LUNES Ť 29 Ť ENERO Ť 2001

Ť El costo del ajuste, a trabajadores: Bensusán

Líderes obreros desconocen el nuevo modelo de concertación

Ť Expertos advierten que se aplicará nuevo pactismo

ELIZABETH VELASCO C.

A unos días de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dé a conocer la nueva "figura institucional" del denominado Consejo para el Diálogo, Crecimiento con Calidad y el Desarrollo Social, que sustituirá a los pactos económicos mediante los cuales se logró el ajuste "estructural" del modelo económico, los dirigentes de CT, CTM, CROC y de otras centrales oficialistas que han figurado como principales actores en esos acuerdos, aseguran desconocer el contenido de ese nuevo mecanismo.

"Desconocemos el nuevo formato, contenido, objetivos y propuestas de ese nuevo consejo, a menos que Leonardo Rodríguez Alcaine (líder del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México) ya lo haya visto con el secretario del Trabajo, pero tampoco nos ha informado nada", dijeron en entrevistas por separado el vicepresidente del CT, Enrique Aguilar Borrego; el secretario del Trabajo de la CTM, Javier Pineda Serino, y el líder de la CROC en el DF, Isaías González.

Esto, no obstante, que el secretario del Trabajo, Carlos María Abascal, habría asegurado tener lista la nueva propuesta que sometería a consideración y análisis de los sectores productivos para echarla a andar a finales de este mes o principios de febrero. Incluso el vocero de esa dependencia, Herminio Rebollo, informó que la elaboración del nuevo instrumento de concertación entre esos sectores y el gobierno estaría siendo consultada desde la semana pasada.

Aguilar Borrego aseguró que más allá de las cuestiones de "semántica" del nuevo acuerdo, no tiene caso sentarse en una mesa con patrones y gobierno si los acuerdos carecen de carácter "resolutivo" y resultados "equitativos" que compensen el "alto costo social y el deterioro en el nivel de vida de la clase trabajadora" que causó la política de pactos aplicada desde los gobiernos de Miguel de la Madrid hasta el de Ernesto Zedillo.

De entrada, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvo que no convalidará acuerdos que han demostrado su ineficacia para resolver los problemas más apremiantes de la clase trabajadora, según el vocero de esa central, Eduardo Torres.

A su vez, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Graciela Bensusán, prevé que ese instrumento tendrá el mismo resultado que el de los pactos que le antecedieron: "pasar otra vez la cuenta del ajuste económico a la clase trabajadora". En particular, ante un escenario de desaceleración de la economía estadunidense de la cual depende y por ello es "vulnerable" la mexicana.

Luego de 13 años de sucesivos pactos económicos -todos asociados a una situación de crisis económica y que presuntamente comprometían a los actores sociales a repartirse los costos y a evitar la pérdida de empleos-, no sólo se perdió 70 por ciento del poder adquisitivo del salario, según datos del CT, sino también fuentes de ocupación.

De acuerdo con los investigadores de la UNAM Teresa Rendón y Carlos Salas, "en el periodo 1988-1993, los microestablecimientos registraron un crecimiento inusitado equivalente a 95 por ciento del incremento total de establecimientos fijos, y contribuyeron con 56 por ciento de los nuevos puestos de trabajo". En el libro Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo agregan que de 1991 a 1993, 43 por ciento del incremento de la ocupación se dio en el empleo no asalariado, a lo que se sumó un deterioro en la calidad y disminuyeron las prestaciones sociales.

Bensusán destacó que tal deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores fue resultado de "pactos" donde uno de los actores, los líderes de las cúpulas obreras, se "subordinaron" a las políticas gubernamentales a cambio de mantener privilegios y cuotas de poder, amén de sus divisiones internas, lo que les restó legitimidad y capacidad de negociación ante la clase patronal.

A lo largo de esta era de "pactismos" se destacaron las "afinidades" entre gobierno y cúpulas empresariales, que hicieron a un lado los intereses de las micro y pequeños empresarios.

Bensunsán recordó al respecto la declaración de Agustín F. Legorreta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en 1988, al referirse a la razón por la cual el gobierno aceptó sus condiciones en el pacto : "Comprendieron que si llegaban a julio con una inflación de casi mil por ciento corrían el riesgo de perder el poder, y mantenerlo es lo único que les interesa (por ello aceptaron concertar en)... las condiciones impuestas por las 300 personas que conforman la cúpula empresarial". Por ello el contenido de los pactos, desde 1987 a la fecha, no sólo incluye el salario mínimo como una variable del ajuste económico, sino también el diseño y desarrollo de una política de ingresos, fiscal y monetaria para avanzar en la restructuración del modelo económico y orientarlo hacia la exportación.