VIERNES Ť 9 Ť ENERO Ť 2001

Emilio Pradilla Cobos

Reutilización del aeropuerto actual

Tarde o temprano la construcción del nuevo aeropuerto metropolitano en cualquiera de sus ubicaciones posibles (Tizayuca o Texcoco) liberará el terreno de cerca de 770 hectáreas que ocupa el aeropuerto Benito Juárez, que en la situación de escasez crónica de suelo urbanizable en la zona metropolitana significa una importante reserva para el futuro.

El aeropuerto se ubica estratégicamente en la confluencia de las delegaciones Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza del Distrito Federal, y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, que ya sufren un proceso de pérdida absoluta de población residente, dada la sustitución de viviendas por uso comercial y de servicios.

Ubicado en el corazón de la metrópolis, este territorio cuenta hoy con una importante infraestructura de vialidades primarias y de conexión metropolitana y regional (Puebla-Tlaxcala, entre otras), de energéticos y otros servicios.

Aunque los terrenos del aeropuerto son de propiedad federal, su importancia para el desarrollo metropolitano impone que el destino futuro de esta zona sea resultado de una concertación entre los gobiernos de la Federación, del estado de México y del Distrito Federal en el seno de la comisión ejecutiva de coordinación metropolitana y de la elaboración de un proyecto completo de planeación territorial, que debe iniciarse ya para que la improvisación no sea la regla cuando se produzca su liberación.

Para la metrópolis, sus gobiernos y ciudadanos no parece aceptable que por tratarse de terrenos propiedad del gobierno federal, éste tome decisiones unilaterales de cualquier naturaleza que puedan agravar los problemas urbanos y aumentar su alto grado de vulnerabilidad ambiental y social. Sería irracional que se llegara a una solución a la manera del urbanismo neoliberal: entregar la tierra, sin proyecto ni regulación, a la "libre iniciativa" de los desarrolladores inmobiliarios y al libre mercado de suelo e inmuebles.

La solución correcta sería desarrollar un proyecto completo, de interés colectivo metropolitano con amplia participación ciudadana, regulado y puesto en marcha por una entidad mixta de capital público (federal y de las entidades interesadas), privado y social.

En la reutilización de este territorio urbano deberían tenerse en cuenta varias determinaciones fundamentales: su ubicación privilegiada en el corazón de la metrópolis; el actual poblamiento denso e intensivo de su entorno por estratos medios y populares; la escasa dotación de servicios colectivos, sobre todo de la zona de Nezahualcóyotl, producto de un proceso irregular de urbanización; la naturaleza "blanda" de los terrenos, sometidos a notoria deshidratación, hundimiento y riesgo sísmico, que exigen una ocupación ambientalmente sustentable del área; la articulación con ámbitos importantes de rescate ecológico como el ex lago de Texcoco; la gran magnitud de la inversión social acumulada en infraestructura e inmuebles federales en el entorno y las instalaciones aeroportuarias que justifican su reuso y no la demolición; y la necesidad de repoblar y redensificar el territorio ya urbanizado de las áreas centrales de la ciudad para inhibir y controlar el crecimiento metropolitano periférico.

Por ello esta gran reserva territorial podría destinarse al reuso de las actuales instalaciones para servicios sociales y culturales colectivos, y comerciales de escala local y metropolitana, a desarrollos ambientalmente apropiados de vivienda de interés popular y social, y a zonas de conservación y protección ecológica para la prestación de servicios ambientales y el disfrute recreativo de la población metropolitana y de la zona.

Este gran proyecto debería pensarse desde ya. No podría ser el fruto de una decisión apresurada y unilateral de su actual "propietario", el gobierno federal, pues es un bien público urbano estratégico. Los tres gobiernos involucrados, los especialistas y los ciudadanos deberían iniciar desde ahora su discusión para que no sea el producto de un grupo cerrado de técnicos y funcionarios, pues es de interés para los 19 millones de habitantes metropolitanos. La zona metropolitana del valle de México, una de las mayores concentraciones urbanas del planeta, núcleo organizador de la economía y la sociedad mexicana en su relación con la mundial, exige una planeación anticipatoria y prospectiva de largo plazo y gran aliento, democrática, cuya meta sea el mejoramiento de la habitabilidad y la calidad de vida; su desarrollo no puede estar subordinado a los imperativos de la acumulación privada de capital ni ser convertida en ciudad-mercancía.