Estudiará el GDF la decisión del juez en el caso Stanley: López Obrador

Ť Anticipa el ex procurador Samuel del Villar que analizará la sentencia antes de opinar

Ť Se dará seguimiento a nuevas líneas de investigación, anuncia Bernardo Bátiz

LAURA GOMEZ FLORES

El gobierno capitalino estudiará con mucha responsabilidad y sin ánimo propagandístico la decisión del juez 55 en torno a la absolución de los seis implicados en el homicidio del conductor de televisión Francisco Stanley, pero sin olvidar que "se trata de un asesinato realizado por el crimen organizado y se requiere establecer quién lo mató".

Así se expresó el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, al manifestar su respeto a la decisión del juez, comprometerse a no politizar el caso y aclarar que no se actuó por consigna. De haberlo hecho, dijo, "me sentiría avergonzado, no podría ver a la cara a los ciudadanos, pues sólo cuando nos apegamos a la ley tenemos autoridad moral y autoridad política".

Mientras tanto, el ex procurador Samuel del Villar dijo que en los próximos días estará en condiciones de ofrecer una opinión sobre la sentencia. Entrevistado fuera del rancho que tiene en copropiedad en el estado de San Luis Potosí, el actual asesor del jefe de Gobierno añadió que tendrá que estudiar la resolución del juez para dar una opinión adecuada sobre el fallo absolutorio para los procesados, lo que hará posiblemente el próximo lunes.

Hay un video

Por su parte, luego de precisar que tiene hasta el jueves para determinar si se apela o no la resolución, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, anunció que se cuenta con nuevas líneas de investigación, como un video filmado por una persona que siguió a Stanley cuando realizó una operación bancaria, así como el análisis de nuevas pistas y las que quedaron pendientes.

Una vez que fueron entregadas las mil 200 fojas de la sentencia, personal de la Procuraduría analiza el alcance otorgado por el juez a cada una de las pruebas, como las declaraciones de Luis Gabriel Valencia, el cocinero de los Amezcua; o la de los testigos que identificaron a Erasmo Pérez Garnica El Cholo, a fin de apelar sólo en el caso de tener elementos sólidos.

Al término de la reunión del gabinete de seguridad y gobierno, Bátiz explicó que si no se apela, el caso concluye y la verdad legal es que son inocentes. Si se apela, correspondería al Tribunal Superior de Justicia del DF hacer una revisión a partir de las argumentaciones de las partes acusadora y defensora, aunque los involucrados permanecerían en libertad.

Destacó que no existe ninguna instrucción específica del mandatario capitalino al respecto; él sólo ordenó analizar con detenimiento el caso y responder en los plazos legales establecidos. Mientras, en la dependencia se acordó la apertura de nuevas líneas de investigación y estudiar las que quedaron pendientes.

"Hay un video de una persona que siguió al señor Stanley, que se grabó en el World Trade Center; vamos a seguir esa línea y vamos a buscar nuevas pistas y a los culpables, pero es difícil establecer el tiempo que llevará este proceso, aunque haremos un esfuerzo en ambos sentidos, así como en analizar muy bien la sentencia", argumentó.

Aclaró que aun cuando no esté de acuerdo con la posición del juez 55, no puede calificarla de anómala, pues es una resolución legítima, pero las investigaciones sobre el caso continuarán. Agregó que no ha tenido ninguna reunión en las últimas horas con su antecesor, Samuel del Villar.

Consideró que hubo una averiguación bien integrada, que permitió al juez dictar la orden de aprehensión respectiva, aunque la retractación de Valencia y otras pruebas les otorgó la libertad a los implicados, lo cual es legítimo y correcto.

López Obrador señaló que los resultados del caso no afectarán la relación que mantiene con Del Villar, quien continuará como asesor para la reforma política, "pues es una persona íntegra y con convicciones".

Afirmó que "nos guste o no, la resolución del juez debe respetarse y tenemos que actuar en el marco de la legalidad, si aspiramos a vivir en un estado de derecho, dado que se trata de un asunto delicado, de un asesinato del crimen organizado".

En la sentencia absolutoria que dictó el juez 55 penal, Rafael Santa Ana Solano, a los procesados por el homicidio de Francisco Stanley fueron fundamentales las contradicciones en las que incurrió el principal testigo de cargo, Luis Gabriel Valencia López, para desvirtuar las acusaciones.

De hecho, el juez termina negando valor probatorio tanto a las declaraciones de Valencia con las que la Procuraduría General de Justicia del DF sustentó la acusación, como a las que rindió posteriormente retractándose de las primeras.

Por tratarse del único testigo de la reunión que sostuvieron en el Reclusorio Sur Luis Ignacio Amezcua Contreras, Paola Durante Ochoa y Erasmo Pérez Garnica, El Cholo, el 22 de abril de 1999, en la que se habría ordenado el asesinato de Stanley, "el análisis de su testimonio resulta por demás trascendente para esta sentencia", puntualizó el juez en el documento.

Así, Santa Ana Solano advierte que del conjunto de declaraciones del testigo ante el Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional, alrededor de 10, "se desprende que éstas las ha rendido en forma contradictoria".

No obstante, el juez aplicó "los lineamientos legales establecidos en el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el DF, y partiendo de la base que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que son a las primeras declaraciones de los testigos a las que se les debe conceder mayor credibilidad, por ser rendidas con mayor espontaneidad y cercanía a los hechos".

El su análisis Santa Ana Solano concluye que Valencia no logra establecer las circunstancias de tiempo de la reunión y al definir la fecha en una posterior declaración considera su "argumento aleccionado". Tampoco establece las circunstancias del lugar de la reunión, y el MP, a su vez, al formular la acusación señala que se llevó a cabo en un dormitorio del penal, lo "que no es congruente con los datos proporcionados por el testigo". Además, Valencia "no establece las personas que concurrieron a la reunión a la que se refiere".

En la sentencia el juez hace un análisis de las declaraciones en que el testigo se retracta argumentando que había sido amenazado y torturado por funcionarios de la PGJDF, pero "no se encuentra acreditado el supuesto de que servidores públicos de la Procuraduría lo tenían amenazado ni lo hayan obligado a firmar una declaración". ANGEL BOLAÑOS