Porque, en las cárceles de México, a los internos se les vende lo mismo mariguana que heroína o licores de marca, de acuerdo con el Diagnóstico de la situación del sistema penitenciario mexicano, documento que la CNDH terminó de elaborar en diciembre del año pasado.

Grupos de presos ''gobiernan de manera ilegítima'' en casi todos los penales del país, asegura el organismo. ''Internos y custodios se erigen en autoridad con capacidad de decisión y someten a su régimen a la mayoría de los reclusos. Mediante la fuerza han logrado el control de los penales y se han constituido de facto en autogobiernos; imponen cobros por todo, incluso las sanciones, y gozan de los privilegios''. Ante ellos, la autoridad omite negligentemente cumplir con su obligación, cita el diagnóstico.

En ese estudio se subraya que hay ''tolerancia, complicidad y corrupción'' de funcionarios y directivos. Y aunque este es un añejo problema, año tras año la CNDH ha documentado los ilícitos ante los gobiernos federal, estatales y municipales. Pero de poco ha servido. La situación continúa e incluso se agrava.

De 1990 a la fecha, la comisión ha emitido 384 recomendaciones en materia penal al gobierno federal, mandatarios estatales y presidentes municipales, en las que da cuenta de la violación de los derechos humanos de los reclusos y de las ''mafias'' de corrupción que imperan en las cárceles en las que, ha advertido, ''las redes externas del narcotráfico operan libremente''.

De las 384 recomendaciones turnadas, se han resuelto 278 y 106 están pendientes de seguimiento.

Como ejemplo de esas llamadas de atención el área de Seguimiento de Quejas de la CNDH precisa que es Oaxaca la entidad que ocupa el primer lugar con 31 recomendaciones, 16 atendidas y 15 aún vivas; Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato, ocupan el segundo sitio, con 21 quejas cada uno. En el primer caso están pendientes de resolverse tres, en el segundo seis y en el último tres aún están abiertas.

Chiapas ha recibido 20 recomendaciones y tiene pendiente de resolver tres; Michoacán también cuenta con 20, de las cuales cuatro están en seguimiento; Puebla ha recibido 18 y, de ellas, siete están pendientes de resolución total; Sonora y Chihuahua cuentan con 15 recomendaciones cada una.

Complicidades con el narco

''Autogobiernos, funcionarios, personal administrativo y custodios que establecen redes de tráfico de drogas y comercio sexual están envueltos en esa cadena de corrupción y complicidades. Se presume que estos grupos forman parte de organizaciones mayores en el exterior, lo que implica que la delincuencia organizada, especialmente la ligada con el narco, actúa en los centros penitenciarios'', asegura la investigación de la CNDH.

La corrupción de servidores públicos y funcionarios del sistema penitenciario ''es a todos los niveles'', denuncia, y asevera que esto explica la existencia dentro de los reclusorios ''de sexoservidoras procedentes del exterior, armas de diversas clases, incluso de fuego; narcóticos, licores de marca y cerveza, vestuario lujoso, calzado y joyas; teléfonos celulares, cámaras fotográficas, cantinas, salas, recámaras, peceras y hasta mesas de billar''.

Además, ''la existencia de negocios en el interior de las cárceles; el cobro por el pase de lista; las cuotas por asignar dormitorios, caminar, por la visita conyugal, el pase al servicio médico, la posesión de aparatos electrodomésticos y para evitar las sanciones disciplinarias o la estancia en los talleres''.

El personal técnico ''cobra por el otorgamiento de constancias laborales, certificados de estudio y por resultados favorables de los estudios de personalidad. Grupos de poder utilizan los servicios médicos como área de privilegio e internos de profesión médica realizan actividades de atención a la salud, mediante el pago de cuotas'', agrega el diagnóstico.

El estudio fue elaborado por la Tercera Visitaduría de la CNDH, y en él se subraya: ''A este organismo nacional no le escapa el hecho de que los familiares de algunos internos están coludidos con el personal de custodia. Sin embargo, la introducción de los productos prohibidos no sería posible sin la complacencia directa de los encargados de la seguridad en los penales''.

En la síntesis del Diagnóstico de la situación del sistema penitenciario mexicano ?contenido en un documento de 11 cuartillas? se precisa: ''La ingobernabilidad se debe, entre otras causas, al escaso personal de seguridad que labora en los centros; a la falta de supervisión de las diferentes direcciones de Prevención y Readaptación Social, así como a las enormes ganancias económicas que producen los cobros y las actividades ilícitas en su interior''.

Insiste la CNDH en que al permitir y tolerar que en los reclusorios se incube el autogobierno y que ''impere la ley del más fuerte'', la autoridad omite negligentemente cumplir con su obligación de garantizar la seguridad personal a que tienen derecho todos los internos, visitantes y personal que labora en la institución''.

Agrega: ''El autogobierno goza de diversos privilegios, como estancias amplias, la posesión de teléfonos celulares y aparatos eléctricos como hornos de microondas, refrigeradores, climas artificiales, así como cavas, gimnasios y control sobre las canchas de futbol. Impone libremente sanciones a los presos, por lo cual no tienen seguridad jurídica, y trata a los reclusos como esclavos'', revela el documento de la CNDH.

El estudio, que es resultado de visitas a los reclusorios por parte del tercer visitador general y de su equipo de trabajo, da cuenta de que ese organismo ''ha documentado en algunos casos la práctica de malos tratos y agresiones de los custodios hacia los reclusos, o permitidas por aquéllos a través de los internos con poder encargados del autogobierno''.

A continuación, se enumeran sólo algunas de las recomendaciones emitidas por la CNDH, que describen la situación que impera en las cárceles del país:

Tráfico de drogas, maltrato a presos, abuso de autoridad, sustento de la queja 94/98.

El 15 de noviembre de 1998, la CNDH emitió la recomendación 94/98 al gobernador de Campeche, Antonio González Curi, en la que denuncia la existencia de tráfico de drogas en el penal de San Francisco Kobén; también, maltrato a los reclusos, venta de alcohol, la existencia de privilegios, abuso de autoridad, alimentación insuficiente, falta de atención médica y de medicamentos.

La situación fue sacada a la luz por personal de seguridad y custodia del centro de readaptación el 15 de enero de ese año, y por los reclusos el 28 de abril de 1998.

Después de medio año de investigación se emitió la recomendación debido a que se acreditaron actos violatorios a los derechos humanos. En el caso de los reclusos, se les violaron sus derechos de igualdad, seguridad personal, seguridad jurídica, trato digno, atención a la salud, garantía de audiencia y alimentación. Por lo que hace a los custodios, ''no se les proporcionan los elementos necesarios para realizar su trabajo''.

La CNDH hace notar al gobernador las malas condiciones de higiene existentes en el lugar, hacinamiento, olores putrefactos, pulgas y ratas en las celdas; añade que los refrigeradores de la cocina son inservibles. El área denominada ''Hospital B1'', en donde está ubicado el recluso Benjamín Reyes Cabañas ?a quien los internos reconocen como el que ''maneja el grupo de poder y autogobierno''? es una zona que cuenta con refrigerador y comedor. Reyes Cabañas se encuentra en una celda más amplia que el resto. Ahí están alojados internos sentenciados por delitos contra la salud.

En ese penal, como en los del resto del país ?insiste la comisión?, se cobra por todo. Incluso, a decir de los presos, la dirección está enterada de la venta de narcóticos, ya que si un reo no paga por los estupefacientes, ''lo pican o hasta lo matan''. Las reclusas se prostituyen y, ''a decir los custodios, más de 60 por ciento de los internos consume drogas''.

En la recomendación se pide al mandatario estatal realice una investigación para determinar la responsabilidad administrativa de quienes trafican con narcóticos, y que se dé vista al Ministerio Público; solicita se cancelen los sectores de distinción o cualquier otra forma de privilegio, fundada en la posición social o económica de los internos.
 
Otros puntos que toca dicha recomendación se refieren a que se proporcione debida atención médica a los internos, se dé mantenimiento preventivo al penal y se suministre a los reclusos los tres alimentos, entre otros.

Extorsión, cobros indebidos, droga y maltrato, sustento de la recomendación 96/98

La CNDH emitió la recomendación 96/98, el 30 de noviembre de 1998, al entonces gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero, por la violación de derechos humanos en el penal de Coatzacoalcos, en contra del subdirector de Seguridad y Custodia de ese centro penitenciario. El funcionario está acusado de maltrato, extorsión e introducir drogas a la cárcel.

La investigación se inició a partir de que un grupo de internos, a través de un escrito, comunicaron a ese órgano nacional que en dicha prisión el recluso José Chanín Vega, con conocimiento del subdirector de Seguridad y Custodia, José Armando Vergara Herrera, ''les cobra la cantidad de mil 500 pesos por liberarlos de realizar la talacha (labores de aseo); que Vergara introduce droga al penal y que, a raíz de un accidente automovilístico que tuvo, exige a los reclusos dinero para reparar su vehículo''.

En lo que respecta a cobros y maltrato, la CNDH detectó que a los reclusos se les cobran cantidades que van desde los 200 hasta los 3 mil pesos para eximirlos del aseo. La tarifa varía de acuerdo al tipo de delito por el que ingresaron al penal. Este órgano constató que a los presos se les obliga a hacer las tareas de limpia.

La CNDH comprobó lo que los detenidos le denunciaron: ''Que se hacen cobros por visita íntima, por pasarles ropa, por no hacer la talacha, y que las tarifas van desde 200 pesos hasta los 2 mil, e incluso funcionarios del reclusorio, como el subdirector técnico, Jesús Ramiro González, le manifestaron que ellos no hacen ningún cobro, pero que algunos internos sí lo hacen, aprovechándose de los nuevos reclusos''.

Entre las evidencias, la CNDH argumenta: ''Llama la atención que las autoridades de dicho penal tengan conocimiento de los cobros que hacen los internos, e incluso que éstos golpeen a sus compañeros, 'porque se aprovechan de la ignorancia de los nuevos', y no pongan fin a esa situación''.

A través de la recomendación 96/98, este órgano solicita al gobernador de Veracruz se garantice la seguridad física de los internos, protegiéndolos contra todo abuso, molestia, maltrato o extorsión que se les pretendiera hacer; que se realice una investigación administrativa respecto a la posible existencia de tráfico de drogas en el interior de dicho penal, y se prohíba que los internos conocidos como encargados o talacheros desempeñen funciones de autoridad.

Privilegios, tráfico de narcóticos y alcohol, abuso de autoridad: recomendación 76/98.

El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, así como varios internos del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, denunciaron ante la CNDH diversos ilícitos que se registraron en ese penal entre 1996 y 1998. Las conductas violatorias de los derechos humanos de los reclusos se referían a: ''Intimidación, golpes, segregación, abuso de autoridad, homicidio, tráfico de narcóticos, alcohol, privilegios, cobro por la asignación de celdas, prostitución, formación de grupos de poder''.

Durante la investigación realizada por la CNDH se comprobó ''gran parte de las violaciones de derechos humanos denunciadas'', por lo cual este órgano considera que ''en el penal de Reynosa se violan los derechos individuales, de igualdad, de trato digno, cobro indebido y otros''.

El resultado de la investigación arrojó que en ese penal ''hay tráfico de drogas y alcohol. Que de acuerdo con los informes de las propias autoridades se han decomisado botellas de licor y se han encontrado paquetes de cocaína en los lugares de visita íntima. Mostraron fotografías y los internos descubiertos señalaron que el coordinador de seguridad, Baltazar Cruz Ibarrola, los ayuda a pasar la droga.

''Los internos entrevistados denunciaron la existencia de cobros que oscilan en los 3 mil dólares por asignar celda, mil 500 pesos por no realizar fajina y de 20 a 50 pesos por utilizar el área de visita íntima. El costo de los cigarros de mariguana es de 5 a 6 pesos; la cocaína la consiguen desde 30, 40 y 50 pesos. El brandy lo venden los coordinadores de dormitorios en 150 pesos. Los narcóticos y el alcohol, entran con anuencia del personal de seguridad''.

La CNDH solicitó al gobernador que los diversos funcionarios implicados fueran denunciados a la Contraloría interna y al Ministerio Público, entre otros puntos.

Enseguida, algunos casos de recomendaciones pendientes de cumplimiento.

Recomendación 102/98, motivada por violación de derechos de los reclusos.

En el estado de Baja California está pendiente de cumplimiento la recomendación 103/92 (22 de mayo de 1992) del penal La Mesa, en lo que se refiere a evitar los actos de maltrato, y se pide se sancione a los funcionarios, custodios o quien los aplique, y se dé vista al Ministerio Público; la supresión de privilegios; evitar la posesión de armas, y la introducción, venta y consumo de estupefacientes, psicotrópicos y licor, así como la aplicación de sanciones administrativas, y se dé vista al Ministerio Público.

En ese estado también están pendientes de cumplimiento las recomendaciones 109/93, 127/93, Cárcel Pública Municipal de Ensenada; 256/93, Cárcel Pública Municipal de Tijuana; 21/94, del Hospital Siquiátrico de Tijuana; 144/95, Cárcel Estatal de Tijuana, y 102/96, Centro de Readaptación Social de Mexicali.

La CNDH da cuenta también que entre los estados que faltan por cumplir a cabalidad las recomendaciones se encuentra Tabasco: recomendación 199/93, caso del módulo de máxima seguridad del Centro de Readaptación Social de Villahermosa; 60/94, sobre el caso de golpes, maltratos y área de segregación en la cárcel de Tabasco; 134/95, caso de seguridad jurídica, malos tratos y calidad de vida en el Centro de Readaptación Social de Tabasco, ubicado en Villahermosa; 111/98, sobre el caso de enfermos mentales, en el reclusorio de Villahermosa; 004/2000, sobre los hechos violentos acaecidos en los meses de octubre y noviembre de 1999, en el Centro de Readaptación Social de Tabasco.

Todos estos son sólo algunos de los ejemplos que cita la CNDH para avalar su dicho: en las cárceles de México se violan cotidianamente los derechos humanos de los reos.