SABADO Ť 3 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Su primo lejano participó en la caravana de la muerte
Descubren que el juez que encausa a Pinochet es pariente de un represor
ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL
Santiago, 2 de febrero. El juez Juan Guzmán Tapia, quien instruye el procesamiento contra Augusto Pinochet, podría ser recusado al descubrirse que tiene parentesco lejano con un militar que participó en la llamada caravana de la muerte, en tanto que la acusación apeló para la ampliación de cargos contra el ex dictador.
El periódicoo El Metropolitano dio a co-nocer este día que el mayor del ejército Carlos López Tapia fue uno de los tres principales oficiales de la comitiva que en octubre de 1973 fue al norte del país, encabezaba el general Sergio Arellano Stark, y co-metió el secuestro y homicidios de 75 opositores políticos de izquierda, por cuya cau-sa se declaró el arresto domiciliario y el procesamiento de Pinochet.
En conversación telefónica el magistrado confirmó el parentesco con Carlos López Tapia, al señalar que su madre, Raquel Ta-pia Caballero, es hermanastra de la madre del militar, Laura Tapia Ramírez, y que has-ta el pasado jueves se enteró de la existencia de su pariente en cuarto grado.
Será hasta el próximo lunes, dijo, que lo conocerá en una reunión familiar.
Sobre si esta situación podría afectar su continuación a cargo del caso, respondió no saberlo pero consideró que lo que sí es un hecho es que él no podrá interrogarlo ya que la ley se lo impide por ser familiares, y dijo confiar en que López Tapia "no tenga nada que ver con los hechos".
La parte acusadora descartó que el parentesco descalifique al juez. El diputado y abogado querellante Juan Bustos estimó que "no sería ningún problema desde el punto de vista procesal el hecho de que exista un primo dentro de las posibles personas ya sea inculpado o testigo", y apuntó que "hay que ver cuál es la calidad que tendría dentro del proceso López Tapia".
No obstante, explicó que si el primo es testigo, el magistrado no tendría por qué inhabilitarse. En contraposición, reconoció, si llega a ser procesado como inculpado, entonces el juez podría ser inhabilitado.
Pero El Metropolitano anotó que "existen escasos antecedentes que permitan especificar qué papel" desempeñó el mayor.
Otro de los querellantes, el abogado Hu-go Gutiérrez, dijo no creer que en principio este asunto afecte en nada al magistrado Guzmán Tapia, debido a que "él ha demostrado actuar con imparcialidad y con claridad y transparencia en el proceso, que no es motivo ni causal que le evitarán continuar al frente de la investigación".
De momento la defensa se abstuvo de ha-cer comentarios, pero hasta hace unas se-manas intentó en varias ocasiones que Guzmán Tapia fuera retirado del caso, al presentar diversos recursos alegando falta de imparcialidad y una serie de irregularidades, por lo que analistas políticos no descartaban que pudiera aprovechar esta co-yuntura para impugnarlo nuevamente.
El ministro del Interior, José Miguel In-sulza, calificó como "una respuesta más que adecuada" la actitud del ejército frente al proceso y detención domiciliaria de Au-gusto Pinochet, y que su reacción frente a la situación por la que atraviesa su ex comandante en jefe ha sido "muy prudente, muy razonable y creo que ellos van a esperar, con la preocupación que sabemos que tienen, lo que ocurra con los recursos que presente la defensa del senador Pinochet".
Por otra parte, los querellantes solicitaron en la Corte de Apelaciones la ampliación de los cargos contra Pinochet por los delitos de asociación ilícita, inhumación y exhumaciones clandestinas y aplicación de tormentos, en el caso caravana de la muerte.
En tanto, el octavo juzgado del crimen capitalino acogió a tramitación una querella de la abogada Julia Urquieta, quien acusó a los comandantes en jefe de las fuerzas ar-madas y al jefe de carabineros de "obstaculizar la justicia", al acusarlos de ocultar in-formación sobre los desaparecidos. La de-terminación judicial, sin embargo, no tiene por el momento ningún efecto práctico.
En este marco, a 231 llegan ya las querellas en contra del ex dictador, luego que el abogado de los derechos humanos Nelson Caucoto presentara ocho más por el secuestro y desaparición de 10 personas.