MARTES Ť 6 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Encuentran los cuerpos en Bolonia; buscaban cruzar el estrecho de Gibraltar

Mueren 10 inmigrantes al intentar llegar a España

Ť El problema se resolverá sólo con la cooperación del gobierno marroquí, dice ONG

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 5 de febrero. Una nueva tragedia migratoria ocurrió en el estrecho de Gibraltar: los cadáveres de 10 inmigrantes aparecieron esta mañana en la playa española de Bolonia, a 10 kilómetros de Tarifa. Otra vez fue la patera, una pequeña embarcación de madera, el medio de transporte en el que las víctimas intentaron cruzar la franja de mar que separa Africa de Europa, la misma en la que perdieron la vida más de mil personas con el mismo sueño el año pasado.

Esta tragedia coincide con el primer aniversario del brote xenófobo que vivió la localidad almeriense de El Ejido, donde "el apartheid español" contra los migrantes continúa, incluso con mucha más virulencia y con la impunidad de los agresores.

Los cuerpos fueron encontrados en los tres kilometros de costa de la localidad de Bolonia, luego que una de las personas que viajaba a bordo alertara anoche por teléfono móvil que la embarcación estaba a la deriva. Las víctimas no han sido identificadas, pues ninguno de ellos portaba identificación, aunque se cree que son marroquíes.

Pero la Guardia Civil española teme que haya más víctimas, pues en una patera suelen embarcar entre 20 y 35 personas, por lo que la búsqueda de más cuerpos continuará al menos hasta dentro de 48 horas.

Este naufragio es el que más muertes ha cobrado desde el 6 de mayo de 1999, cuando murieron 13 magrebíes que intentaban cruzar el Estrecho, también en una patera.

Enrique Fernández Miranda, secretario de Estado para la Inmigración, responsabilizó a la anterior Ley de Extranjería de este "nuevo drama de la inmigración clandestina", al considerar que "era una ley muy permisiva, en la que daba igual ser legal que ilegal para venir a España". El máximo responsable en temas de migración del gobierno español, presidido por el conservador José María Aznar, añadió que todavía se sienten los efectos de esa ley, mientras que con la actual "intentamos convencer a las personas que quieren encontrar su futuro entre nosotros que tiene que hacerlo de forma legal".

La postura del gobierno fue reforzada por el representante del ministerio del Interior en Melilla, Arturo Esteban, quien señaló, con supuesta ironía, que "no retiraremos a los inmigrantes a base de palas excavadoras, porque no son vacas locas".

Hanafi Hamla, un abogado marroquí que ha dedicado los últimos 12 años de su vida a defender los derechos humanos de los migrantes en Almería, explicó a La Jornada que "el problema de las pateras no se va a detener ni con una ley ni con un decreto ni con una orden policial, sino con una intervención del gobierno marroquí en el tema, en cooperación con el español".

En tanto, los migrantes latinoamericanos, africanos, asiáticos y de Europa del este que mantienen desde hace 16 días una protesta en Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla y Lorca contra la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, aprobada gracias a la mayoría absoluta que goza el gobernante Partido Popular, criticaron el "doble lenguaje" del gobierno español, que por un lado promete regularizar la situación de al menos 34 mil migrantes y, por otro, no precisa la fecha en la que podrán regresar al país con garantías para trabajar.

En este contexto, se informó que más de 300 ecuatorianos solicitaron el "retorno voluntario" a su país, en respuesta al ofrecimiento del gobierno de cubrir los gastos de viaje para que puedan "regresar con los papeles regularizados". Este ofrecimiento fue hecho bajo la sombra de la nueva normativa migratoria española, por la cual los ilegales se quedan sin derechos civiles básicos y pueden ser expulsados inmediatamente del país.

El apartheid en El Ejido

Hace un año, en El Ejido, cientos de magrebíes y musulmanes sufrieron de la brutalidad de un brote racista sin precedentes en la región. Grupos de pobladores españoles arremetieron con pistolas, palos, piedras y cocteles molotov contra todo aquello que "oliera a moro", contra esos mismos agricultores del norte de Africa que contrataban de madrugada para cultivar los campos de Almería. Casas, comercios, templos religiosos, automóviles y colegios fueron quemados sin más justificación que la procedencia étnica y religiosa. A un año de esos disturbios, organizaciones humanitarias, sindicatos y partidos políticos de la oposición han coincidido en denunciar que "el apartheid español contra los trabajadores extranjeros continúa", si bien algunos añaden un agravante: de más 900 denuncias judiciales por esos actos de violencia sólo dos han sido atendidas, las que se refieren al intento de linchamiento que sufrió el delegado del gobierno, Fernando Hermoso.

Mientras, las ciudades perdidas en las que viven los trabajadores magrebíes continúan igual, sin servicios básicos y con temor de nuevos ataques xenófobos, pues estos no han cesado. "Todo lo contrario, la situación es mucho peor que hace un año, pues ahora los agresores, que han visto que ni el gobierno ni la ley se han puesto en su contra, actúan con total desparpajo", dice Hanafi Hamla, quien también funge como vocero de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España.

Un "moro" en El Ejido vive un "auténtico apartheid": su trabajo, de sol a sol, siempre está mal pagado; vive en condiciones infrahumanas, en una ciudad perdida que agrupa a los miles de trabajadores que hacen que Almeria sea la fuente de frutas y hortalizas de Europa.

Hamla sostiene que la postura oficial no hace más que elevar "el muro fantasma que hay entre españoles e inmigrantes".