JULIETA BECERRIL

A finales de 1999, la opinión pública se conmocionó con el caso de Paulina, la niña de 13 años que fue violada y resultó embarazada, y a quien médicos y autoridades de Baja California le negaron la posibilidad de abortar, pese a que legalmente existían todos los argumentos a su favor; con ello, Paulina sufriría una segunda violación a sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Por desgracia, el caso de aquella menor no es el único. Diariamente cientos de mujeres y hombres son víctimas de vejaciones relacionadas con su sexualidad.

La sociedad mexicana, que ha tenido la suficiente madurez para realizar una transición política sin mayores aspavientos, aún se muestra incapaz de garantizar de manera plena los derechos sexuales a la mayoría de su población, en parte por el desconocimiento de su existencia y porque poca gente se preocupa por fomentarlos y promover su defensa.

Por el contrario, a diario los centros de salud, las escuelas, el hogar y los centros de trabajo reproducen el maltrato, la agresión, la desinformación, la discriminación de índole sexual y toda una serie de tabúes que lejos de favorecer el ejercicio pleno de la sexualidad y todos los derechos queello implica, lo obstaculizan; convirtiéndose así en instituciones reproductoras de violaciones constantes a esos derechos.

Por dónde empezar

La dificultad de entender la relación que existe entre la sexualidad y los derechos humanos (más allá de los delitos sexuales) radica en buena medida en la hiperinflación existente de los derechos. Y aunque parezca exagerado, casi a diario surgen nuevos derechos humanos, lo que provoca un desgaste del término. De ahí la suspicacia que despierta el término "derechos sexuales". Por esa razón, resulta todo un reto para las organizaciones de mujeres y de educación sexual, entre otras, incluir esos derechos dentro del catálogo de derechos fundamentales a nivel nacional e internacional.
 

¿Cómo defender algo que no se conoce, no se sabe que existe y mucho menos para qué sirve? Por ello, algunos especialistas y defensores del derecho se han dado a la tarea de intentar definir este nuevo concepto de los derechos sexuales. Pedro Morales, abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) los define como "la potestad de todo ser humano de ejercer, en las mejores condiciones posibles, su sexualidad dentro de los límites impuestos por el respeto de la libertad sexual de los demás, sin que tal ejercicio esté sujeto a condicionamiento alguno, por cuanto hace a la imposición de un fin diverso a la sexualidad en sí misma considerada".

Por su parte, la jurista Ester Martínez Roaro, autora del libro Sexualidad, derecho y cristianismo. Visión bioética desde una perspectiva de género, entrevistada por Letra S afirma que dichos derechos se deben entender como "la facultad de hacer lícitamente todo aquello que referido a los ejercicios de la sexualidad no estuviera prohibido, teniendo presente que todo lo que no está expresamente permitido al órgano de gobierno le esta prohibido. En sentido inverso, el principio rige para los ciudadanos".

En síntesis, se trata de una gama de derechos encaminados a garantizar el libre ejercicio de la sexualidad, sin la injerencia del Estado. Por su naturaleza, esos derechos estarían contenidos en los derechos a la igualdad, a la libertad (y por tanto a la no discriminación), a la privacidad, a la libertad de pensamiento, a optar por contraer matrimonio o no, así como a formar o planear una familia, a decidir tener o no hijos y cuándo hacerlo, y a la protección de la salud. Sin embargo, y de acuerdo con los defensores de los derechos sexuales, este marco jurídico no es suficiente para garantizarlos, aunque, como afirma Sylvia Isabel Martínez en su tesis de licenciatura "Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en México y su relación con los derechos humanos" de la Universidad La Salle, si esos derechos se respetaran plenamente, casi no tendríamos problemas en cuanto a los derechos sexuales.

Y aunque pudiera pensarse que nuestra Constitución Política, así como las leyes federales y locales garantizan esos derechos, resulta sorprendente constatar que en la vida cotidiana no sucede así. Isabel Martínez resume de esta manera la situación jurídica de los derechos sexuales en México: "hay una 'protección penal' de la libertad sexual, existe una subordinación de la sexualidad a la procreación en materia de derecho familiar, hay discriminación y no hay un reconocimiento explícito de la libre sexualidad".

Con una visión mucho más jurídica que política, Ester Martínez Roaro señala que es necesario dar congruencia a los ordenamientos jurídicos que supuestamente se desprenden de la Constitución federal pero que pervierten las garantías individuales. "Con frecuencia los reglamentos municipales violan algunas garantías constitucionales", dice y ejemplifica: "En Aguascalientes, existe y se aplica la disposición del Código Civil estatal que aún dispone el depósito de la mujer casada en caso de divorcio, pese a que desde 1974 se ratificó constitucionalmente la igualdad de la mujer y el varón ante la ley. En provincia es frecuente que a las trabajadoras sexuales les impidan las salidas de las zonas de tolerancia y el libre tránsito en determinadas áreas", como en el escandaloso caso del alcalde panista de Veracruz, Ramón Gutiérrez de Velasco, quien le declaró la guerra a las "prostitutas" y travestis del puerto en su cruzada medieval contra la "inmoralidad".
 
 

Desinformación y abusos

Mujeres a quienes se colocan dispositivos intrauterinos o se realiza la ligadura de trompas sin consentimiento o bajo presión, hombres a quienes no se respeta su confidencialidad cuando se les diagnostica alguna infección de transmisión sexual, mujeres adolescentes que inician su vida sexual bajo coerción o violencia o que no pudieron evitar quedar embarazadas por la falta de información y acceso a los anticonceptivos, madres lesbianas a quienes se les despoja de la tutela de sus hijos, travestis golpeados sólo por su atuendo, hombres gay asesinados por homofobia, niñas indígenas que son vendidas por sus propios padres, madres imposibilitadas para decidir el número de hijos que desean tener, etcétera. Por desgracia, las violaciones a los derechos humanos relacionados a la sexualidad son historias comunes sufridas por miles de personas que, por falta de una cultura jurídica, no saben a dónde o a quién acudir en busca de apoyo.

Sandra tiene 20 años, y vive varios dramas. Hace un año se embarazó, ella y su novio Gerardo, dos años menor que ella, decidieron recurrir al aborto, pero ninguno de los dos supe qué hacer o a quién acudir. La casualidad los llevó a caer en las manos de un miembro de Pro Vida, quien les propuso tener al bebé y darlo en adopción; desesperados y sin encontrar respuestas, finalmente decidieron tenerlo, y cuando nació, Gerardo lo llevó al domicilio de la organización que preside Jorge Serrano Limón, trató de dejárselos pero no lo aceptaron pues dijeron que no era tan fácil, por lo que tuvo que regresarlo a brazos de Sandra, quien para cuidar a su hijo abandonó sus estudios y se salió de su casa.

Sandra y Gerardo no se atrevieron a usar algún anticonceptivo porque el miedo y la enorme culpa que les infundía el sexo los paralizó. En su localidad está muy mal visto que una joven soltera ande indagando sobre el tema y él pensaba, típicamente, que eso era un problema de ella. Del método de anticoncepción de emergencia nunca habían oído.

Luego de dar a luz en una clínica del Seguro Social, Rosario, de 38 años, se enteró que los médicos le colocaron un dispositivo sin consultarla. "Es cierto que yo no deseo tener otro hijo por el momento, pero nadie se tomó la molestia de preguntarme si quería que me colocaran el DIU, yo prefiero las inyecciones porque ese artefacto sólo me provoca serias alteraciones menstruales", relató.

La historia de Arturo es la de miles de homosexuales forzados a abandonar su lugar de origen, por lo regular pueblos o ciudades pequeñas, donde no pueden expresarse libremente debido a la intolerancia prevaleciente. El ahora vive exiliado en una gran ciudad donde por lo menos no tiene que fingir todo el tiempo lo que no es ni impostar la voz. El vive lejos de su familia desde los 18 años: "Uno tiene que emigrar, pues la gente que te rodea no lo entiende, aunque lo intuye, es como un secreto a voces. Para mi familia es mejor tenerme lejos, vivir en la creencia de que soy alguien diferente a lo que soy realmente, y yo por mi parte, hacer como que creo que soy lo que ellos quieren que sea."

Muchas de esas vejaciones a los derechos sexuales de las personas tienen consecuencias jurídicas, pero la gente no lo sabe, ¿a dónde acudir cuando alguien considera que sus derechos sexuales han sido violentados? Ester Martínez Roaro responde de forma muy puntual. Depende de la naturaleza jurídica del derecho sexual violado, dice y agrega, si es de naturaleza penal (violación, rapto, incesto), se debe acudir al Ministerio Público; si la falta es de origen penal administrativo (mano tentona sobre partes pudendas sin otra intención que manosear, exhibición, señas obscenas), a un juez calificador. Si es civil (relaciones de parentesco, divorcio, reconocimiento de la paternidad), a un juez familiar o civil. Si es laboral (incapacidad por maternidad, riesgos de trabajo sobre la concepción o embarazo), inicialmente a las procuradurías del Trabajo y luego a las juntas laborales.

Ester Martínez lamenta la incultura jurídica que vivimos, "donde el gobernado poco sabe sobre sus derechos y mucho menos a quién compete o quién lo oriente y el Estado muy débilmente atiende a la formación de esta cultura".

Reivindicar el placer

La defensa de los derechos sexuales responde a una visión más integral de la sexualidad humana, más allá de la óptica de la epidemiología y las infecciones de transmisión sexual, de la demografía y su preocupación por la reproducción y la regulación de la fecundidad, del tratamiento de las disfunciones sexuales, o de la penalización de los delitos sexuales. Mirar a la sexualidad a través del prisma de los derechos humanos es adoptar una visión mucho más reivindicativa e integradora de la sexualidad. David Barrios, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), que agrupa a más de 3 mil especialistas, y uno de los más entusiastas promotores de los derechos sexuales, entrevistado por Letra S, define a la sexualidad humana como "el vínculo más profundo entre los seres humanos, de cuya realización efectiva depende el bienestar de las personas".

Para Barrios los derechos sexuales implican que todas las personas tienen derecho a vivir una vida sexual satisfactoria y segura. Es decir que nadie puede ser violentado en su sexualidad, y que a cada persona le corresponde decidir en qué momento y con quién relacionarse sexualmente. En ese sentido, dice, la reivindicación del placer es pieza fundamental de los derechos sexuales: "todo lo que se relaciona con la satisfacción del deseo, de la excitación y del orgasmo es fuente de salud sexual". Y por el contrario, la represión de ese deseo es fuente de múltiples problemas: "Toda energía busca su salida, cuando una persona cancela o reprime su impulso sexual, su expresividad erótica, amorosa, se daña internamente, en su emoción, en su autoestima." Reprimir las motivaciones sexuales o sentirse fuera de los parámetros de lo "correcto", sufrir la invasión del espacio privado o un atentado a la integridad corporal, como el caso de los ataques sexuales, o ser víctima del rechazo y la discriminación por razones sexuales, continúa explicando David Barrios, además de influir en la autoestima, genera ansiedad existencial, perjudica la calidad de las relaciones afectivas o provoca problemas sexuales o de la vida erótica como la disfunción eréctil, la no lubricación, la anorgasmia y la falta de deseo sexual. "La agresión, la frustración, la depresión serían las secuelas lógicas de la represión sexual y erótica".

El defender y promover el respeto de los derechos sexuales, ayudaría a generar "normas prácticas de convivencia social más sanas", concluye el reconocido sexólogo y terapeuta sexual.

Periodista.