REPORTAJE

Los ejidos, amenazados por el ecocidio y los intentos de expropiación

En Xochimilco aún se lucha por la tierra

ROSA ROJAS /III

La palabra que mejor define la situación en el ejido de San Gregorio Atlapulco, delegación Xochimilco, es ecocidio.

Comunidad de raigambre zapatista, donde se recuerda con cariño y respeto a Emiliano Zapata, la solicitud de reconocimiento y titulación de tierras culminó, allá por 1918, con una dotación por la vía ejidal.

Como Xochimilco, San Gregorio es zona de chinampas. Sus tierras estaban entre las más productivas, no sólo del Valle de México, sino del país.

En 1972, 276 hectáreas se inundaron con aguas negras. Marcos Galicia Galicia, Santiago Venancio Chávez, Tomás Galicia Serrano y Pascual Nieto (este último hijo del coronel del mismo nombre, del Ejército Libertador del Sur, "reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional") cuentan que al parecer la inundación fue provocada, porque "el grupo turístico de Xochimilco quería un mayor nivel de agua para que pudieran transitar sus vehículos (trajineras). Se construyó un bordo de contención de agua que se filtra y nos inunda".

Los ancianos ejidatarios ?el menor tiene 70 años? pertenecen a la Alianza Zapatista del Pueblo de San Gregorio Atlapulco para la Defensa de las Tierras Ejidales. Comentan: ''cuando estuvo de presidente Carlos Salinas decretó la expropiación de, curiosamente, las 276 hectáreas inundadas, con el fin de mejorar el ejido y convertirlo en zona turística, pero el frente zapatista defendió las tierras que por malos manejos de las autoridades querían expropiarnos, porque esa tierra es la garantía que nos dejó Zapata y es patrimonio del pueblo".

El frente se dividió en cuatro grupos. Por eso se formó la alianza, que agrupa a un centenar de ejidatarios de 828 que existen ahí. Además hay otro grupo, el de Benito González, que defiende la tierra. En el pueblo, indican, hay como 15 mil habitantes, muchos de ellos fuereños que se asentaron irregularmente en tierras que eran de cultivo y de reserva ecológica, mediante compras ilegales de tierra.

Rescate del ejido, sólo con participación comunitaria

Durante un recorrido por lo que fue el embarcadero principal de Atenco, de donde salían hacia la ciudad de México hasta 10 carros diarios de verduras cultivadas en la chinampería, y por la zona antes cultivable, se pudo constatar el olor nauseabundo que despide la poca agua "tratada" del canal, que está a más de dos metros y medio abajo de lo que fue su nivel. La mitad de la chinampería y la mitad del ejido están inundados. Son 420 terrenos de chinampas ejidales, aparte de 220 chinampas particulares.

En las tierras que fueron de cultivo hay lagunetas hediondas. La superficie está ensalitrada por 10 años de inundación con aguas negras y cubierta por toneladas de escombro. Aquí y allá se observa alguna res o algún caballo pastando. El comisario ejidal, Raúl Páez, nunca contestó las llamadas que se le hicieron.

''El ejido se amparó contra la expropiación de 276 hectáreas y a propósito tiraron basura y cascajo contaminante para que no sembráramos. Fausto Rufino, que se autonombró comisario ejidal ?le pusimos demanda y lo desconocimos porque iba a favor de la expropiación?, quería que fuera centro turístico, pero no de ejidatarios sino de capitalistas. El cascajo lo tiraban empresas materialistas. Lucas Godoy y Fausto Rufino cobraban de 40 a 50 pesos por camión, pero cuando fuimos a protestar a la delegación vinieron con máquinas y regaron el cascajo en las tierras y lo aplanaron".

Además, en la zona hay saqueo de pasto para jardín y tierra negra; sacan 6 o 7 camiones diario.

"Hemos luchado más de 10 años, porque el gobierno quiere el ejido para su beneficio. Se decretó que nos iban a indemnizar por la expropiación. En 1989 se metió el amparo. El gobierno expropió el ejido de Xochimilco y más de la mitad del ejido de Atlapulco. Xochimilco aceptó la expropiación. En San Gregorio está el amparo y los afectados no han aceptado. Ofrecen 72 mil pesos por ejidatario; cada ejidatario tiene 6 mil 200 metros".

Agregan: "en el juzgado donde está el amparo, nos dijeron que tenemos derecho a la reversión de las tierras, que pongamos una demanda contra el Presidente de la República. Dicen que muchos ejidatarios ya cobraron la indemnización, pero lo que se cobró fueron los daños en la tierra".

"Lo que queremos como alianza es bienestar para nuestro ejido; sembrar árboles frutales, que haya granjas, invernaderos, producir forraje. Antes sacábamos de 80 a 90 bultos de 80 kilos de maíz cada uno por parcela de 6 mil 200 metros, o sea, de 6 a 7 toneladas por hectárea. Primero habría que desaguar el ejido; que construyan un camino del paraje Puente Urrutia hasta el canal de Chalco; que entre chinampería y ejido hagan un bordo de contención para que no pase el agua; que nos faciliten una máquina para dragar alrededor del ejido para deslindar las parcelas y sacar el cascajo, porque es un problema ecológico que afecta la filtración del agua".

"Queremos gestionar un canal ecoturístico, sin perjudicar a ejidatarios ni a chinamperos, con un recorrido de demostración agrícola para que conozcan la zona; puede haber trajineras que se embarquen en Puente Urrutia hasta Chalco, sin vender fritangas. Todos los ejidatarios están de acuerdo en que al borde de los canales se siembren árboles frutales".

Mencionan que debe frenarse también la sobrexplotación del acuífero. "Acá hay 15 pozos artesianos que se llevan el agua a la ciudad; en cambio, mandan agua tratada de Milpa Alta. Han sacado agua de aquí 80 años". Por eso hay hundimientos en parcelas y chinampas.

Don Pascual informó que en días pasados tuvieron una reunión con un funcionario, cuyo nombre dijo no recordar, enviado por el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, "para ver qué es lo que queremos; ya se lo dijimos".

Tierras invadidas

San Francisco Tlalnepantla está dividido entre las delegaciones Xochimilco, donde está el pueblo, Milpa Alta y Tlalpan; en la segunda tienen en conflicto 2 mil 700 hectáreas ?con San Salvador Cuauhtenco? y en la tercera se disputan mil hectáreas con San Miguel Topilejo.

La representante de Bienes Comunales, Angela Chávez Guzmán, y su esposo, Gabino Toledo Olivares, explican que a la comunidad le reconocieron y titularon sus tierras (5 mil 500 hectáreas) el 5 de marzo del año pasado, pero se ampararon porque el magistrado del tribunal unitario agrario 24 dejó fuera las 60 hectáreas del fundo legal por considerar que es zona urbana.

El resto de las tierras que están "invadidas" se están tratando de recuperar, incluyendo 39 hectáreas "que nos están invadiendo y están fraccionando" los del pueblo de San Mateo Xalpa.

Afirman que también tienen serios conflictos con San Miguel Topilejo, ya que si bien se firmó un acta de conformidad en 1974 fijando una línea que ambas comunidades respetarían mientras se hacían los trámites agrarios, "Topilejo no ha respetado; nos han invadido más tierras y ellos eran muy famosos vendiendo elotes y ahora están vendiendo lotes de tierras de San Francisco. No es tierra de ellos, ellos se están haciendo ricos. Del paraje Peña Ocotitla hasta La Trompeta, en Chichinautzin, nos han invadido. En Peña Ocotitla están vendiendo lotes a 150 pesos el metro, y son tierras que no les pertenecen y hasta letreros ponen".

En San Francisco, informa doña Angela, hay 316 comuneros censados y se agregaron otros 250 al censo original. Con todo y avecindados hay más de mil.

Menciona que ella ya estuvo presa tres días en el Reclusorio Norte. "Me metió un cacique, por defender las tierras de la comunidad. Me acusaron de difamación, primero Gabriel Vela y Gabriel del Valle, que fue representante de Bienes Comunales, porque un grupo de comuneros sacó un volante que decía que hay interés en especular con las tierras y vendérselas a Monte Sur, que encabeza Guillermo Bustamante Valencia, y me echaron la culpa del volante. Dicen que nos demandan pero nunca dan la cara en los careos; nunca se presentan ellos".

Doña Angela subraya que muchos de los comuneros se oponen a la venta de tierras, así como a que entre el Programa de Certificación de Tierras Comunales (Procecom), que están promoviendo el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional Indigenista (INI). Lo que les interesa, dice, es seguir cultivando su tierra y cuidando sus bosques y defendiéndolos, porque es el patrimonio de su pueblo.

Indicó que apenas en noviembre pasado acudió a la delegación Xochimilco a denunciar las bardas que se están construyendo en Paraje Ahuatla y en Coahuizopa, para cerrarse y fincar en zona agrícola y de conservación, pero el delegado nunca los recibió, "y el que nos recibió dijo que iba a venir y nunca vienen. Y yo no puedo parar la construcción, tiene que ser la delegación".