MIERCOLES Ť 7 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Llama a analizar con conocimiento y equilibrio qué se quiere cambiar y para qué

Como académico, no creo que una nueva Constitución sea conveniente, señala Carpizo

Ť La de 1917 ha sido y es una buena Carta Magna, afirma el ex secretario de Gobernación

Ť Modificarla debe ser resultado del consenso de las fuerzas políticas con el aval del pueblo

MIREYA CUELLAR

''La Constitución mexicana de 1917 ha sido y es una buena Constitución'', expresó el ex rector de la UNAM y reconocido jurista Jorge Carpizo, quien puntualizó que como académico no cree que una nueva Carta Magna sea ''conveniente'' para avanzar y perfeccionar nuestro sistema e instituciones políticas pero, como su debate es un asunto político y social, hay que ''analizar con conocimiento y equilibrio qué queremos cambiar, por qué y para qué''. Y sólo si hay consenso en las respuestas -no sólo entre las tres principales fuerzas políticas del país, sino a través del referendo popular- crearse una nueva Constitución.

Ponente en el cuarto Congreso Nacional de Derecho Constitucional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Carpizo señaló que la tesis más importante de nuestra Constitución es aún un ideal: la justicia social, porque el problema más grave que el país padece es la ''injuriante desigualdad social que tiene sometidos a millones de mexicanos a la extrema pobreza frente a una insultante concentración de la riqueza por parte de una minoría''.

El ex secretario de Gobernación hizo una clasificación de las múltiples reformas que ha sufrido la Carta Magna: las necesarias, las adecuadas y las superfluas, y en este ejercicio ''se cometieron errores, nadie lo puede negar''. En México, dijo, se ha optado siempre por la reforma en lugar de la interpretación constitucional.

Síntesis de nuestra evolución política

Dijo que la Constitución vigente ha sido y es ''buena'', porque recoge y estructura una organización política al servicio del ser humano y de su dignidad, asegura la vigencia y defensa de los derechos humanos en sus diversos aspectos... es la síntesis de nuestra evolución política y de nuestro desarrollo social; recoge lo mejor de sus antecesoras de 1824 y de 1857.

Pidió no confundirse, no atribuir a la ley suprema los problemas y vicios de la realidad política y social, los cuales existen y se han expandido precisamente por la inaplicación de la norma, por la falta de respeto al estado de derecho. Los problemas sufridos por los mexicanos, como la concentración del poder, la existencia de un partido hegemónico, violaciones a los derechos humanos, millones sin un nivel de vida decoroso, concentración de la riqueza, impunidad, inseguridad y desvíos en la impartición de justicia, no son imputables a la Constitución.

Las normas constitucionales -apuntó- son enemigas de esas aberraciones y constituyen instrumentos valiosos para superarlas. Ni en México ni en ninguna parte del mundo dichos problemas se superan exclusivamente con el cambio de la ley sino, por el contrario, con la aplicación de la norma adecuada.

Alertó de no repetir la situación que México ya vivió en el siglo XIX: una alternancia constante de constituciones, ''creyéndose ingenuamente que la expedición de una nueva resolvería los problemas en forma mágica''.

El orden jurídico -recordó- es por naturaleza dinámico, pero el quid de la cuestión se encuentra en ''si la creación de una nueva Constitución sería conveniente para avanzar y perfeccionar nuestro sistema e instituciones políticas. Desde el punto de vista académico he señalado argumentos que me llevan a contestar negativamente esa pregunta, cuando menos en el futuro inmediato''. Pero ésta no es una cuestión académica, sino política y social: ''México tendrá una nueva Constitución cuando así lo decidan, por consenso, las grandes fuerzas políticas, y así lo ratifique el pueblo a través de un referendo''.

Los argumentos académicos a favor o en contra -de crear una nueva Constitución- son útiles y pueden resultar provechosos para la reflexión, pero la clave es el consenso entre los diversos partidos y la sociedad. Consideró que no sería suficiente satisfacer el procedimiento de reforma establecido en el artículo 135 constitucional -que se alcanzaría con que dos partidos se pusieran de acuerdo- ''porque para alcanzar el consenso sería indispensable contar con la voluntad del tercer gran partido... si no se alcanza el consenso, no deberá crearse una nueva Constitución''.

Me asalta una preocupación -dijo-, que en aras de alcanzar ese consenso, en nuestras condiciones y circunstancias actuales, vayamos a dar pasos atrás en la evolución jurídica, política y social.

Y pidió a todos tomar en cuenta que con la misma Constitución de 1917, sin ninguna reforma, a partir del 2 de julio y la instalación del nuevo Congreso, el país funciona en forma diferente, como siempre debió haber sido: con un sistema de partidos y no uno hegemónico, el Congreso ejerciendo las atribuciones que le corresponden, especialmente ''el poder de la bolsa'', la rama judicial federal fortaleciéndose con resoluciones trascendentes e impactantes. Del poder concentrado -que nunca ha tenido respaldo constitucional- estamos comenzando a transitar al poder dividido y equilibrado, que es el mecanismo que nuestra ley fundamental establece.

''Qué paradoja la nuestra -lamentó-, cuando la Constitución ha comenzado a regir realmente nuestros procesos políticos, se la quiere sustituir''.

Insistió en que no está a favor de la ''intangibilidad e inmutabilidad'' de la Constitución, porque hay aspectos que deben actualizarse y mejorarse, pero hay que analizar con conocimiento y equilibrio ''qué queremos cambiar, por qué y para qué''.

Contrato generacional que se ratifica o renueva

Al inaugurar el Congreso de Derecho Constitucional, Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que es tiempo de que la comunidad académica examine, discuta y proponga las bases del cambio institucional que el país demanda, teniendo presente que la Constitución es una decisión del pueblo soberano y para reformarla sus representantes están obligados a deliberar de manera pública, libre, informada, responsable y constructiva.

La Constitución, apuntó el ex procurador, es un instrumento para racionalizar el ejercicio del poder (haciéndolo limitado, responsable, predecible, controlable y susceptible de evaluación ), no para destruirlo ni para bloquearlo, y debe ser un orden normativo supremo, estable y duradero que resulte de grandes procesos sociales y culturales, no de la improvisación ni de circunstancias transitorias.

Es también un contrato que cada generación puede ratificar o renovar. ''A la nuestra le ha tocado el turno de renovar'', es un derecho y una responsabilidad.

Bastaría agregar 20 palabras...

Para lo que Vicente Fox quiere hacer con la Constitución, y si sabe derecho, sólo debe agregarle 20 palabras sin necesidad de modificar de la A a la Z nuestra Carta Magna, afirmó Elisur Arteaga Nava, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

''El problema es que la gente no conoce la Constitución y se deja sorprender con declaraciones en el sentido de que la actual no soluciona diferentes situaciones surgidas de los nuevos tiempos'', dijo. Agregó que ''no es necesaria'' ninguna reforma, porque consideró que no hay actualmente ningún problema en el país que no se pueda solucionar con el texto constitucional vigente.

''El problema es que no le hacen caso a esta Carta Magna, ni tampoco a ninguna nueva. De esta forma, continuarán los problemas y cada año haremos una nueva Constitución'', advirtió.

Para el experto, hasta el momento no se ha hablado de un nuevo constituyente, sino que sencillamente se efectúen reformas ''mínimas'' a la Constitución actual. ''Sabiendo y respetando el derecho, todo se soluciona con el actual texto'', insistió Arteaga Nava, para quien el anuncio presidencial del pasado lunes demuestra ''ignorancia y protagonismo. No fue debidamente asesorado el Presidente''.

El académico, que por 25 años fue titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, afirmó: ''Fox quiere todas las luces, y como el juguetito es nuevo pretende repetir lo que cada año escuchamos: que es necesaria una nueva Constitución, pero nuevamente hay que detenerlos''.

Entre los ''cambios mínimos'' que propone Arteaga Nava se agregaría una línea al artículo 41 constitucional, para establecer la existencia del referendo y el plebiscito como formas de consulta; se agregarían tres palabras al párrafo segundo del artículo 108: ''El Presidente puede ser responsabilizado por violaciones graves a la Constitución''. Respecto del superávit y control del gasto público, el especialista recomendó ''simplemente'' aplicar el artículo 79, que regula lo relativo a la organización y funciones de la entidad de fiscalización, ''por lo que no es necesario reformar la Constitución''.

Por lo que hace a la designación de funcionarios, consideró que se puede agregar a la fracción segunda del artículo 89 que los secretarios de Estado y funcionarios de mayor nivel pueden ser quitados libremente por el Presidente, y designar nuevos funcionarios sujetos a la ratificación del Congreso. En materia indígena señaló que es ''suficiente'' con lo que dice el primer párrafo del artículo cuarto de la Carta Magna.

Un nuevo parto de los montes

Al referirse a los tratados internacionales, dijo que se pueden agregar dos líneas a la fracción primera del artículo 103: ''También se reconocen como derechos de los mexicanos los que aparecen en tratados y convenios internacionales suscritos por México''.

Y para quienes quieren una segunda vuelta en las elecciones presidenciales -''lo que significa que ignoran el texto constitucional''-, el Código Federal Electoral lo puede incluir, sin necesidad de reformar la Constitución.

Por todo lo anterior, ''para mí, este anuncio espectacular es, otra vez, el parto de los montes'', concluyó.