejas interpuestas por la víctima o el ofendido du-rante la ejecución de conductas delictuosas, y 15.86 por ciento a las presentadas por el presunto responsable de un delito.

Con esto, explica Soberanes a los legisladores, se concluye que en materia penal predominan las quejas de los ofendidos o víctimas del delito, lo que demuestra, entre otras cosas, que la CNDH no protege a los delincuentes, como desafortunadamente se ha he-cho creer a la opinión pública.

Detalla que los principales motivos de violación alegados por el quejoso en el periodo fueron ejercicio indebido del cargo, negativa al derecho de petición, dilación o negligencia administrativa en el proceso, detención arbitraria, trato cruel o degradante y negativa o inadecuada prestación del servicio pú-blico de educación.

Además, amenazas, incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. irregular integración de averiguación previa, negativa o inadecuada prestación del servicio de abasto de electricidad e incumplimiento de prestaciones de seguridad social.

En el año de labores del que da cuenta, di-ce que se calificaron nueve expedientes de queja por tortura, de los cuales siete se en-cuentran en trámite y dos fueron concluidos, uno por acumulación y otro por remisión a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Por lo que hace a los expedientes de queja, 197 autoridades fueron señaladas como presuntas responsables de violación a derechos humanos: la Procuraduría General de la Re-pública con 231, el Instituto Mexicano del Seguro Social con 123, la Secretaría de la Defensa Nacional con 116, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 64, la Comisión Federal de Electricidad con 60 y el Instituto Nacional de Migración con 58.

También, la Dirección General de Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con 53; la Secretaría de Educación Pública, 50; el Tribunal Superior de Justicia del estado de Sonora, 43, y el Infonavit, 38.

Detalla también que en sus 10 años de vida la CNDH ha emitido 27 recomendaciones por la violación de derechos humanos en materia militar, y que en el periodo anterior se recibieron 173 asuntos castrenses y se concluyeron 156 quejas. En la presente ad-ministración, subraya, se atendieron 193, y se concluyeron 185 quejas, derivadas de las cuales se emitieron tres recomendaciones al secretario de la Defensa Nacional y una al procurador general de justicia militar.

Del Programa de Los Altos y la Selva de Chiapas, señala que en este complejo telón de fondo el respeto a la auténtica libertad de culto deberá abrirse paso frente a las más odiosas manifestaciones de intolerancia religiosa presentes en Chiapas: "En diversas ocasiones la CNDH solicitó a autoridades estatales la adopción de medidas precautorias y cautelares, para proteger la vida, integridad física y bienes de la población, garantizar su retorno e incluso asegurar espacios en la escuela para los menores de edad".

En el caso de los penales, en el informe ejecutivo se da cuenta que se realizaron 139 visitas a diversos centros de reclusión, y que en-tre las violaciones más frecuentes se encuentran la sobrepoblación, la corrupción, los privilegios, la falta de separación de procesados y sentenciados, condiciones de vida infrahumana por falta de espacios para dormir, precarias condiciones de higiene, deficiente alimentación y atención médica, malos tratos, venta y consumo de narcóticos, entre otras anomalías, y para lograr su erradicación se requiere la necesaria actuación de los poderes públicos tanto federales como estatales.