DOMINGO 4 DE FEBRERO DE
2001
Desaparecidos en Guerrero
Tras las huellas de los torturadores
A lo largo de siete meses, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recogido las huellas de la "guerra sucia" que tuvo lugar en el estado de Guerrero en los setenta: pronto dará a conocer la información preliminar de 293 expedientes, 111 de los cuales ya están documentados. Este hecho coincidirá con la ratificación de las declaraciones de víctimas y testigos que señalan como responsables de torturas y desapariciones al ex presidente Luis Echeverría y varios funcionarios de su administración
Laura CASTELLANOS y Guillermo QUINTERO
El trío uniformado se divertía con la guitarra. Su selecta audiencia escuchaba de espaldas a una barda, a la intemperie. "Al llegar al paredón Valentín quiso llorar". Los hombres y la mujer de pie, vendados los ojos, atados con cables, escuchaban. "Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar". Las botas pasaron sobre los pequeños pies de José Luis, quien había atisbado entre las vendas el manoseo a una mujer llorosa de nombre Adela.
Días después llegó. Desnudo, escurriendo, aterrado, le llevaron a José Luis. Le quitaron la venda. Lo vio. El general era un hombre alto, gordo, de pelo lacio; vestía de gris y llevaba insignias. Le dijo: "Hijo, tú no tienes la culpa de estar aquí, tú y tu hermano", y le preguntó por "el tal" Lucio Cabañas. No sabía nada. El general dio la orden. Se reinició la sesión.
El cuerpo endeble fue sumergido fácilmente en la pileta para, al punto, ser arrancado de la asfixia. Una, dos, tres, cuatro veces. "šDónde está Lucio Cabañas!". Nada. El niño de 12 años fue atado a una silla y sus testículos recibieron las descargas eléctricas.
Esa noche sí estuvo el general. Los alaridos se multiplicaron. Duraron ocho días. Sobrevivió. Cesó el tormento físico y, por fin, recibió su primer alimento en el cuartel militar de la colonia Mártires en Atoyac de Alvarez.
Un día, como otros, escuchó el helicóptero. Los soldados se alertaron. A José Luis y sus familiares los llevaron a una habitación. Ahí estaba el hombre que lo había interrogado en compañía de otros militares, creía él, de alto rango.
Era el general. Lo escuchó pronunciar su nombre: Arturo Acosta Chaparro; ordenar a los detenidos que "regresaran a trabajar" a sus pueblos, advertir que estarían "estrictamente vigilados", y soltar: "lo siento por sus compañeros, porque ellos sí se van a quedar". Diez personas fueron retenidas.
Salieron del cuartel, entre una valla de soldados, José Luis Blanco Flores, su hermano Angel, sus tíos Andrés Blanco Tacuba y Gonzalo Jaime Blanco, y Soelio Jaime Chávez. Los vecinos de su tío "se cooperaron de 50 pesos" y los trasladaron al hospital. A los tres días José Luis regresó en compañía de su hermano a su casa, en la ranchería de El Achota, ejido de Cucuyachi, de donde había salido casi un mes antes en busca de trabajo.
Cinco hombres más fueron liberados tiempo después. De Julio Fuentes Martínez, Mariana de la Cruz Llanes, Esteban Organista Zamora, Cutberto de la Cruz Avila y Artemio Chávez Villa jamás volvió a saber. (Este testimonio será entregado a la PGR en los próximos días.)
***
Guerrero está a punto de hacer erupción, y ahí no hay volcán.
Este mes la Procuraduría General de la República dará trámite al exhorto de la averiguación previa 26-DAFMJ-2001 para que sean ratificadas declaraciones de una denuncia que señala al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, a su ex procurador Pedro Ojeda Paullada, a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y al ex procurador guerrerense Carlos Ulises Acosta Víquez, como responsables de la desaparición de 11 personas de El Rincón de las Parotas, municipio de Atoyac de Alvarez, en la década de los setenta.
Y en breve, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dará a conocer el material incandescente recogido a lo largo de siete meses: la información preliminar de 293 expedientes -111 de los cuales ya están documentados- de desaparecidos durante la época de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. La lista aún no está cerrada.
En la PGR nadie quiere hablar del asunto. Lo cierto es que el abogado Enrique González Ruiz, quien presentó la denuncia como apoderado de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), ingresará estos días una veintena más de casos y otra denuncia en nombre de un grupo de ex guerrilleros y activistas encabezados por el diputado Octaviano Santiago Dionisio.
*El rincón de la ignominia
Luego de la detención de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, acusados de narcotráfico, la exigencia de luchadores políticos fue que se castigara a dos de los principales responsables de la llamada "guerra sucia" de los setenta.
La Afadem fue asesorada por los abogados Enrique González Ruiz, José Lamberto González Ruiz y Pilar Noriega García, para integrar una demanda contra los militares. De los 642 casos que la organización asegura tener registrados en Guerrero -dos terceras partes, en el municipio de Atoyac-, eligieron el de El Rincón de las Parotas.
La denuncia fue sellada de recibida en la PGR el 29 de noviembre pasado, en la "Unidad de Documentación y Análisis del C. Procurador". Esperó en algún cajón a que se silenciaran los tambores del cambio político e hizo su aparición con una pequeña fumarola.
El Rincón de las Parotas era una población campesina integrada por unas 90 familias. Lucio Cabañas hizo pública su declaración contra el gobierno en ese lugar. Ahí permaneció un cuartel militar por dos años y fue visto regularmente el general Acosta Chaparro.
La denuncia refiere que la madrugada del 1o. de octubre de 1974 hubo una irrupción violenta del Ejército: "Miembros de los batallones 27, 49 y 50 cercaron al pueblo, ocuparon las veredas y allanaron la totalidad de las viviendas en un despliegue de aproximadamente 250 elementos". Ese día seis hombres fueron llevados por los militares "con rumbo desconocido" y jamás se volvieron a tener noticias de ellos.
Como la desaparición forzada de personas no
está aún tipificada en la legislación federal, a
los implicados se les acusan de los delitos de privación ilegal
de la libertad en su modalidad de secuestro y de asociación
delictuosa, que tienen carácter de continuados, es decir, no
prescriben.
Este mes se tiene prevista la diligencia.
*Las maromas de la vida
Cuando se declaró formal prisión a los generales por el delito de narcotráfico, el 6 de septiembre de 2000, el entonces procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha, declaró a pregunta expresa de la prensa que la dependencia a su cargo no había recibido acusación alguna contra ellos por violaciones a los derechos humanos. Especificó que tanto la Procuraduría General de Justicia Militar como la PGR eran las vías para que los afectados interpusieran sus denuncias y se procediera "conforme a derecho". Ahora, como titular de la PGR ya tiene 11 denuncias en su escritorio. Y son las primeras.
Ese mismo 6 de septiembre, el Congreso local de Guerrero, en inusual votación, acordaba unánimemente demandar a la PGR que abriera una investigación que determinara la participación de Acosta Chaparro en los delitos de "tortura y desaparición forzada". El principal promotor de ese acuerdo fue el diputado perredista Octaviano Santiago.
Tiene sus razones. Fue uno de los hombres de Lucio Cabañas, y vivió en carne propia la tortura en un interrogatorio encabezado por Acosta Chaparro y sufrió la desaparición de su ex compañera María Concepción Jiménez Rendón.
El ahora diputado fue recluido en cárceles clandestinas al lado de 12 de sus compañeros de entonces, entre ellos Alejandra Cárdenas y Antonio Hernández, que presentarán su denuncia ante la PGR. En ésta señalarán a sus correligionarios que vieron vivos en tales centros de reclusión y luego fueron desaparecidos.
Desde hace más de un año, Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de Afadem -hija de Rosendo Radilla, desaparecido a mediados de los setenta-, se ha dado a la tarea de hacer un plantón quincenal para mostrar un pliego con más de un centenar de fotos de desaparecidos guerrerenses y registrar nuevos casos en la plaza de Atoyac. Desde 1996 ella y Julio Mata han recabado copias de fotos, actas de nacimiento o de matrimonio, fes de bautizo o cualquier documento probatorio de que los desaparecidos existieron.
Irónicamente, su archivo ha sido indispensable para una instancia oficial. Con gran recelo lo han facilitado y han acompañado en algunas diligencias a personal de la CNDH que desde octubre pasado realiza visitas a las comunidades que fueron más castigadas.
*El material incandescente
En la Dirección General de Presuntos Desaparecidos de la CNDH hay una pequeña oficina prácticamente destinada a procesar la información de los desaparecidos involucrados con las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Carpetas con fotos, testimonios, fotografías, están en montones sobre los muebles.
El trabajo se inició en julio de 2000.
Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador de la CNDH, niega que la alternancia en el gobierno haya tenido que ver con esta línea de trabajo de la comisión nacional. Sencillamente, dice, "era un asunto que se debía atender, porque prácticamente todas la gente de Atoyac tiene un familiar que estuvo involucrado en esos asuntos".
Cuando Alfonso Quiroz llegó, con la presente
administración, a la CNDH, encontró sólo 25
expedientes de desaparecidos de los años setenta adecuadamente
integrados. Dice que en prácticamente un año de labor
han estado trabajando en la documentación de 480 expedientes,
de los cuales 293 son de Guerrero, la gran mayoría de la sierra
de Atoyac.
Plascencia reconoce que la desconfianza de la Afadem y del Comité Eureka es "mayúscula" respecto a sus investigaciones. Asegura que se han realizado 376 diligencias en 20 comunidades del municipio de Atoyac, entre las que se encuentran El Ticuí, El Quemado, San Martín y San Juan de las Flores, y El Paraíso. Este año visitarán ocho comunidades más, entre las que están Las Pascuas y El Otatal, las dos últimas, menciona el informe de actividades, "dados los acontecimientos de liberación del ingeniero Rubén Figueroa y la muerte de Lucio Cabañas".
La CNDH rota semanalmente a tres de los 12 visitadores que investigan denuncias de desapariciones a escala nacional para la Sierra de Atoyac. El 60% de los casos carecen de documentación y fotografías, por lo que los visitadores viajan con una computadora portátil que cuenta con un programa denominado E. Fit, Técnicas de Identificación Facial. Así reconstruyen los rostros de los desaparecidos y de los señalados como responsables de delitos.
*La alerta amarilla
De los 293 expedientes de Guerrero, la CNDH ya tiene 111 de "preexistencia", es decir, que ha documentado que el desaparecido existió. A fines del primer cuatrimestre del año darán a conocer un avance preliminar y al terminar el año concluirán la investigación, que a decir de Quiroz tendrá la finalidad de "saber la verdad del paradero de los desaparecidos", deslindar responsabilidades, "y en su caso" señalar a las autoridades involucradas en los delitos que se hubieran cometido.
Enfático, el doctor Raúl Plascencia asegura que en esta coyuntura "tenemos nuestra responsabilidad para llegar a la conclusión que nos corresponde de uno de los pendientes del Estado mexicano que necesitan ser saldados".
Por lo pronto, en la PGR, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Procedimientos Penales "A", responsable directo de dar curso al proceso, evitó hablar del tema.
Y el presidente Vicente Fox, que se comprometió a crear una comisión de transparencia para el caso del 68, no ha hecho declaración alguna sobre las víctimas de desapariciones forzadas en los setenta en México.
El abogado Enrique González Ruiz espera. Si en la PGR no dan cauce jurídico a las denuncias y se castiga a los acusados, las llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, como medida de presión, hasta al mismo juez Baltasar Garzón.
El diputado Octaviano Santiago se pregunta hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente Vicente Fox. Piensa que a raíz de la detención del general Acosta Chaparro "falta un mensaje al pueblo de Guerrero". En estos días ingresará su denuncia a la PGR. Los responsables señalados son los mismos, incluido un ex presidente.
EL CAMBIO, A PRUEBA
Rosario Ibarra de Piedra es categórica: si en el gobierno del presidente Vicente Fox no se enjuicia al ex presidente Luis Echeverría de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la década de los setenta, "Ƒde cuál cambio hablamos?".
La presidenta del Comité de Familiares de Presos, Perseguidos Desaparecidos y Exiliados Eureka comenta que el ex presidente, y por ende ex jefe de las fuerzas armadas, debe responder, "tanto por acción como por omisión", de que instalaciones militares y navales se hayan utilizado como centros de tortura.
El presidente Fox, dice, debe abrir los "archivos de la guerra sucia" y los lugares que fueron utilizados como cárceles clandestinas para obtener información sobre las personas desaparecidas, o "de lo contrario se convertirá en cómplice".
Ibarra de Piedra dijo que el Comité Eureka espera que la reforma al Código Penal contra la desaparición forzada sea aprobada en el Senado para entonces ingresar sus denuncias en la PGR. De los cerca de 500 casos que tienen registrados, 321 son de Guerrero.
La reforma al Código Penal contra la desaparición forzada fue aprobada en la Asamblea Legislativa en agosto de 2000, y sirvió de base para la que se presentó y aprobó en el Congreso el pasado diciembre. En breve será votada en el Senado. Considera penas de 15 a 40 años por este delito y lo considera imprescriptible.
Si en el terreno federal no hay respuesta, Ibarra dice que irá a tribunales internacionales y "conocemos al juez Baltasar Garzón". Comentó que desde el 13 de diciembre solicitó al presidente Fox una audiencia y hasta ahora no ha recibido respuesta.
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