jueves Ť1Ɔ Ť febrero Ť 2001

Enrique Montalvo Ortega

Yucatán: ciudadanía confiscada

A medida que pasa el tiempo se percibe una sensación de empantanamiento en el complicado conflicto político yucateco. Y es que las partes en pugna al tratar de avanzar se hunden, se arraigan en posiciones cada vez más irreductibles, y el diálogo se hace cada vez más difícil.

Los priístas, apoyados en las interpretaciones de Burgoa y Carrancá, continúan con el discurso de la soberanía y se lanzan a organizar mítines por todo el estado después de una gran movilización celebrada el 22 de enero, en la que subrayaron la ilegalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin reconocer que el cuestionamiento inicial del tribunal al Congreso del estado por desacato está plenamente fundamentado.

Los panistas y perredistas, sustentados en los magistrados del TEPJF, descalifican cualquier negociación que pudiera destrabar el conflicto; sostienen que una negociación haría perder al mentado tribunal autoridad para futuras elecciones y se niegan a reconocer que al crear un nuevo consejo electoral ese tribunal cometió indudables errores y se excedió tomando atribuciones que no le correspondían, con lo que contribuyó a agravar el problema.

Cervera y los priístas no ocultan su añoranza del viejo estilo de elecciones de Estado, ponen en duda la capacidad de dicha institución para "dar certidumbre a la vida democrática del país", y acusan al tribunal de actuar como brazo armado del PAN.

Se agudiza así la polarización propia de un escenario bipartidista, en el que el PAN, junto con sus voceros, se ha encargado históricamente de simplificar la política reduciéndola a un pleito entre ángeles y demonios, buenos y malos, en la que dicho partido encarna por supuesto el primer papel.

La situación ha llegado a tal punto que todo aquel que considere que el TEPJF realizó una intervención indebida al conformar un consejo (acto para el que la ley no lo faculta) es calificado por el bando panista-perredista de priísta o cerverista; mientras que aquél que considere que el Congreso local incurrió en un desacato es, en la lógica priísta, un panista enemigo de la soberanía.

Conviene recordar que el núcleo inicial del problema se remite a la decisión sobre cómo debe conformarse el consejo electoral que se encargará de organizar los comicios de Yucatán, que se realizarían el 27 de mayo de este año.

El empantanamiento se agudiza y se ha prolongado debido a que, llegado este punto, la disputa de las partes por imponer "su consejo", representa una medición de fuerzas en la lucha por la gubernatura. Ambas partes suponen, y no les falta razón, que quien logre imponer su posición tendrá allanado el camino a la gubernatura. La lucha por el consejo se ha convertido en parte fundamental de la contienda electoral. Las cosas se agravan más aún porque, al parecer, no existe autoridad con legitimidad suficiente o con clara competencia para resolver el diferendo.

Por otro lado, los dos bandos apelan a su interpretación de la legalidad, y como la cuestión que pone en juego el bando priísta es la soberanía de Yucatán, el gobierno federal no se atreve a intervenir, pues hacerlo implicaría otorgar argumentos a aquéllos.

En un momento Fox dijo que debe acatarse al TEPJF, pero luego Creel apuntó que se respetará la soberanía y que el problema debe arreglarse en Yucatán. Y el conflicto sigue ahí, y las partes cada vez más beligerantes.

Para el PRI, el Congreso yucateco, o más bien la mayoría priísta, debería nombrar, sin regulación alguna, el consejo; para los opositores, el TEPJF. Dicho en otros términos: los priístas sólo reconocen la legitimidad de la legislatura estatal, en donde dominan. Los panistas y perredistas sólo aceptan al TEPJF, de donde saldría un consejo que le resulta afín. El problema ha cobrado dimensión nacional, pues diputados priístas de 23 legislaturas locales, en las que domina el PRI, se han sumado a la posición soberanista del PRI yucateco, conformando el Frente Nacional por la Defensa del Pacto Federal y la Soberanía de los Estados.

Y mientras tanto, se vive el absurdo de que los dos consejos tratan de comenzar a organizar las elecciones. El consejo del Congreso del estado informó el sábado 27 que ya instaló los doce consejos distritales electorales en todo el estado; por su parte el consejo del TEPJF, itinerante, sesiona ya en locales provisionales. La cuestión de los recursos y del acceso al padrón electoral está también en disputa.

Merece la pena observar cómo este caso nos muestra hasta qué punto la ciudadanización de los procesos electorales ha quedado anulada por la lucha entre partidos que intentan imponer "sus" consejos, así como por la falta de precisión jurídica. Ante esta situación, los políticos profesionales locales, sean del PRI, del PAN o del PRD, tratan de retorcer la ley en su favor, y los ciudadanos observamos una vez más cómo la ley es lo que menos les importa, y de qué manera cada grupo trata de acomodarla a sus intereses facciosos, pero eso sí, presentándose como representantes legítimos del pueblo, defensores de la legalidad y artífices de un cambio democrático que están lejos de perseguir. Unos y otros han confiscado la soberanía a los ciudadanos.