El cacicazgo priísta yucateco que encabeza el gobernador Víctor Cervera Pacheco rechazó el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena la inmediata entrega de las instalaciones y los fondos del Instituto Estatal Electoral (IEE) a los consejeros electorales legalmente designados y desconoce a los que fueron irregularmente nombrados por la mayoría priísta del Congreso estatal. Tal desacato coloca a los poderes federales ante la necesidad de recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir la resolución del máximo tribunal electoral del país, como lo anunció ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel; abre, en consecuencia, una preocupante perspectiva de violencia en la entidad del sureste y, de prosperar, sentaría un precedente por demás indeseable de falta de respeto y violación de la legalidad nacional por parte de grupos priístas atrincherados en poderes locales.

Ha de considerarse, a este respecto, que algunos gobernadores priístas siguen disponiendo del control total de los legislativos y de los tribunales en sus respectivas entidades, en las que el principio de división de poderes es una mera frase hueca para las ceremonias y en las que la tarea de gobierno se ejerce de manera absolutista y feudal. Tal es el caso de Yucatán y Tabasco, en donde los titulares del Ejecutivo son los jefes reales de los magistrados y de las mayorías legislativas priístas, y en donde, a través de éstas, disponen incluso la composición de autoridades electorales dóciles e incapaces de garantizar el cumplimiento de las reglas democráticas elementales. En esa lógica, la rebeldía de los cerveristas ante las decisiones del TEPJF tiene el propósito de mantener las condiciones que permiten la realización de operaciones electorales fraudulentas y preservar, de esa forma, su dominio oligárquico de la entidad.

Cervera Pacheco pretende presentar su desacato a la legalidad como una gesta a favor de la autonomía estatal, y en ese afán recurre a un inadmisible, provocador y riesgoso chovinismo regional: los yucatecos no son "cobardes" y deben enfrentar a los "traidores" que pretenden, según él, imponer a la entidad la condición de "colonia del imperio". Semejante discurso entraña el peligro de generar o exacerbar actitudes separatistas entre sectores sociales ajenos a la mafia priísta enquistada en las instituciones locales, que es la que realmente protagoniza la confrontación en curso contra las autoridades federales.

Adicionalmente, la subversión cerverista coloca al gobierno del presidente Vicente Fox en una situación por demás difícil, toda vez que lo orilla a utilizar la fuerza pública para imponer el fallo del máximo tribunal electoral del país y restablecer el estado de derecho en la entidad.

En tales circunstancias, cabría esperar que el PRI nacional se comportara a la altura de las circunstancias y, en congruencia con los principios republicanos y en tributo a la sensatez, presionara al gobernador rebelde y a sus subordinados formales y reales --esto es, los diputados locales priístas y los integrantes del consejo electoral espurio-- para que acataran la ley.

Finalmente, no puede dejar de señalarse que las autoridades federales deben actuar con criterios uniformes y no, como ha ocurrido hasta ahora, con un doble rasero, ante las resistencias a la democratización por parte de cacicazgos locales, que se presentan también en Tabasco, en donde las maniobras ilegales de última hora de Roberto Madrazo para asegurarse un sucesor dócil y obsecuente fueron avaladas por el Ejecutivo federal y el partido en el poder.