MIERCOLES Ť 31 Ť ENERO Ť 2001
Ť Debe informar la manera como maneja sus recursos y los casos que analiza, señala
Insiste el PRD en la reforma de la ley orgánica del TSJ
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
La fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal insistirá en la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, ya que éste no puede mantenerse como un poder supremo que no rinde cuentas sobre su actuación a la sociedad.
"Si el Presidente de la República, los mandatarios locales y la Asamblea --aunque en forma limitada-- rinden un informe a los ciudadanos, no vemos la razón para que el Poder Judicial no explique la manera en que maneja sus recursos y los casos que analiza", remarcó el diputados perredista Gilberto Ensástiga.
Luego de recordar que su partido ya presentó una propuesta en la materia, el vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa explicó que es urgente se hagan dos revisiones, en la que de alguna manera se incluya a jueces y magistrados, por un lado al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por el otro al Consejo de Judicatura, con el objetivo de fortalecerlo y que éste pueda tener fuerza coercitiva en contra de los malos jueces o de quienes incurran en conductas irregulares.
Precisó que el hecho de pedir que se informe a los ciudadanos, no es una asunto que implique la politización de un órgano como el Tribunal Superior de Justicia, sino de transparentar aún más su funcionamiento.
Comparecencias de delegados
Por otra parte en reunión de trabajo los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF aprobaron por unanimidad el formato, fechas y temas para las comparecencias de los jefes delegacionales, las cuales arrancarán el 19 de febrero.
El coordinador de Convergencia por la Democracia, Cuauhtémoc Velasco propuso posponer la fecha de comparecencias y que fuera la Comisión de Gobierno la responsable de fijar el formato de éstas. Planteamiento que en parte fue secundado por el vicecoordinador del PRI, Marco Antonio Michel Díaz, quien
advirtió que se había abusado de la petición de convocar a los delegados.
Como ejemplo, citó los casos de los titulares de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, y de Xochimilco, Juan González Romero, quienes comparecían en el auditorio aledaño a la reunión de trabajo para explicar lo relacionado con un panteón, y el de la jefa delegacional de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, quien a petición de la presidenta del Comité de Atención Ciudadana acudió a las instalaciones para reunirse con un grupo de ex trabajadores del rastro.
Discusión que se alargó por alrededor de dos horas y cuya conclusión fue era necesario citar a estos servidores y redefinir las fechas y temas a tocar durante las reuniones.
El perredista Gilberto Ensástiga presentó un calendario tentativo, que a la postre sería aprobado.
De acuerdo con el formato autorizado los jefes delegacionales dispondrán de 20 minutos para explicar lo relativo a su programa de trabajo, sus metas para el 2001, las relaciones jurídico - administrativas con el GDF, desconcentración de la policía y un informe de sus primeros 100 días de labores. Mientras que cada diputado tendrá cinco minutos para realizar su pregunta.
El 19 de febrero comparecerán los titulares de Alvaro Obregón y Azcapotzalco; el 21, Benito Juárez y Coyoacán; el 23, Cuajimalpa y Cuauhtémoc; el 26, Gustavo A. Madero e Iztacalco; el 28, Iztapalapa y Magdalena Contreras; el 2 de marzo, Miguel Hidalgo y Milpa Alta; el 5, Tláhuac y Tlalpan, y el 7, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Los lunes y viernes las sesiones serán a las 10:00 y 12:00 horas. Y los miércoles por la tarde.
Esta reunión de trabajo estuvo a punto de suspenderse ante el amago de los diputados del PRD de romper el quórum si se retiraba del orden del día la discusión sobre la validez de los Bandos que emitidos por el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
En el proyecto elaborado por el diputado panista, Federico Doring se planteaba realizar una serie de extrañamientos al mandatario local por mal informar a los ciudadanos sobre el alcance que sus bandos tienen y declarar que la naturaleza de estos es la de ser simples documentos informativos de las decisiones administrativas del titular del poder ejecutivo local.