Critican a Loyola por declarar que los zapatistas merecen la pena de muerte
Como muestra de intolerancia y autoritarismo que afectarán el proceso de pacificación en Chiapas fueron calificadas en Querétaro las declaraciones del gobernador Ignacio Loyola Vera de que los zapatistas son traidores a la patria y merecen la pena de muerte.
Su propio correligionario, el coordinador de la bancada panista en el Congreso, Julio Sentíes Laborde, subrayó que no comparte la opinión del mandatario porque no son congruentes con el esfuerzo del gobierno federal por lograr la pacificación en Chiapas. No obstante, dijo que la postura del subcomandante Marcos ha sido de chantaje con el gobierno federal y ahora pretende realizar una "gira artística ridícula".
El doctor en derecho Marco Antonio León Hernández recomendó al titular del Ejecutivo estatal "conocer un poco la Constitución de la República", pues sus apreciaciones "son producto de una ignorancia total" de la legalidad. "El gobernador es un hombre que ha demostrado que el poder empieza a ser patológico para él y lo está expresando de una manera muy grave en muchas de sus declaraciones y actitudes", dijo.
El diputado perredista Enrique Becerra Arias calificó como "sumamente grave y despreciable esa forma de expresarse" y responsabilizó directamente a Loyola de cualquier agresión a los zapatistas durante su paso por Querétaro. El delegado del PRD en el estado, Edgar Blasio García, consideró que las declaraciones de Loyola son muestra de su autoritarismo, intolerancia y represión que utiliza para gobernar.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Araceli Aguayo Hernández, consideró que las declaraciones del gobernador son en un supuesto de que los zapatistas pasarán armados por los diferentes estados que recorrerán en su viaje a la ciudad de México. Desde un contexto jurídico, dijo, si se da el supuesto de que exista un invasor, este es un traidor a la patria y por disposición constitucional merece la pena de muerte.
En Hidalgo, el líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Isidro Pedraza Chávez, consideró que esas declaraciones representan la opinión de los grupos más intolerantes que pretenden hacer recular al presidente Fox en su afán de dar solución al conflicto en Chiapas.
Informó que a su paso por esta entidad, organizaciones civiles y campesinas organizarán el 28 de febrero una concentración en la plaza Juárez de Pachuca para sumarse a las demandas del EZLN.
En Chiapas, el líder de la Confraternidad de Nacional de Iglesias Evangélicas Cristianas, Arturo Farela Gutiérrez, cuestionó a Fox por priorizar las demandas de las comunidades zapatistas, debido a que consideran que éstas no representan a la totalidad de los indígenas de la entidad.
Consideró que la marcha de los guerrilleros al Distrito Federal "será un show más del subcomandante Marcos y que más que beneficiar a las comunidades indígenas la marcha le traerá un beneficio político personal".
El obispo de Zacatecas, Fernando Mario Chávez Ruvalcaba, se pronunció por que los delegados del EZLN que acudirán a la ciudad de México lo hagan sin pasamontañas, ya que el anonimato "le resta fuerza y autenticidad" al movimiento zapatista.
En Veracruz, la secretaria general de Gobierno Noemí Quirasco Hernández, y el subsecretario de Seguridad Pública Alejandro Montaño Guzmán, reiteraron que el gobierno del estado garantizará el derecho de libre tránsito a la caravana del EZLN, pero no permitirá que ingresen armados ni que los extranjeros que los acompañen participen en actos que solo incumben a los mexicanos. ALEJANDRO GONZALEZ, CARLOS CAMACHO, ANGELES MARISCAL, ALFREDO VALADEZ Y ANDRÉS T. MORALES.