En los más de 18 meses transcurridos desde el asesinato del conductor televisivo Francisco Stanley --y de Juan Manuel de Jesús Núñez, un vendedor de seguros que pasaba por el lugar del crimen-- hasta el fin del primer episodio judicial del caso, que culminó ayer con la absolución de los acusados por parte del juez 55 penal, Rafael Santa Ana Solano, el hecho criminal y las investigaciones que le siguieron provocaron la polarización de la opinión pública y de la clase política, se ramificaron en nuevas disputas y procesos legales y dieron lugar a la exhibición de numerosas situaciones irregulares que distan de haber sido esclarecidas.

Ciertamente, en tanto no se llegue al fin de las secuelas judiciales en torno al homicidio, el fallo dictado ayer por el juez Santa Ana Solano otorga la formal condición de inocentes a Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante Ochoa, Erasmo Pérez Garnica, El Cholo, Rosendo Martínez, Jorge García y Luis Amezcua Contreras. Corresponde ahora a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) decidir si presenta un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la capital, instancia que, en ese caso, podrá ratificar el fallo del juez 55 o revocarlo y declarar culpables a los coacusados.

En esa perspectiva, y si la procuraduría capitalina opta por recurrir a la instancia superior de justicia, la resolución absolutoria emitida ayer seguirá enmarcada, como ha ocurrido en todos los episodios anteriores de este complejo caso, en la intensa polémica pública en la que, de una u otra forma, han participado el ex procurador capitalino Samuel del Villar, el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, varios directivos de Tv Azteca --para la cual trabajaban Stanley y Rodríguez Bezares-- y diversos funcionarios federales del pasado gobierno.

Aunque la sentencia referida haya sido formulada y emitida conforme a derecho --y, como lo dijo el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, no hay motivos para suponer lo contrario--, en el curso de las pesquisas y del proceso legal salieron a la luz datos incómodos: la descomunal fortuna del conductor asesinado y su adicción a la cocaína, compartida por su patiño --ambos, cabe recordar, salían a cuadro con el lema "Di no a las drogas"--; asimismo, la investigación exhibió la comisión de posibles actos delictivos en el ámbito del Poder Ejecutivo federal --y hasta ahora no esclarecidos a plenitud--, como la expedición, por parte de la Secretaría de Gobernación, de credenciales apócrifas que acreditaban a Stanley y a Rodríguez Bezares como empleados de esa institución y las conductas de Miguel Angel Yunes Linares, ex coordinador de Asesores de esa misma secretaría, acusado por la PGJDF de falsear declaraciones y divulgar indebidamente documentos confidenciales. Mención aparte merece el nunca esclarecido papel de Luis Gabriel Valencia --conocido como el cocinero del narcotraficante Amezcua Contreras--, quien pasó de ser un testigo clave de la parte acusadora a defensor de la inocencia de los inculpados. Los bruscos cambios de versión de Valencia, así como sus declaraciones contradictorias sobre las supuestas presiones, apremios y amenazas de que fue objeto para que sostuviera una u otra posición, constituyen el más claro ejemplo de los enigmas que persisten en el caso y hacen pensar que, independientemente de que la sentencia absolutoria emitida ayer haya sido formulada conforme a derecho, el proceso legal en su conjunto pudo ser desvirtuado por intereses tan poderosos como inconfesables, que deben ser investigados en el marco de las nuevas actitudes gubernamentales contra la delincuencia organizada.