JUEVES Ť Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Especialistas del ICMDPCI pretenden definir una estrategia de desarrollo

Advierten mayor deterioro de grupos étnicos

Ť Las presiones sobre sus territorios generarán más flujos migratorios y economía informal

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA

En los próximos años, debido a las presiones sobre los territorios que ocupan comunidades indígenas se incrementarán los flujos migratorios, el deterioro ambiental y la economía informal. Además, en caso de no mediar una efectiva política de bienestar y desarrollo de los grupos étnicos del país, se fomentarán la desintegración social, conflictos y violencia en sus regiones, señala un análisis de la Instancia Consultiva Mexicana para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (ICMDPCI), organismo interinstitucional creado en 1999.

El diagnóstico -que considera a México como la nación latinoamericana con la mayor población indígena- vislumbra un aumento en el número de habitantes de esas comunidades (que superan los 10 millones, según el censo del 2000), con lo que persistirá el riesgo de que continúe la falta de seguridad jurídica y defensa cultural para esos pueblos.

En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) publicó ayer un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el que se identifican las 39 Regiones Prioritarias de Atención Inmediata, que por sus niveles de marginación requieren de una pronta atención gubernamental.

La Sedeso destaca que en la mayoría de esas regiones se asientan comunidades indígenas, que comprenden Chiapas, Oaxaca, la Huasteca, la Sierra Tarahumara y partes de Guerrero y Puebla. Considera que en seis zonas chiapanecas es urgente promover el desarrollo regional para favorecer fuentes de ingreso y empleo.

Subraya que la definición de las regiones prioritarias permitirá canalizar los subsidios considerados en el ramo 20, que establece que los recursos se destinarán "exclusivamente a la población de extrema pobreza", mediante la firma de convenios de la Sedeso con los gobiernos estatales en los que se definan los municipios a beneficiarse.

En el caso de Chiapas, las regiones prioritarias de atención inmediata son: selva, norte, Altos, sierra, Las Cañadas y la costa. Para Campeche, la región maya y Calakmul; en Chihuahua, la zona tarahumara; en Durango, las Quebradas y la Indígena Sur; en Guerrero, La Montaña, Costa Chica y Filo Mayor.

Para Hidalgo, la región otomí-tepehua; la Sierra Norte en Jalisco; la Meseta Purépecha en Michoacán; la sierra Nayar en Nayarit; el Istmo, Mixteca, Costa Chatina, Mazateca-Papaloapan y Sierra Juárez, en Oaxaca; la Sierra Norte y la Sierra Negra, en Puebla; la Sierra Soteapan y el Valle Uxpana en Veracruz, y el semidesierto de Zacatecas, entre otras.

De acuerdo con el estudio de la ICMDPCI (cuyo secretariado técnico recae en el Instituto Nacional Indigenista), la violación a los derechos humanos de las etnias del país es "notoriamente elevada" y uno de los conflictos más graves que enfrentan es la incursión de grupos dedicados al narcotráfico, que aprovechan la pobreza, incomunicación y aislamiento geográfico de algunos grupos.

Hace diez años, la población en edad de laborar que estaba desempleada en las localidades donde se asienta más de 70 por ciento de los hablantes de alguna de las 62 lenguas, ascendía a 59.38 por ciento.

Para 1997, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas, hubo un deterioro en el ingreso de dichos pobladores: 33.66 por ciento no registró entradas económicas; 32.46 recibía menos de un salario mínimo; 11.20, de uno a dos; 3.05 entre dos y tres; 2.75 entre tres y cinco, y 1.20 por ciento más de cinco mínimos.

"La aguda pobreza y alta marginalidad permanecen como signos estructurales de la vida de los pueblos indígenas de México. Actualmente se perciben de manera grave las consecuencias de la descapitalización del campo, la falta de inversión productiva, la baja productividad, los altos niveles de erosión del suelo y las escasas posibilidades de agregar valor a sus productos. Esta situación se agrava por el hecho de que, debido a su pobreza y a la incapacidad para probar la posesión sobre la tierra, en muchas ocasiones no son considerados sujetos de crédito financiero."

A la ICMDPCI le queda claro que la marginación, junto a factores como la disputa de recursos, la falta de distribución y la discriminación de minorías "puede fomentar una situación de conflicto social. La pobreza es un fenómeno que se puede resolver en el ámbito económico, con el incremento del empleo digno y una mejor redistribución del ingreso, con el fin de que (las etnias) accedan a una vida digna, a la justicia, seguridad, educación, salud, alimentación, vivienda, a un medio ambiente limpio y a un entorno habitable", y promueve la definición de una "estrategia de desarrollo económico" y la puesta en marcha de políticas acordes con la realidad de los grupos étnicos.