MIERCOLES Ť 31 Ť ENERO Ť 2001
Ť Expediente, a revisión
Conceden amparo contra la extradición de presunto etarra
DAVID APONTE
El juzgado quinto de distrito en materia penal concedió un amparo al vasco Lázaro Galarza Larrayoz, acusado de pertenecer al grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA), contra la extradición concedida a finales del sexenio pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó ayer la abogada del extranjero, Pilar Noriega.
La defensa aportó evidencias de que el procesado no participó en los hechos que le imputó la Audiencia Nacional de España y de que existe una sentencia que recayó en otra persona, explicó.
Con la resolución la cancillería deberá revisar el expediente y los motivos que la llevaron a conceder la extradición de Galarza, detenido en Morelia, Michoacán, el 30 de mayo de 2000, indicó.
Explicó que aún no conocía el contenido total de la resolución, el amparo, pero que el citatorio expone que la "justicia ampara y protege a Lázaro Galarza Larrayoz en contra de los actos reclamados por el secretario de Relaciones Exteriores, el procurador general de la República y el director general de Planeación y Operaciones de la Policía Judicial Federal".
De entrada, se deberá examinar el caso en algunos puntos solicitados por el juzgado penal que concedió el amparo, agregó.
Noriega ha sostenido que el delito imputado por las autoridades españolas ya fue juzgado y sentenciado. El órgano judicial español estableció que el vasco, detenido en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, no participó en los hechos que contiene el pedido de extradición, dijo.
Un auto judicial fechado el 25 de mayo de 1992 relata como "hechos" que "siguiendo las órdenes marcadas" por ETA, "los siete imputados decidieron, utilizando la información elaborada por el comando, en los primeros días de abril de 1990, efectuar una acción consistente en el lanzamiento de varias granadas Jotake y Heap contra el edificio que acogía el acuartelamiento de la Guardia Civil en Lecumberri (Navarra)".
Noriega mencionó que el proceso de revisión del caso podría llevar algunos meses. En ese lapso, el gobierno de México no puede repatriar al procesado.