La decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de conceder la extradición a España del argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Miguel Angel o Sérpico, quien fue aceptado por el gobierno de Zedillo como director del malogrado Registro Nacional de Vehículos y sobre quien pesan cargos de genocidio, tortura y terrorismo, es una medida sin precedente que honra a México y contribuye a fortalecer la vigencia universal de los derechos humanos y la legalidad internacional. Es, además, un triunfo de la memoria de las víctimas sobre la impunidad de los poderes dictatoriales, como lo ha sido la larga batalla judicial --iniciada en España, proseguida en Inglaterra, y que actualmente se dirime en Chile-- para castigar conforme a derecho a Augusto Pinochet por las innumerables atrocidades que cometieron él y los militares golpistas bajo su mando.

Ciertamente, Cavallo dispone de un plazo legal para promover un juicio de amparo contra la resolución de la cancillería, pero sus posibilidades de ganarlo no son muchas, habida cuenta de que tanto el Poder Judicial, en primera instancia, como el Ejecutivo, por medio de la SRE, han reconocido la pertinencia de la causa iniciada por el juez español Baltasar Garzón contra el acusado, y han considerado suficientemente fundamentada la solicitud de extradición del presunto multiasesino, torturador y secuestrador que operó, en los años setenta y ochenta, en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) de Buenos Aires. A este respecto, resulta ejemplar y aleccionador el trato decoroso que el ex militar argentino recibe en México y el que disponga, aquí, de todas las garantías y derechos que le otorga la ley, a diferencia de lo que él y sus superiores hicieron a miles de argentinos y ciudadanos de otras nacionalidades: degradarlos, secuestrarlos, lesionarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos, robarles a sus hijos y saquear sus domicilios, sin siquiera un remedo de formalidad legal y a contrapelo de los valores éticos y humanos más elementales.

En otro sentido, la luz verde a la extradición de Cavallo obliga a preguntarse, una vez más, las razones por las cuales las máximas autoridades federales del sexenio pasado dieron su visto bueno a un sujeto con tales antecedentes para que ocupara un cargo tan delicado como la dirección general del Renave. Tanto si se trató de ignorancia e ineptitud, como si hubo conocimiento --y ocultamiento al público-- de las responsabilidades que se atribuyen al inculpado, resulta moralmente necesario que el actual gobierno investigue a fondo las condiciones en las que se desarrolló la turbia historia de ese engendro tecnocrático que polarizó al país, generó innumerables problemas y dejó un saldo de dos muertos, además de un descrédito institucional sin precedente. El esclarecimiento de esos hechos --y de las otras historias oscuras del pasado-- es una asignatura pendiente ineludible para el Ejecutivo que encabeza Vicente Fox.

Al margen de ello, cabe hacer votos por que el proceso de extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo siga su curso sin contratiempos y que el presunto criminal sea llevado ante el juez Garzón para que responda a las múltiples acusaciones en su contra. La decisión anunciada ayer por la SRE es un paso fundamental en esta vía; es, también, un dato de esperanza sobre la vigencia internacional de los derechos humanos, un gesto de desagravio a la memoria de las víctimas de la dictadura militar argentina y un motivo de alivio para los sobrevivientes de la atrocidad y para todas las personas de buena voluntad que desean un mundo sin asesinos y torturadores, sin autoritarismos genocidas, tumbas anónimas ni desaparecidos políticos.