SABADO Ť 3 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Aseguran que las autoridades no toman en cuenta que portan amparos vigentes
Conductores de taxis protestan por detenciones
Ť Tipificar el delito de transportación ilegal ha provocado "cacería de brujas": Mota
LAURA GOMEZ FLORES
Representantes de organizaciones de transportistas se manifestaron en contra de la detención y remisión al Ministerio Público de los conductores de taxis y microbuses, sin tomar en cuenta que portan amparos vigentes o presentan conflictos de titularidad.
La falta de planeación y visión de largo plazo de las autoridades ha provocado no sólo una sobreoferta de servicios, sino que de las 140 mil unidades en circulación, una de cada ocho presenta alguna irregularidad en su documentación; además, la proliferación de vehículos pirata, que suman alrededor de 10 mil.
A nombre de los inconformes, Luis Enrique Mota Balderas, presidente nacional de Comunidad 2000 por los Derechos Humanos y Sociales, señaló que la tipificación en el artículo 100 de la Ley de Transporte, el delito de transportación ilegal de pasajeros ha provocado una "cacería" contra los prestadores del servicio concesionado
En conferencia de prensa denunció que en esta situación se vieron involucrados 11 personas, entre ellas Humberto Romo y Bernardo Sotelo, a quienes se les aplicó una sentencia de 2 años 8 meses, y su inhabilitación para conducir nuevamente.
A ello se suma la situación de corrupción a que deben enfrentarse para pasar la revista o tratar de regular su situación, pese a los constantes compromisos de las autoridades de erradicar este problema en que se ve envuelto este sector que atiende aproximadamente a 6 millones 250 mil personas al día.
El representante de la sociedad civil con un padrón de 10 mil agremiados mencionó que de 1980 a la fecha el crecimiento anual de combis y microbuses ha sido 73.5 por ciento, mientras el de taxis se duplicó por la falta de planeación y cambios de programa cada tres o seis meses sin consenso del gremio.
Así que ahora les toca a las autoridades transporte acabar con esta política de hostigamiento y agresión y regular el servicio a fin de que la gente con derechos no siga siendo tratada como criminal, afirmó.