MIERCOLES Ť 31 Ť ENERO Ť 2001

Ť Además, pocos días antes le habían reducido condena al presunto narcotraficante

Legalmente, El Chapo no cometió delito alguno durante su fuga, pues no hizo uso de la violencia

Ť La UEDO se "olvidó" de solicitar la orden de reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, puede deambular libremente por territorio nacional o extranjero. No hay orden de captura en su contra, ni cometió delito alguno al evadirse --oficialmente-- el 20 de enero, y además, el ex jefe del cártel de Sinaloa ganó mediante amparo la reducción de 7 años y 9 meses a su condena de 20 años y 9 meses.

La evasión del narcotraficante del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco, fue conocida públicamente la madrugada del sábado 20 de enero. Desde ese momento, autoridades federales encabezadas por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), se hicieron cargo de las investigaciones que dieron por resultado que 71 personas, incluido el ex director del penal, estén bajo arraigo en el hotel Fontán, en la ciudad de México.

Parte de la historia

Las indagatorias se desarrollaron casi totalmente en el interior del Cefereso de Puente Grande. Durante seis días, los 71 detenidos, la mayoría de ellos personal de seguridad y custodia, permanecieron incomunicados, y sus familiares aseguran que se violaron sus garantías individuales al no permitírseles contar con un abogado o una persona de su confianza durante los interrogatorios.

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en Jalisco aseguraron que "según los informes rendidos, los ahora arraigados supuestamente renunciaron a esos derechos para colaborar personalmente con las investigaciones; por ello nadie los acompañó en sus comparecencias ante el Ministerio Público de la Federación".

Hasta el viernes 26 las autoridades de la UEDO comenzaron a trasladar custodios a la ciudad de México. El 27 de enero la PGR informó oficialmente que habían sido conducidas al Distrito Federal 71 personas para rendir declaración ministerial; el lunes 29 las autoridades informaron que desde ese día, todos los trasladados estarían bajo arraigo por 40 días, es decir, pasaron 10 días para que se definiera su situación jurídica. Las fuentes indicaron al respecto: "todo se hizo conforme lo ordenó el titular de la UEDO".

Ayer, martes 30, el procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, aseguró que ya habían sido consignadas dos personas; sin embargo, el propio titular de la PGR dijo casi enseguida: "los tiene la UEDO y serán traídos de acuerdo a como continúe la investigación".

Fuga sin castigo

Joaquín Guzmán Loera, considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en México, nunca ha sido acusado por delitos contra la salud. Fue detenido en 1995 en Guatemala y trasladado a México en junio de ese año, semanas después de ser señalado como participante en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

El ex jefe del cártel de Sinaloa fue ingresado inicialmente al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y luego al Cefereso de Puente Grande, Jalisco, de donde huyó, oficialmente, el pasado 20 de enero.

Pero las fuentes consultadas señalan: "su evasión, según indagatorias, no ocurrió ni el mediodía del viernes 19 ni la madrugada del sábado 20 de enero. Pudo haber sido entre el martes 16 y el miércoles 17. A El Chapo se le dejó salir, y éste decidió no regresar más".

Guzmán Loera no cometió delito alguno, o por lo menos su acción no está tipificada como tal, debido a que no incurrió en actos violentos ni contra el personal de seguridad y custodia ni contra la institución.

Al respecto, Alonso Aguilar Zinser, especialista en derecho, dijo: "quienes lo asistieron sí incurren en un ilícito, el de evasión de reos, pero él no cometió delito alguno que le merezca una penalidad carcelaria más, por no haber utilizado la violencia".

Asimismo, puntualizó que según la ley, si no hay orden de aprehensión en su contra "no puede ser privado de su libertad, y en este momento quedó fuera de la jurisdicción de todo juez hasta en tanto no se libre una orden de captura en su contra".

El juez cuarto de distrito en materia de procesos penales en el Distrito Federal, Víctor Pedro Navarro Zárate, no ha librado el mandamiento judicial que la UEDO le solicitó, y en tanto, el presunto narcotraficante puede deambular libremente por territorio nacional y extranjero.

La pena que se le impuso queda suspendida temporalmente hasta que sea reingresado a un centro penitenciario. A la fecha de su evasión había purgado 5 años y 7 meses, de un total de 20 años y 9 meses.

Amparo y reducción de condena

El Chapo enfrentó tres procesos penales: uno, el 89/93, se radicó en el juzgado primero de distrito con sede en Jalisco por los delitos de asociación delictuosa y cohecho. El impartidor de justicia lo absolvió de los cargos; sin embargo, la PGR apeló la sentencia y el tercer tribunal unitario con asiento en esa entidad revocó el dictamen y lo condenó a 7 años y 9 meses de cárcel.

Luego se le acusó de asociación delictuosa ante el juez tercero de distrito con sede en Toluca, estado de México, y dentro del proceso penal 30/96 se le sentenció a 6 años de prisión. Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena.

El tercer juicio fue el 85/93 por cohecho. El juzgado cuarto de distrito en el Distrito Federal lo condenó a 12 años de prisión. El primer tribunal unitario modificó la sentencia y le impuso una pena de 7 años.

Sin embargo, el pasado viernes 27 de enero el segundo tribunal colegiado con sede en Jalisco le otorgó un amparo contra la sentencia de 7 años y 9 meses que le dictó el tercer tribunal unitario con asiento en esa misma entidad dentro del proceso 89/93.

Con ello, Joaquín Guzmán Loera logró que su condena total sea de 13 años de prisión, y luego de haber pasado 5 años encarcelado, le faltan sólo 8 años.

Fuentes de alto nivel de la PGR confirmaron que la UEDO, a cargo de José Trinidad Larrieta Carrasco, "olvidó" por siete días solicitar orden de reaprehensión de Guzmán Loera y pedir a los jueces que lo sentenciaron "detener" el tiempo de compurgar sus condenas, que hasta el pasado viernes sumaban 20 años y nueve meses.