La falta de interés por la prevención se ilustra muy bien por el hecho de que a lo largo de su sexenio fueron nombrados seis responsables del área de Protección Civil en la Secretaría de Gobernación, dependencia que careció de un presupuesto específico durante todo el periodo. Lo más próximo a una actividad preventiva que el gabinete del ex presidente llevó a cabo fue la instalación del sistema de monitoreo en el Popocatépetl y limitadas acciones similares en otros volcanes, así como la creación y divulgación del sistema de alerta para huracanes. El grueso de las partidas se refirió siempre a la atención de desastres ya ocurridos. Se aprobó en la Cámara de Diputados la legislación en la materia pero con las mismas características limitantes.
La creación
del Fondo Nacional de Desastres Naturales también pudo haber tenido
un viso de carácter preventivo; sin embargo, esta medida y las antes
mencionadas siempre se refirieron a la emergencia desastrosa. Ninguna se
propuso establecer políticas para atacar la generación de
los procesos de desastres. Más aun, durante el sexenio mencionado,
dichos procesos se aceleraron.
Este comportamiento se explica porque para Zedillo --como lo fue en menor medida para Salinas-- el eje de gobierno se situó en una política económica caracterizada esencialmente por la retracción del Estado en materia de inversión pública y gasto social y el establecimiento de las mejores condiciones para la obtención de ganancias; esto que se ha popularizado con el nombre de neoliberalismo. Así, la construcción de carreteras se hizo reduciendo sensiblemente los requerimientos técnicos y, sobre todo, las medidas de seguridad asociadas a este tipo de obras. El desastre disparado por las lluvias en Puebla, Veracruz y otras entidades del Golfo de México en 1999 (por cierto, no fueron las precipitaciones más cuantiosas que se han registrado, como dijo entonces la autoridad) se vinculó estrechamente a obra civil incompleta: en la carretera interserrana, entre Zacatlán y Cuetzalan, existen unos 120 kilómetros pavimentados; en ella hubo 116 derrumbes asociados a la carretera, tres exclusivamente a la deforestación y sólo uno en una zona inalterada por el hombre.
La deforestación también se vinculó al catastrófico derrumbe de cerros en la Sierra Madre Oriental. La pérdida de vegetación en la región, responsabilidad de caciques locales y de empresas internacionales, alcanzó proporciones desenfrenadas. En una estudio del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla, se estima que cada cuatro segundos se corta allí un árbol. Los permisos de tala han sido otorgados por la Semarnap de manera indiscriminada, y la Profepa tenía un presupuesto tan limitado que se convirtió en cómplice de esto que puede calificarse como una verdadera devastación de la riqueza silvícola en la entidad. A Julia Carabias se le hizo ver esta situación en reiteradas ocasiones pero jamás actuó para contrarrestarla.
La combinación de deforestación y obras civiles incompletas fue también motivo de los desastres disparados por el huracán Paulina en Oaxaca y Guerrero en 1997, y por los terribles aguaceros en Chiapas en 1998, donde literalmente los cerros se desbarataron para derrumbarse sobre multitud de poblaciones. El agua corrió sin freno sobre los terrenos ya exfoliados. Lo que quizá es la peor parte de este tipo de manifestaciones de destrucción es la pérdida de suelos: según datos de la propia Semarnat y del investigador alemán Gerd Werner, alcanza de entre 50 y 500 toneladas de suelos por año y por hectárea en terrenos inclinados. Ésta es la peor pérdida, porque generar esos suelos toma a la naturaleza cientos, miles y millones de años.
Los crecientes recortes a determinados gastos federales y estatales fueron detonantes de muchas calamidades. Por ejemplo, en las inundaciones en la Sierra Madre Oriental o en Tabasco en 1999, tuvo que ver la falta de mantenimiento en las presas, que se encuentran sumamente azolvadas, lo cual se asocia también a la deforestación y a la destrucción de los cerros. Esto es producto de que muchas de ellas han concluido su vida útil y otras no se han atendido debidamente.
En cuanto a la medición de los fenómenos hidrometeorológicos, tenemos un ejemplo más de contracción del gasto público. Nuevamente nuestro ejemplo más cercano es Puebla; en 1990 existían alrededor de 240 estaciones meteorológicas en todo el estado. Hoy, por una serie de factores --sobre todo la disminución de las partidas asignadas al mantenimiento y renovación de equipo--, el número se redujo a unas 60 estaciones útiles. En ocasión de las lluvias de 1999, varios puntos donde debió medirse la precipitación, incluso con fines preventivos, no contaban con equipos que anteriormente sí funcionaban. En el Popocatépetl no hay una sola estación meteorológica, y el fenómeno meteórico es fundamental durante una erupción.
La falta de mantenimiento de los equipos puede verse igualmente en las instalaciones de Pemex y de la cfe; en la disponibilidad de medicamentos y equipos de las dependencias de salud y, por supuesto, en los presupuestos para investigaciones sobre la generación de desastres. Si en el área de ciencias de la Tierra estas asignaciones son insuficientes, para las ciencias sociales son inexistentes.
No es que el modelo económico capitalista prevaleciente en el mundo, titulado por sus partidarios como la "globalización", tenga que ser necesariamente devastador del entorno y propiciador de los desastres. El gran capital desea tener larga vida y sabe la importancia de cuidar sus propiedades para el futuro. Lo que ocurre es que en esta "globalización", la función de patio trasero ha sido asignada a los países dependientes, meros receptores de capitales excedentes por los que pelean de manera vehemente los gobernantes de estas naciones, dispuestas a aceptar las más inconvenientes condiciones de instalación de las inversiones extranjeras. El capital local, entonces, sigue los mismos patrones de inconsecuencia hacia una visión de mediano y largo plazos: lo único que vale es la ganancia prácticamente instantánea. ¿Para qué esperar 60 años a que un pino crezca si puede echarse abajo el que tenemos enfrente?
La corrupción generalizada se asocia a este modelo de crecimiento económico, especialmente en México. La corrupción, entrelazada estrechamente al espíritu empresarial por la obtención de fáciles y rápidas ganancias, es factor clave en la producción de las condiciones de desastre. Así, nuestro capitalismo mexicano podría calificarse, recordando Alejandro von Humboldt, como un "neoliberalismo equinoccial".
Sería un error estimar que no hubo un poderoso componente político en la actuación de Zedillo. Compromisos con miembros de su partido, con los empresarios explican sus decisiones. La estrategia de intervención del doctor en los desastres "eliminando intermediarios" entre el gobierno y los afectados tuvo como propósito desmantelar, eso sí de manera preventiva, cualquier brote de inconformidad que pudiera presentarse. El fantasma de los sismos de 1985 en la Ciudad de México ha estado presente todo el tiempo en nuestros gobernantes. Para Zedillo, los acuerdos políticos eran simplemente un requisito sine qua non para llevar a cabo su política económica. Dentro de este esquema y de su justificación, encontramos dos elementos importantes para explicar los impactos calamitosos: la línea de atracción de inversión extranjera a como dé lugar y en condiciones de permisividad ambiental que en los países de origen no existe, y el señuelo de crear fuentes de trabajo a cualquier costo.
En cuanto a lo primero, aquí ilustro la relación entre inversión indiscriminada y su impacto en el equilibrio del ecosistema. Respecto de lo segundo, baste señalar la proliferación indiscriminada de maquiladoras, cuya instalación y funcionamiento prácticamente no observa ningún cuidado de su impacto frente al ambiente. En Teziutlán, por ejemplo, buena parte del crecimiento demográfico que fue un causal del desastre por el explosivo crecimiento de instalaciones urbanas inadecuadas se asocia al establecimiento de las maquiladoras textiles.
Durante el gobierno del doctor Zedillo, ocurrió una enorme cantidad de desastres. Podemos afirmar que ninguna de las causales que los generaron han sido atacadas, ni siquiera superficialmente; más aun, se han agravado los fenómenos socio-naturales que posibilitan la afectación de grandes conglomerados humanos.
Si el principal origen de esta desatención a la conducta preventiva --que no es otra cosa que la identificación de los fenómenos que generan los procesos de desastres y la contravención de sus principales tendencias-- se explica esencialmente por la implantación de un modelo económico, y si la política del presidente Fox en este ámbito es la misma que la de su antecesor (él se ha encargado de demostrarlo y declararlo), entonces no podemos esperar un cambio sustancial en las políticas de prevención.
Resulta preocupante para quienes hemos estudiado este tipo de fenómenos el comportamiento del nuevo presidente y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, quienes dijeron sin empacho que darían continuidad al Sistema Nacional de Protección Civil "porque era una de las cosas buenas del antiguo régimen". Esto da una idea de que el nuevo equipo no tiene entre sus prioridades el comprender estos fenómenos en profundidad, o que le acomoda muy bien continuar omitiendo partidas presupuestales para los sistemas de prevención de emergencias, la investigación científica en este terreno y, sobre todo, la asignación de recursos suficientes para el mantenimiento, la realización adecuada de las obras y el freno a la devastación del ecosistema.