Ť Las acciones de grupos y ciudadanos, determinantes en el destino de Cavallo

ONG argentinas, de la alegría a la movilización

Ť Las familias de las víctimas, escépticas ante la cooperación de su gobierno en el juicio al ex marino; en otros procesos a militares han demostrado desdén Ť Olivera, precedente

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 4 de febrero. La decisión del canciller mexicano, Jorge Castañeda, de conceder la extradición a España del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, responsable de desapariciones y torturas durante la dictadura militar (1976-1983), abrió una luz de esperanza a los familiares de miles de víctimas, varias de ellas aún sobrevivientes, las cuales denunciaron el horror de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Las organizaciones de derechos humanos se movilizaron de inmediato para reconocer a Castañeda y al juez Jesús Guadalupe Luna, cuya resolución además sienta otro precedente: aceptar que hubo genocidio en el país.

Mediante un comunicado general y una red de cartas, que se inició cuando el ex capitán de la marina fue detenido en México en agosto, organizaciones y ciudadanos agradecieron a ese país el haber "devuelto la esperanza" de que los crímenes cometidos en la dictadura no queden impunes.

Cuando se conoció la noticia de que Cavallo sería enviado a España, hubo festejos. Nora Cortiñas, de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, decretó la "alegría posible" ante la dimensión de la tragedia vivida. "Esta decisión es histórica y sienta precedente en varias causas abiertas en Alemania, Italia, Francia y otros países, pero fundamentalmente en el juicio que lleva adelante el juez Baltasar Garzón en Madrid. Lamentablemente la justicia argentina está ausente", comentó Cortiñas a La Jornada.

Oscar González, diputado electo del Partido Socialista Democrático (PSD), dijo que esta resolución "honra las mejores tradiciones mexicanas" y "es otro paso adelante en la lucha por una justicia que no reconozca fronteras y contra la impunidad. Lamentablemente los represores de la pasada dictadura aún son protegidos aquí".

González vivió varios años exiliado en México, donde trabajó como periodista. Encomió la política de ese país de acoger a miles de perseguidos en sus naciones de origen (republicanos españoles, argentinos, chilenos y uruguayos, entre otros); ''no olvidamos esa generosidad y ahora esta resolución es histórica".

Estela de Carlotto, de Madres de Plaza de Mayo, destacó: es "la primera vez que un país toma la decisión de extraditar a un detenido a otra nación que lo solicita y no a la suya propia, y con esto se abren las puertas para todos los juicios que están abiertos en Europa y otros que se van a comenzar".

El riesgo de los sectores duros

Una de las mayores aportaciones de la decisión del gobierno mexicano es el reconocimiento de la "extraterritorialidad de la justicia" en casos de lesa humanidad, sostienen los organismos. La mayoría de los dirigentes consultados estima que los derechos de las víctimas traspasan cualquier frontera.

"No es que la justicia de un país débil como Argentina dejó de ser soberana el viernes. Es que no hay principio mayor que el respeto al derecho de un ciudadano por encima de cualquier otra cosa. La soberanía argentina no ha sido humillada por México y España; al revés: la soberanía popular de los argentinos, que nunca estuvieron de acuerdo con el cese a la persecución de los criminales, se continúa en Madrid, del mismo modo que ocurre en tribunales de todo el país", escribe hoy Martín Granovsky, subdirector de Página 12.

Sin embargo, el tema aún se debate en algunos círculos. El procesamiento del ex

Ni sus abogados en México ni quien lo representa aquí, José L. Scelzi, creen que todo está acabado; incluso han anunciado su pretensión de solicitar la extradición a Argentina con el supuesto de juzgarlo en su nación de origen, lo que a todas luces sería una falsedad, por las leyes de Obediencia y Punto Final.

Los ojos de muchos ahora están puestos en la poderosa marina, donde hay divisiones respecto de cómo se va a actuar. También está la presión de los ex contraalmirantes organizados como un grupo que intenta extenderse y que no admite ni siquiera la más liviana crítica a sus actuaciones durante la dictadura. Este sector incluso está dispuesto a mover todas sus influencias para salvarlo.

Prescindencia del gobierno argentino

Graciela Daleo, una de las víctimas de la dictadura, escribió acerca de Sérpico, como también se conoce al ex marino:

"A Ricardo Miguel Cavallo, marino de profesión, secuestrador y torturador del grupo de Tareas 3/3, lo salvó de la cárcel la Ley de Punto Final. Devenido empresario en áreas de comunicación y seguridad, integra una red casi indescifrable de empresas que mueve millones, y se anuda allí, donde 'garantizar' cédulas de identidad y tarjetas de propiedad de automotores es un negocio rentable al infinito, además de proporcionar información que para un agente de inteligencia es inestimable. En México, entonces, como poderoso director del Renave, lo encontró la memoria de sus víctimas, cuando sintió el aliento en los talones, certificó, con sus reflejos, que el lugar más seguro para gente como él es Argentina".

Ella recordaba que existen hilos "sinuosos y discretos" de impunidad que, por ejemplo, "tejieron la trama de complicidades que abrió las puertas de la cárcel romana al torturador Jorge Olivera", ex oficial del ejército, detenido en Roma a principios de agosto de 2000 para ser juzgado por la desaparición de la joven franco-argentina Anne Marie Erize, y liberado el 18 de septiembre de ese año por jueces italianos.

Es una advertencia de Daleo, donde también menciona críticamente la llamada "prescindencia" del gobierno argentino en éste y en otros casos. Olivera ?defendido por el abogado del mafioso Licio Gelli? fue liberado apresuradamente por una partida de defunción falsa de la joven Erize, cuyo cadáver nunca fue encontrado y sin que los tres fiscales comprobaran con las autoridades argentinas la veracidad de esa prueba. Hubo señales de que los antiguos contactos de los grupos fascistas italianos que colaboraron con las dictaduras del Cono Sur jugaron un papel muy especial en esta liberación.

"En el caso de Cavallo muchas piezas se están juzgando. El suicidio de quien le abrió las puertas del negocio en México (el subsecretario de Comercio Raúl Ramos Tercero) da la pauta de una red de intereses político-económicos de envergadura", escribía Daleo en una revista política en la cual consideraba "trascendente" la respuesta que se daría en este caso, y que ahora se produjo.

"Que la jaula de Cavallo no se abra como la de Olivera depende, es cierto, de jueces y fiscales, pero también de la firmeza con que las organizaciones populares sostengamos la exigencia de cárcel a los genocidas en Argentina o donde quiera que estén".

Daleo hacía esas advertencias antes de conocerse la resolución de la cancillería mexicana, pero ante las manifestaciones que aparecieron en los últimos tiempos, sobre los intentos para evitar que Cavallo vaya a Madrid, muchos consideran que éstas serán válidas y se preparan para enfrentar la maraña de complicidades locales. La sombra de los sucedido con Olivera en Italia sigue aquí.

El dirigente del Partido Democrático de Izquierda de Italia, el ex primer ministro Máximo D'Alema, protestó la liberación de Olivera, como muestra de solidaridad con las Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban el juzgamiento del ex represor y su extradición. Durante el gobierno de D'Alema, Italia se convirtió en querellante en el proceso contra los militares argentinos, que finalmente terminó con el procesamiento de varios de ellos y la condena a cadena perpetua, el 6 de diciembre, a los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros, ambos ahora procesados aquí por el robo de niños nacidos en cautiverio. Este delito no prescribió con las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida de 1987, que significaron institucionalizar la impunidad para cientos de autores de crímenes y de la desaparición de unas 30 mil personas.

La herida nunca cerró, y en todos los casos, incluyendo el de Cavallo, fue la acción de las familias y los organismos humanitarios, que no cedieron ante ninguna presión ni ante las amenazas, la que permitió encontrar caminos alternativos para llegar a abrir los casos en otros países, donde encontraron jueces o funcionarios que despejaron la posibilidad de juzgar el genocidio. Este es el único destello para miles de familiares que buscan, sin encontrar pistas, un rastro en la "noche y niebla de las desapariciones".

Justicia inocua

Nada esperan las familias de la justicia local. En diciembre pasado estuvo en Buenos Aires Esther Biscayart, madre de tres desaparecidos, Marcelo, Rafael y Pablo Daniel Tello, para tratar de lograr una respuesta, después que el juez francés Roger Le Loire enviara un exhorto pidiendo la colaboración de la justicia argentina en este caso. La solicitud quedó sin respuesta, perdida en los laberintos de la cancillería argentina, con lo cual se demostró la falta de voluntad y las complicidades para obstaculizar los caminos jurídicos.

Si esto fuera respondido, podrían ser interrogados los generales Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy y Domingo Antonio Bussi, responsables de delitos de lesa humanidad todos ellos. Pero desde Argentina "sólo responde el silencio", dicen los familiares. Esto hace que la mirada se vuelva ahora hacia el mundo y hacia México. Pero "hay cada vez más esperanzas".