El reciente descubrimiento de un cementerio clandestino en el municipio chiapaneco de Tila, en donde el sexenio pasado, en el contexto de la política federal y estatal contra las comunidades zapatistas, ocurrieron al menos 12 desapariciones forzosas, y en donde opera el grupo paramilitar de filiación priísta Paz y Justicia, coloca a la nación ante un sólido e indignante indicio de la política de contrainsurgencia y la guerra sucia emprendidas por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Roberto Albores en Chiapas, por más que uno y otro se empeñaron, en su momento, en negar que tales estrategias estaban siendo aplicadas.

Los hallazgos de restos humanos con huellas de tortura, las matanzas contra comunidades, las inhumaciones clandestinas, el accionar de guardias blancas y escuadrones de la muerte, así como la práctica represiva de desaparecer opositores políticos o simpatizantes de fuerzas opositoras, son datos que inevitablemente remiten a las épocas más atroces de las dictaduras que proliferaron en América del Sur y a las guerras oligárquicas impuestas por los gobiernos de Guatemala y El Salvador contra sus propios pueblos. Hasta el fin del priato, el gobierno mexicano rechazó que en Chiapas estuvieran ocurriendo hechos similares y gastó cuantiosos recursos en propaganda orientada a forjar una imagen de tolerancia, respeto a la legalidad y observancia de los derechos humanos: durante casi todo el sexenio zedillista, por ejemplo, se negó insistentemente la existencia de grupos paramilitares semejantes a las tristemente célebres Patrullas de Autodefensa Civil, centroamericanas y andinas, y en su momento se buscó distorsionar la información sobre la matanza perpetrada en Acteal para presentarla como consecuencia de un "conflicto intercomunitario".

Pero Acteal, hace cuatro años, ahora el descubrimiento en Tila de los restos que al parecer corresponden a simpatizantes zapatistas, e incluso la existencia, hasta hoy, de presos políticos son hechos que muestran --entre otros-- el desarrollo, en Chiapas, de una guerra sucia, de estrategias gubernamentales de contrainsurgencia y de operación de un conflicto de baja intensidad, estrategias que pasan, necesariamente, por el masivo atropello de los derechos humanos, la degradación de los tejidos sociales y el quebrantamiento planificado y regular del estado de derecho.

Resulta obligado --aunque doloroso y exasperante-- cobrar plena conciencia de que en una porción del territorio nacional, en los albores del tercer milenio, se ha puesto en práctica una política represiva característica de los regímenes más atroces y autoritarios.

Ciertamente, los gobiernos federal y estatal actuales han ofrecido muestras plausibles de deslinde con respecto a esa estrategia criminal y han emprendido acciones orientadas a resolver el conflicto en el terreno de la realidad, y no en el de la publicidad, como se pretendió durante el sexenio anterior. Ayer mismo, la encargada presidencial de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, exhortó a abandonar las posturas racistas e ignorantes de quienes se oponen al próximo viaje a la capital de la República de una representación de los indígenas rebeldes; también ayer, el gobierno chiapaneco puso en libertad a otros tres simpatizantes zapatistas que permanecían encarcelados.

Pero, además de consolidar las actuales circunstancias propicias a la pacificación y al establecimiento de un entorno legal, político y económico de pleno respeto a los pueblos indígenas, se requiere investigar a fondo el comportamiento de las autoridades federales y locales en Chiapas durante el pasado inmediato y castigar conforme a derecho los crímenes perpetrados en esa entidad desde los poderes públicos; sólo de esa manera podrá garantizarse que las instituciones nacionales no vuelvan a involucrarse en una guerra sucia nunca más.