SABADO Ť 3 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť México se colocó a la vanguardia en la justicia humanitaria, asegura el defensor
La decisión, hito en la jurisprudencia mundial: Slepoy
BLANCHE PETRICH
El gobierno británico tuvo en sus manos, en noviembre de 1998, la posibilidad de marcar un hito en la historia del derecho universal cuando dio curso al proceso de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet. Pero cinco meses después -marzo de 1999- la abortó. Hoy, la cancillería mexicana dio ese paso ante el cual Londres titubeó. Y México se colocó a la vanguardia de una tendencia del mundo contemporáneo que busca aplicar la justicia humanitaria sin fronteras.
Carlos Slepoy, uno de los abogados que representan a decenas de sobrevivientes y a familiares de desaparecidos durante la guerra sucia en Argentina ante la Audiencia Nacional de España, señala que con el acuerdo emitido ayer en Tlatelolco, que concede la extradición del ex director de la Escuela de Mecánica de la Armada, se abre la vía para que por primera vez en la historia se aplique el derecho universal en materia de derechos humanos. España pretende juzgar al individuo por crímenes contra la humanidad -genocidio, desaparición forzosa y tortura-- cometidos en un segundo país. Y es México, una tercera nación, quien ofrece esta posibilidad, al resolver positivamente el proceso de extradición.
Al jurista no le preocupa "como un riesgo para la extradición" la posibilidad de que la defensa de Cavallo apele la decisión e inicie, a partir de ahora, un proceso de amparo que podría retrasar la entrega del ex director del Renave a la policía española entre ocho y 16 meses. "Sabemos que en México un juicio de amparo puede ser largo y demorado, pero sinceramente esperamos que los jueces mexicanos tengan conciencia de la trascendencia de este caso; que comprendan que este tipo de criminales, los genocidas, son los primeros que deben ser juzgados y apliquen toda la celeridad posible. Confiamos que serán sensibles, que evitarán chicanas procesales. Hasta ahora el proceso ha caminado con mucha agilidad, los plazos han sido cortos y esto puede ser un buen ejemplo".
Tampoco teme que el reclamo del principio de territorialidad para juzgar a Cavallo en Argentina, reivindicado en Buenos Aires apenas el jueves por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, pueda entorpecer y frustrar la entrega del ex marino a las cortes españolas. "Este pronunciamiento tiene una intención fraudulenta", dijo Slepoy, pero la consideró poco viable. Si Argentina reclamara a Cavallo para juzgarlo ahí, tendría que ser por algo tan grave como por lo que se le acusa en España, o sea, genocidio. Y desde luego, expresó, que ese sería el escenario ideal, pero para ello tendrían que anularse la Ley de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos que han puesto a salvo de la justicia a centenares de genocidas y torturadores.
En opinión del abogado argentino residente en Madrid, la determinación de la cancillería mexicana "es incluso mejor" que la reciente resolución del juez Luna, emitida el 12 de enero, ya que en el acuerdo de ayer la SRE resuelve que el procesado sea juzgado en España no sólo por los delitos de genocidio y terrorismo sino también por tortura.
Hace tres semanas, aunque felices por la resolución jurídica del magistrado Luna, los dos abogados que representan a los querellantes argentinos ante la Audiencia Española, Slepoy y Manuel Ollé, habían quedado con una pequeña espina, ya que el titular del sexto juzgado del fuero federal estimaba que Cavallo debía ser extraditado por genocidio y desaparición forzosa, pero consideró improcedente el delito de tortura por ser prescriptible. Los defensores discreparon del jurista mexicano por estimar que, como delito de lesa humanidad, la tortura es un crimen que no prescribe ante la ley. Para ellos, los términos de la decisión del canciller mexicano subsanan la resolución anterior.