MIERCOLES Ť 30 Ť ENERO Ť 2001
Ť Fijarían sus propios sueldos sin necesidad de que los autorice la Legislatura
Con el voto del PAN el Congreso de NL aprobaría dar más facultades a municipios
Ť Para que la reforma entre en funciones deberá ser aprobada por mayoría calificada
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
Monterrey, NL, 30 de enero. Con sólo los votos de Acción Nacional, el Congreso local aprobó en primera vuelta una reforma constitucional para dar mayores facultades a los municipios, con lo cual los integrantes de los cabildos podrían fijar sus propios sueldos y enajenar el patrimonio municipal sin necesidad de autorización de la Legislatura.
Sin embargo, para que la reforma tenga valor, será necesaria su aprobación en una segunda vuelta por mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados, pero el Partido Acción Nacional solamente cuenta con 23 votos y requiere el apoyo de cinco legisladores de oposición.
Los diputados de PRI, PRD y PT consideran inadmisible que en aras de una mayor autonomía municipal se den facultades ilimitadas a los cabildos para enajenar el patrimonio municipal o fijar sus propios salarios, porque hay ejemplos de algunos ex alcaldes que sólo vieron en la función pública una oportunidad para enriquecerse.
Durante la misma sesión, la última del primer periodo ordinario de sesiones de la 69 Legislatura local, fueron rechazadas por la mayoría panista dos solicitudes de juicio político y, en cambio, se solicitó a la Oficialía Mayor del Congreso dar parte al Ministerio Público para que proceda contra los denunciantes, situación que causó malestar entre la oposición.
La primera demanda de juicio la presentó el abogado Armando Güereca Campos contra el gobernador Fernando Canales Clariond, el secretario general de Gobierno José Luis Coindreau García y el procurador de Justicia José Santos González Suárez, supuestamente porque incurrieron en omisiones en el millonario fraude del empresario José Irigoyen Villarreal contra cientos de ahorradores.
La otra demanda la presentó Liliana Flores Benavides, dirigente estatal de El Barzón, contra el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Oscar Bulnes Valero, por "acciones y omisiones" que han impedido la aplicación de la ley estatal del transporte, provocando con ello accidentes como el que ocurrió el pasado 18 de diciembre, donde perecieron 16 personas al ser arrastrado por el tren un camión del transporte urbano de la ciudad.
En el dictamen se solicitó a la Oficialía Mayor del Congreso dar parte al Ministerio Público para que proceda contra los denunciantes, pues, dijo el legislador panista Américo Ramírez, "no se vale que el Congreso sea utilizado como caja de resonancia para afectar la honorabilidad y el prestigio de esforzados servidores públicos, o cada vez que alguien pierda un litigio".