MIERCOLES Ť 31 Ť ENERO Ť 2001
Ť Sólo uno permanecerá encarcelado por homicidio; los demás depositaron fianza
Dictan formal prisión a 16 militares que dispararon en Colima contra 150 civiles
Ť El sargento Brígido Ponciano Tepach podría alcanzar una pena de 10 a 20 años de prisión
VERONICA GONZALEZ CARDENAS CORRESPONSAL
tecoman, col., 30 de enero. Un juez penal dictó auto de formal prisión a los 16 militares del 88 batallón de infantería que dispararon contra unas 150 personas que celebraban la rehabilitación de alcohólicos y drogadictos la madrugada del 21 de enero en la localidad Rancho Viejo.
Aunque a 15 de ellos se les encontró culpables de disparo de arma de fuego y abuso de autoridad, no regresarán a la cárcel municipal, ya que estos delitos no son considerados graves, y desde el miércoles comenzaron a ser liberados, luego de que sus familiares depositaron una fianza de 3 mil pesos por cada uniformado. No obstante, seguirán sujetos a un proceso penal, cuya sentencia no debe exceder de dos años.
En cambio, el juez segundo Aniceto Cabrera Flores informó que al sargento Brígido Santiago Ponciano Tepach se le dictó auto de formal prisión la tarde del lunes por los mismos delitos, además de homicidio calificado en agravio de Rodrigo Torres Silva y lesiones calificadas contra Yuliana Mercado Vargas.
Ponciano Tepach permanece en la cárcel municipal desde el martes 23 de enero y allí seguirá hasta que el juez le dicte sentencia, lo cual podría ocurrir en uno o dos años. De obtener una sentencia condenatoria sería trasladado al penal de la capital del estado.
De acuerdo con el artículo 168 del Código Penal del estado de Colima, Ponciano Tepach podría alcanzar una pena de diez a veinte años de prisión, pues el homicidio es un delito grave que no alcanza libertad bajo fianza.
El juzgador Cabrera Flores explicó que tras el auto de formal prisión se abre un periodo de instrucción, en el cual la defensa aportará las pruebas que considere necesarias para demostrar la inocencia de su cliente. En tanto, el Ministerio Público aportará las pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad.
Comentó que hasta el momento el militar no tiene un abogado particular que lo atienda, de modo que el defensor de oficio es quien se encarga del caso ante la autoridad judicial.