DOMINGO Ť 4 Ť FEBRERO Ť 2001

Rechazan decisiones agrarias dictadas "desde arriba"

Ejidatarios y comuneros del DF exigen ser tomados en cuenta

Aunque casi concluye el rezago de fallos en los Tribunales Unitarios, crece lo que la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades de Anáhuac denomina "rezago judicial", pues las sentencias que van dictando los magistrados son recurridas por juicios de amparo. Asimismo, pide la existencia de coordinación interinstitucional e interestatal para resolver los problemas del campo

ROSA ROJAS/VI Y ULTIMA

En tanto los gobiernos federal y del Distrito Federal se ponen de acuerdo en cuál será el curso para resolver los problemas agrarios en la ciudad de México, los núcleos agrarios que participan en la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac exigen ser tomados en cuenta a la hora de la definición de políticas y no ya sólo como simples partes operativas de decisiones tomadas desde arriba.

Mientras, la mancha urbana crece, los problemas se agravan y algunos entran en un cauce de conflicto social en el que también tendrán su parte, en las zonas de alto riesgo donde hay asentamientos irregulares, las fuerzas de la naturaleza.

Por una parte, aunque casi se concluye el rezago agrario en los Tribunales Unitarios Agrarios, sigue creciendo lo que Carlos González y Alejandra Vargas, asesores legales de la alianza, denominan "rezago judicial", en razón de que las sentencias que van dictando los magistrados en los juicios son recurridas mediante juicios de amparo por ejidos y comunidades.

Por otra parte, está el brutal abismo entre los ingresos que perciben los ejidatarios y los comuneros por sus actividades agrícolas, frente a lo que obtienen por la venta de sus tierras, sea ésta en forma ilegal -como históricamente ha ocurrido-, o legal, mediante la aportación de tierras a inmobiliarias ejidales. Este mecanismo sólo funcionó en el ejido de San Mateo Tlaltenango.

Así, de acuerdo con cálculos del Gobierno del Distrito Federal de agosto de 1999, la utilidad por uso del suelo en la agricultura era el siguiente: en el cultivo de maíz, 2 mil 140 pesos por hectárea; avena, 6 mil 925 pesos; nopal, 13 mil 170 pesos; flores, 25 mil 960 pesos; hortalizas, 19 mil 440 pesos; frutales, 28 mil 50 pesos, y praderas, 28 mil 50 pesos por hectárea.

En cambio, por la venta de la tierra para uso urbano, con precio de venta alto, la utilidad era de 35 millones de pesos por hectárea; con precio medio, de 12 millones de pesos, y con precio bajo, 2.5 millones de pesos por hectárea.

Las ciudades deben pagar

"Tiene que haber una negociación justa y razonable" entre las ciudades y los ejidos y comunidades propietarios de la tierra y los recursos naturales por el agua, el cuidado del bosque y el oxígeno que se les entregan; "no puede ser que nosotros como comunidades seamos los mozos de ellos", indicó Mario Flores Juárez, presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Atlapulco.

Aunque la cabecera de esta comunidad está en el municipio de Ocoyoacac, estado de México, posee 200 hectáreas en Cuajimalpa y 70 en Magdalena Contreras, donde también tienen problemas con cinco asentamientos irregulares impulsados por campesinos de la CNC "que se dicen comuneros de San Lorenzo Acopilco, delegación de Cuajimalpa".

Citó como ejemplo que San Pedro Atlapulco -comunidad ñahñú- tiene un contrato con el municipio de Huixquilucan, que paga 700 mil pesos por la entrega de agua en dos años cuatro meses. Un convenio similar se tiene con el de Lerma, aunque "ya están renuentes a continuarlo" a raíz de que la Semarnat está concesionando el agua comunal a los municipios de Lerma y Capulhuac.

Planteó la necesidad de que haya coordinación interinstitucional e interestatal para atender los problemas agrarios y ambientales, ya que actualmente las autoridades se pelotean las denuncias y no las resuelven.

Así, en 1998 se instauró una denuncia por tala ilegal de árboles contra gente que se dicen comuneros de San Lorenzo Acopilco. "Esa superficie forestal representa mucho porque de ahí emanan los manantiales que surten de agua a Huixquilucan, Lerma y el DF, ahí está el parque nacional Miguel Hidalgo. La denuncia se hizo por daño ambiental en la delegación de la Profepa en el estado de México, ésta se declaró incompetente y la envió a la delegación de la Profepa en el DF, pero nunca se resolvió. Mientras, se están lotificando en esa zona cerca de 10 hectáreas, removiendo suelo forestal y ya los fraccionadores habían cercado una hectárea con alambre".

A San Pedro Atlapulco se le reconocieron, en 1946, 7 mil 110 hectáreas, de las que 3 mil 800 son bosques de oyamel. Flores Juárez informó: "la comunidad está en posición de defender su territorio; la comunidad es tan arraigada que en 1974 se dio un choque y hubo hasta muertos. No se ha visto la viabilidad de fraccionar, estamos recelosos de integrarnos a un plan de desarrollo".

Indicó también que personal del sector agrario federal fue a tratar de impulsar el Programa de Certificación de Derechos en las Comunidades (Procecom, equivalente del Procede en ejidos), pero la asamblea se negó a aceptarlo.

La agenda del sector agrario

Justamente la propuesta del sector agrario para atender la "situación agraria" a partir de la problemática ya identificada en el Distrito Federal, incluye, según informó en entrevista el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en el DF, Franco Vargas, la aplicación del Procede en "ocho núcleos viables", es decir, en los que no haya problemas de límites ni proliferación de asentamientos humanos irregulares.

Para ello tendría que constituirse el comité estatal de Procede, previa constitución del comité agrario estatal, mediante concertación del sector agrario con el Gobierno de la ciudad, por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Comisión de Asuntos Agrarios del DF (CAADF), respectivamente.

La directora de la CAADF, Ruth Cecilia Carter Bravo, informó que se darán los pasos conducentes al efecto.

Respecto del Procede, la funcionaria manifestó: "yo no lo he platicado con el jefe de Gobierno (Andrés Manuel López Obrador), pero nosotros en esta área sí tenemos una oposición al Procede", porque propiciaría que se acelere la venta de la tierra y su conversión a uso urbano.

En este argumento coinciden comuneros y ejidatarios miembros de la alianza. Aunque se buscó, no fue posible obtener el punto de vista de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC en el DF.

En relación con el Procede, el director general de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, Héctor Robles Berlanga, estimó que la certificación de derechos no necesariamente va asociada a la venta de la tierra. A nivel nacional, de 30 mil núcleos agrarios -entre ejidos y comunidades- 22 mil se han realizado el Procede, lo que indica "que hay un fenómeno importante de necesidad de tener certeza de su propiedad".

Informó que desde que se instituyó el Procede la venta de tierras en el país es de 5 por ciento y "ya se vendían tierras antes de la modificación de la ley".

Franco Vargas informó que hay cuatro núcleos agrarios que por su cuenta -la Ley Agraria se los permite- están impulsando la "regularización de la tenencia de la tierra", pagando ellos los servicios técnicos para medir sus predios. Estos son: San Francisco Tlaltenco, que ya lleva avanzados los trabajos, y "hay interés" en Mixquic, el ejido de Tláhuac y también San Miguel Ajusco.

Carter Bravo informó, a su vez, que la CAADF impulsará proyectos productivos, agropecuarios y turísticos, dado que la defensa de las áreas rurales frente al crecimiento de la mancha urbana pasa por hacer atractivo para ejidatarios y comuneros el trabajar su tierra.

Solución a tenencia

También se buscará resolver la tenencia de los posesionarios en las zonas rurales -que no tienen el carácter ni de ejidatarios ni de comuneros, por lo que se les dificulta la obtención de créditos- e intervenir en los juicios agrarios en la representación de ejidos y comunidades que así lo soliciten.

Franco Vargas informó que otros aspectos del programa del sector agrario federal para el DF son: la división de 24 ejidos, que tienen 39 fracciones de tierra en siete estados del país; la consolidación de la situación jurídica de las 270 expropiaciones por más de 20 mil hectáreas que se han hecho en el DF; definir un procedimiento para la terminación o extinción del régimen ejidal para 22 ejidos que ya no tienen tierras.

Asimismo, la conformación de la carta agraria-ecológica del DF, en la que ya se tienen digitalizados en el sistema de información geográfica, la totalidad de los polígonos de 87 ejidos y siete comunidades, así como de 227 de las 270 expropiaciones, más la información del catastro urbano y del ordenamiento ecológico.

En relación con el Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (Piso), la propuesta del sector agrario para la creación de inmobiliarias ejidales plantea "la identificación de áreas de propiedad social susceptibles de utilizar mediante inmobiliarios (sic) con base en la carta agraria".

En cuanto al Piso, la alianza manifestó su rechazo: "Sin duda alguna esta política no favorece ni a nuestros pueblos, que verán destruidos los fundamentos de su existencia, ni a las clases populares, como falsamente se plantea, que verán incrementado el valor del nuevo suelo urbano, mismo que quedará a merced del gran capital inmobiliario, como ocurre ya en el ejido de San Mateo Tlaltenango".