SABADO Ť 10 Ť FEBRERO Ť 2001
Orlando Delgado
Grado de inversión: política monetaria y reforma fiscal
La agencia calificadora Standard & Poor's ha señalado en su informe semanal, México en el camino del grado de inversión, que existe la posibilidad de que nuestro país alcance el grado de inversión si se da una combinación óptima de políticas monetaria y fiscal que permita ampliar la base tributaria y elevar la recaudación.
El famoso grado de inversión significa que disminuye la percepción del riesgo para las inversiones que se realicen en México, las directas y las crediticias; esto se traduce, por supuesto, en una reducción de la sobretasa que se aplica a las emisiones de papel de las empresas mexicanas en el exterior, así como a los créditos al gobierno y las propias empresas, disminución que puede llegar a 75 puntos base, es decir, tres cuartos de punto porcentual en la tasa que deberá pagarse.
El grado de inversión, además, podría atraer nuevas inversiones a nuestro país; la experiencia del año pasado pareciera confirmarlo: otra agencia calificadora importante, Moody's Investors Services, nos otorgó en marzo el grado de inversión, lo que contribuyó, en cierta medida, a que llegaran algunos capitales.
Según Standard & Poor's, el grado de inversión requiere reforma fiscal y cierta política monetaria; esta última fue anunciada el 31 de enero, ratificando la meta de inflación de 6.5 por ciento y estableciendo un nuevo enfoque: el de los objetivos de inflación (inflation targets), que sustituye al de los agregados monetarios, en virtud de que el banco central asume que han perdido capacidad para conducir la política monetaria.
Este nuevo enfoque se expresa en que Banxico ya no se compromete con saldos de crédito interno ni con un monto de reservas internacionales; se modifica, en consecuencia, un ancla nominal visible, un cierto crecimiento del crédito interno neto del banco central, basado en un supuesto sobre el crecimiento de la demanda de base monetaria (billetes y monedas, más depósitos bancarios) y de otro supuesto sobre la acumulación de reservas internacionales.
El nuevo esquema (Banco de México, Programa Monetario para 2001, p. 67) tiene seis características: reconocimiento de la estabilidad de precios como el objetivo central de la política monetaria, metas de inflación de mediano plazo, autoridad monetaria autónoma, política monetaria transparente, análisis de las fuentes de presiones inflacionarias y uso de medidas alternativas de inflación, como la inflación subyacente.
Los beneficios son: reducción de la inflación y consolidación de la estabilidad, disminución de la transmisión de los movimientos cambiarios a los precios, mayor transparencia y comprensión de la aplicación de la política monetaria y rendición de cuentas por la autoridad monetaria.
Banamex ha cuestionado duramente el nuevo planteamiento, señalando que Banxico carece de reputación, lo que le lleva a seguir utilizando la elevación de las tasas de interés, cuando lo que ocurre en otros países es precisamente lo contrario: los réditos se reducen debido a las acciones de sus bancos centrales; la transparencia que se presume, según el banco privado, no aparece en el funcionamiento del banco central, por ello los cortos se seguirán aplicando, aunque Banxico ha reconocido sus limitaciones, buscando que las tasas de interés aumenten en términos reales.
Esta política monetaria que castiga a los deudores es la requerida para que nos otorguen el grado de inversión.
En cuanto a la reforma fiscal, sobre la que hay una discusión abundante, a la agencia calificadora sólo le interesa que aumente la capacidad recaudatoria del gobierno, lo que contribuiría a reducir el déficit de las finanzas públicas; no importa si la reforma fiscal deja inalterada la ominosa distribución del ingreso que existe, y es una de las mayormente concentradas de América; lo relevante para la agencia es que aumente la base gravable, que se incrementen los ingresos tributarios como porcentajes del PIB, y que, por ello, el resultado en las finanzas públicas sea menor al comprometido.
Se apoya, por tanto, una propuesta como la de incrementar el IVA a medicinas y alimentos, medida que tensará una discusión que requiere ir al fondo: no sólo un propósito recaudatorio para ordenar la reforma fiscal, sino uno eminentemente redistributivo, que grave la propiedad, las ganancias especulativas, las inversiones fugaces, etcétera. Eso valdría seguramente más que alcanzar el grado de inversión.