Ť El titular del organismo rindió informe anual

La CNDH alertó a Gertz sobre Puente Grande, dice Soberanes

Ť Propone restructurar a fondo el sistema penitenciario

VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA

El narcotráfico ya entró "en confrontación directa con el gobierno y con la sociedad", advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, al rendir su informe anual de labores.

Aclaró que la CNDH actuó con toda responsabilidad en torno al reciente caso en el penal de Puente Grande, y que desde el pasado 12 de enero, una semana antes de la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, notificó personalmente al secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, las corruptelas e irregularidades que se daban en ese centro penitenciario.

Soberanes insistió en que con toda oportunidad se dio aviso a las autoridades acerca del sistema de privilegios basados en conductas corruptas y de favoritismo hacia algunos reos, "lo que hacía temer la probabilidad de una fuga".

Hizo notar que la evasión del narcotraficante pone en evidencia una situación que, si bien se da desde hace mucho tiempo en los centros penitenciarios del país, la hizo llegar a su punto culminante "para evidenciar la corrupción, el descuido y la negligencia imperantes".

En un anexo al informe de actividades desarrolladas en el último año, Soberanes Fernández dio cuenta de las acciones llevadas a cabo por la CNDH en 13 meses de trabajo en Puente Grande, y propuso una restructuración a fondo del sistema penitenciario mexicano, porque "las cárceles siempre han llegado tarde a todo. Hoy más que nunca parecen querer detener cualquier tiempo que no sea el de quienes dictan desde la soberbia del dinero y la corrupción impune".

Por casi dos horas, Soberanes leyó ante integrantes de las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados su informe de actividades, que abarca del 16 de noviembre de 1999 al 15 de noviembre del 2000, pero el interés recayó en el escrito entregado a los legisladores, en el que da cuenta de las acciones realizadas por la CNDH en torno a los acontecimiento registrados en el penal de alta seguridad de Puente Grande, de donde escapó El Chapo.

Es el primer informe que el ombudsman rinde ante el Poder Legislativo, luego de  los cambios a la ley que experimentó la CNDH en 1999, con los cuales adquirió autonomía. Es también la primera vez que el Ejecutivo federal no encabeza el acto, el que contó sin embargo con la presencia de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las comisiones estatales de derechos humanos.

En el ambiente se percibía la tensión por la fuga de El Chapo y por los cuestionamientos formulados a la CNDH y que no habían sido respondidos por Soberanes. Ayer lo hizo de manera clara e incluso mereció al final el respaldo de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Guadalupe Morfín, quien aclaró que acudió por invitación del Senado, pero dejó claro que no hay enfrentamiento con el ombudsman.

El narco, en confrontación directa con el gobierno

En su informe sobre Puente Grande, Soberanes insistió en que la CNDH cumplió con su deber y alertó oportunamente a las autoridades gubernamentales de lo que acontecía en esa prisión. Gran parte del escrito lo dedicó entonces a rechazar que esa comisión haya sido omisa en informar de la situación irregular imperante en ese centro penitenciario, y que los visitadores hayan intimidado a los custodios que se atrevieron a denunciar anomalías graves, producto de conductas corruptas.

De entrada, el ombudsman sostuvo: "En México no hay una política de Estado en materia criminal". Peor aún, agregó, "carecemos incluso de una valoración objetiva de la penetración del crimen organizado en los aparatos del Estado".

El narcotráfico, recalcó, "dejó de circunscribirse al sistema penitenciario para convertirse en confrontación abierta con el gobierno y la sociedad. A su alrededor crecen el drama penitenciario y sus sorprendentes capítulos. La filtración criminal de materiales restringidos, la fuga de un delincuente de alta peligrosidad, la revisión humillante a los parientes de quienes visitan a los reclusos y la muerte, por suicidio, de un interno, no exhiben simples deficiencias administrativas".

Señaló que la restructuración a fondo del sistema penitenciario tendrá que replantearse sobre tres bases: separación estricta entre procesados y sentenciados; respeto a los derechos humanos de los reclusos y rigor extremo a los sentenciados de alta peligrosidad, a fin de evitar que sigan delinquiendo desde la prisión.

Recapitulación

El titular de la CNDH hizo una recapitulación detallada de su actuación en Puente Grande, la que se inició hace más de un año, el 6 de enero del 2000, cuando un custodio del centro federal de readaptación social número 2, conocido como el penal de Puente Grande, remitió una queja a esa comisión "por la reducción de sus prestaciones económicas", y solicitando el respeto a sus derechos laborales.

A partir de ese momento, la CNDH comenzó a investigar el asunto, procedió siempre con cautela, para no poner en riesgo la integridad física del denunciante, al que luego se sumaron cuatro custodios más. Cinco meses después, los quejosos denunciaron la corrupción imperante en ese penal y la presión que recibían para colaborar en la introducción de objetos, droga, bebidas y mujeres a esa cárcel. En ese lapso, se dio la remoción de un comandante y tres funcionarios del penal, pero los narcotraficantes siguieron gozando de sus privilegios. Así, el 21 de noviembre, los custodio informaron de nuevos actos de corrupción e imputaron al subdirector del penal responsabilidad directa.

"Ante la relevancia de las imputaciones y los implicados", Soberanes se reunió el 12 de enero de este año con el secretario de Seguridad Pública, "donde se le trataron, entre otras cuestiones, la problemática de corrupción y privilegios en Puente Grande", y se ofrecieron mayores datos. Se logró incluso que tres de los quejosos ?dos ya no querían continuar con la gestión? accedieran a aportar mayores evidencias, pero sólo ante autoridades del más alto rango en materia de seguridad.

El ombudsman agrega que ese mismo día por la noche le proporcionó esa información a Gertz Manero, quien instruyó a su subsecretario Jorge Tello Peón para que atendiera las denuncias y tomara las medidas inmediatas que procedieran.

A consecuencia de ello, el 16 de enero de este año visitadores adjuntos de la CNDH sostuvieron un encuentro en el penal con un representante de Gertz y autoridades de esa prisión.

Ahí se les informó que ese día Tello Peón dio instrucciones precisas para reubicar a El Chapo y a otros internos de alta peligrosidad, mencionados en la queja, en un área de mayor seguridad y vigilancia de Puente Grande.

Al final, en entrevista, José Luis Soberanes consideró que la fuga de El Chapo se dio debido a la negligencia de autoridades, porque de otra forma no se habría fugado el narcotráfico. Luego, recalcó que el Estado tiene que dar la lucha contra el narcotraficante, porque cada vez este se incrementa y amenaza a las instituciones y a la seguridad.

La fuga, "o a lo mejor el no regreso de El Chapo", es un hecho lamentable, pero del que tenemos que sacar la lección.

Resultados interesantes en la investigación sobre El Chapo: Rafael Macedo

El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, informó que serán sometidas a investigación "hasta sus últimas consecuencias" todas aquellas personas que pudieran tener alguna relación con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de Puente Grande, donde existía "una gran red de complicidades y corrupción".

Tenemos una investigación profunda y seria, afirmó el funcionario, "que está arrojando datos muy interesantes" a partir de la información vertida por las personas que se encuentran arraigadas.

Macedo de la Concha, quien se mostró reacio a pormenorizar sobre el curso que siguen las investigaciones, tanto para dar con el paradero del narcotraficante como para deslindar las responsabilidades de quienes facilitaron su evasión, aseguró que se trabaja muy intensamente en este caso y manifestó que "la sociedad merece respuestas y cueste lo que cueste se las vamos a dar".

Indicó que son 71 las personas que fueron traídas del penal de Puente Grande, Jalisco, a la ciudad de México, entre custodios, funcionarios y personal administrativo, los cuales se encuentran bajo arraigo. Precisó que en dos casos hay consignaciones, pero declinó dar los nombres de estos últimos.

Las personas que se encuentran bajo arraigo, apuntó, "han aportado datos, líneas de investigación, y las vamos a concluir todas". Y puntualizó: "Toda aquella persona que tenga relación o esté relacionada (con el caso) tendrá que ser investigada hasta sus últimas consecuencias".

Se le preguntó: ¿Se han encontrado deficiencias graves en Puente Grande? A lo que el procurador general de la República respondió: "Si. Hay una gran red de complicidades y de corrupción que creemos debemos investigar hasta los últimos elementos que nos proporcionen datos muy claros de lo que ocurrió ahí y que lleguemos al final".

-¿Se continuará investigando a los otros centros de reclusión federales?

-Vamos a estar trabajando integralmente en este esfuerzo ?afirmó.