JUEVES Ť 1Ɔ Ť FEBRERO Ť 2001

ASTILLERO

Julio Hernández López

NUNCA HAN SIDO siquiera medianos los índices de confianza de que han gozado los presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por el contrario, personajes como Jorge Carpizo, Jorge Madrazo y Mireille Roccatti sufrieron el bien ganado estigma de haber sido puestos en tan honorable cargo para cuidar intereses políticos del gobierno en turno y simular que se atendían quejas y denuncias a las que en realidad se daba tratamiento sesgado, burocrático e insensible.

EL ACTUAL ombudsman, el doctor José Luis Soberanes (emparentado políticamente con el grupo Carpizo, concesionario a título feudal de ese y otros predios de poder ligados con lo universitario y lo jurídico), llegó en circunstancias tan desfavorables como sus antecesores: comprometido con el gobierno que le instaló en la silla (en este caso el de Zedillo) y obligado a moverse en las difíciles aguas de la indefinición, haciendo como que se hace. En los puntos más graves de la más reciente huelga de la UNAM, la CNDH y su titular aparecieron a los ojos de los estudiantes como dados cargados hacia el lado gubernamental.

POR DESGRACIA, la fuga de Archibaldo Guzmán Loera, alias Joaquín, o El Chapo, ha vuelto a colocar en desgracia a la CNDH, exhibiéndola con enorme crudeza como instancia de ocultamiento, mediatización, complicidad y convalidación.

VÉASE: el 4 de enero de 2000, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), presidida por María Guadalupe Morfín Otero, recibió las denuncias de oficiales de prevención, o custodios, del penal de Puente Grande, de que estaban siendo obligados por sus superiores a participar en hechos de corrupción mediante actos que constituían violaciones a sus derechos humanos.

RECUERDE EL LECTOR que esos custodios estaban atreviéndose a denunciar hechos relacionados con la protección de narcotraficantes en un penal de máxima seguridad. Es decir, conforme a las leyes de las mafias, estaban incurriendo en delaciones que se pagan con la vida, en Jalisco, en los dominios carcelarios de El Chapo y de Luis, el Güero Palma.

MORFIN OTERO dio parte de inmediato a la CNDH porque la materia de las denuncias correspondía en exclusiva al fuero federal. La titular de ese órgano buscó una y otra vez hablar directamente con su colega, José Luis Soberanes. Nunca tuvo respuesta personal de su similar, sólo a través de representantes --el secretario particular, el coordinador de asesores, visitadores-- ni hubo una postura de defensa de los intereses y la vida de dichos custodios. Por el contrario, los funcionarios comisionados por Soberanes para atender el asunto quisieron entenderlo como "laboral", clasificación que les daba la coartada para no intervenir.

DURANTE TODO 2000, la CNDH no acertó a valorar el terrible enigma científico planteado por los custodios. ƑSería un problema obrero-patronal? ƑMentiras de unos vigilantes que se aburrían en las frías cárceles y no hallaban qué inventar? ƑArranques de histeria de la ombudsman jalisciense? ƑSería melón, sería sandía, sería la campaña de Labastida?

UN AÑO DESPUÉS, el 16 de enero del presente, uno de los custodios quejosos acudió con Morfín Otero para enseñarle el oficio 26255, que con fecha 4 de diciembre le había enviado José Antonio Bernal Guerrero, tercer visitador general de la CNDH. El funcionario le decía, en pocas palabras, que ese órgano consideraba su queja como resuelta durante el trámite, y que no podían garantizarle su integridad física, pues la CNDH no tiene medios para tales efectos. No obstante, más adelante se harían visitas de supervisión a Puente Grande y, "de ser el caso, en el momento oportuno, se estará en posibilidades de realizar un pronunciamiento respecto de los actos de corrupción". Morfín Otero volvió al peregrinar telefónico: Soberanes tampoco le contestó. Al día siguiente, el 17, los custodios regresaron para denunciar que les eran "insostenibles" las "presiones institucionales generalizadas en el Cefereso para que todo el personal de vigilancia y custodia otorgara trato de privilegio a ciertos internos".

ES NECESARIO reproducir íntegramente el párrafo en que la ombudsman Morfín Otero narra lo que sucedía esa mañana del 17, dos días antes de que se diera parte oficial de que El Chapo no había vuelto a Puente Grande de uno de sus paseos (ahora se sabe que es muy posible que el no retorno se hubiera dado esa misma mañana del 17): "Vinieron a manifestar que temían por sus vidas, por su integridad física, puesto que las presiones se habían recrudecido. Me externaron su preocupación por el actuar de dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Según los quejosos, los visitadores llegaron a Guadalajara el 15 de enero; se hospedaron en el hotel Lafayette; citaron a uno de ellos y le pidieron que los acompañara a los domicilios de los otros custodios quejosos a presionarlos para que se desistieran de la queja interpuesta ante la comisión nacional, puesto que no tenían manera de probar sus dichos. Lograron el desistimiento de varios de ellos; no obstante, algunos sostuvieron su dicho e insistieron en seguir presentando su queja, y de nueva cuenta pidieron discreción en el manejo de sus nombres para resguardo de su integridad; algunos de ellos, cuyos nombres omito por motivos de respeto a su petición, fueron segregados, incomunicados durante varias horas la noche del 16 de enero en las instalaciones del Cefereso, según me lo refirieron, y uno por uno fueron llevados hasta altas horas de la madrugada a las oficinas de la dirección, donde fueron confrontados por los visitadores de la comisión nacional con las mismas autoridades penitenciarias. Revelaron que estuvieron presentes el director del centro en ese entonces, el subdirector júrídico y el licenciado Enrique Pérez, director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Los quejosos hablaron de tortura sicológica."

DADA LA GRAVEDAD del asunto, Morfín Otero insistió en hablar con Gertz y So- beranes, sin conseguirlo. El coordinador de asesores del ombudsman le dijo que el primer visitador de la CNDH le mandaba decir que lo que quisiera reportar, lo hiciera "mediante acta circunstanciada".

LO QUE SIGUIO, todo México lo sabe. Morfín Otero señaló: "Lo que sucedió esta semana es el colofón de más de un año de intervenciones desafortunadas u omisas de la CNDH desde el 4 de enero de 2000. No es cierto que se trate de un asunto que inició en las semanas anteriores, y menos el lunes 15 de enero. Según nuestros quejosos y las actas circunstanciadas que entregamos a la CNDH personalmente, la falta de disciplina y controles internos comenzó el 25 de febrero de 1999, y se fue agravando durante todo el 2000".

LA RED NACIONAL de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos resaltó la gravedad de que los visitadores hubieran confrontado a los quejosos con los propios acusados de corromperlos.

"POR OTRO lado --añadió la red-- independientemente de la emisión o no de recomendaciones, la CNDH, como cualquier otro funcionario público, tiene el deber de informar al Ministerio Público la presunción de delitos; de lo contrario puede incurrir en complicidad o encubrimiento".

POR ELLO, "es menester que el Senado de la República haga una investigación profunda sobre la actuación de los funcionarios de la CNDH y, en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar".

EL DOCTOR Soberanes, en tanto, dice que él informó con siete días de anticipación a Gertz, y que le extraña que no se hubiera evitado la fuga de El Chapo, pues la descomposición de controles internos de Puente Grande se sabía trece meses atrás.

Ť Fax: 55 45 04 73 Ť [email protected]