domingo Ť 11 Ť febrero Ť 2001
Néstor de Buen
ƑNueva o renovada?
Por más que el tema ha sido ya tratado, y a veces maltratado, no me parece que pueda pasar por alto sin comentarlo el discurso del presidente Fox acerca de una reforma constitucional intensa.
Confieso que no me siento muy cómodo en los terrenos del constitucionalismo. Es materia técnica, complicada y, además, apasionante, pero quien no sea experto, como a mí me ocurre, corre el grave riesgo de decir alguna tontería.
Una primera observación, indispensable, es que la propuesta presidencial tiene, en mi concepto, tres ideólogos. En primer término el propio Presidente, sin cuya conformidad no se habría podido ni plantear el tema. En segundo lugar, Santiago Creel, que además de ser el secretario de Gobernación, lo que no es poca cosa, es un maestro de derecho constitucional. Y en tercer término, aunque pareciera ser en este momento un tanto ajeno a la idea, Porfirio Muñoz Ledo, que en la época intermedia: del 2 de julio a la toma de posesión, pareció ser el responsable de la preparación de un primer proyecto. Lo que, además, le viene como anillo al dedo. El tema le apasiona y es absolutamente capaz de desarrollarlo.
Me he preguntado a mí mismo si podría convocarse a un Congreso constituyente. Pero de la lectura constitucional, particularmente se desprende que eso no es posible. Nadie tiene facultades para hacerlo. La tarea de producir las reformas corresponde, como el propio Presidente lo indicó, al constituyente permanente: el Congreso de la Unión, con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros presentes (que constituyan quorum), y la mayoría de las legislaturas de los estados.
No hay en la Constitución disposición alguna que permita convocar a un constituyente. Y mi conclusión, quizá demasiado atrevida, es que eso sólo sería posible a partir de un movimiento revolucionario que rompiese las normas del pasado y obligase a hacerlas nuevas. Venustiano Carranza convocó a la reunión de Querétaro en una ampliación del Plan de Guadalupe y no se preocupó de fundar su decisión. Las victorias en los campos de batalla legalizaron la convocatoria.
Lo cierto, sin embargo, es que no es importante si la Constitución se reforma o se hace nueva. Porque reformándola se puede hacer nueva y nadie puede dudar que los 309 decretos puestos en vigor desde la vigencia de la Constitución (Rubén Delgado Moya dixit), que han provocado más de 400 reformas y adiciones, la han renovado un poco más de lo debido.
Hay, claro está, la idea de que hay normas inalterables. Pero esa idea no tiene mayores fundamentos salvo una valoración muy subjetiva que no ha sido suficiente para que algunas de las disposiciones que sí se entendían como específicas de la ideología constitucional no se cambien. Los toques al 27 y al 130 con los que a iniciativa de Carlos Salinas de Gortari se puso en etapa terminal a la reforma agraria y se dio nuevos bríos a la Iglesia católica (que poco requiere para lanzarse con ímpetus renovados a la conquista del poder político) afectaron nada menos que a los propósitos esenciales de Carranza y de Juárez. Nada menos.
No veo reformas posibles en las garantías individuales salvo la incorporación de ese derecho a la información que se actualiza cada día más. En materia de nacionalidad y ciudadanía, suspiraría porque se acabaran las discriminaciones a los mexicanos que son de cuatro clases (yo, de una humilde tercera clase). Y eso no se vale. En la organización misma del Estado aspiraría por restarle poderes al Ejecutivo para un balance adecuado con el Legislativo. Y en cuanto a la estructura del Estado, parece que no tendría remedio el reconocimiento de que a los factores territoriales que fundan el Estado nacional, los estados y los municipios habrá que agregar, pero con mucho cuidado, las comunidades étnicas. Con grave riesgo, por cierto, del principio de igualdad.
Me gustaría mucho que los derechos humanos no tengan las restricciones que aparecen ahora en el artículo 102-B y que ni el neoliberalismo descarado ni su versión un poco menos descarada de la nueva cultura laboral acaben con las garantías sociales.
La tarea es fundamental y hay que llevarla a cabo. Pero me pregunto: Ƒy el consenso necesario? No lo veo fácil. Pero ahí está la gracia.