El dominio de la nación, a debate

Sin duda, el debate de la Constitución que ya promueve el Presidente de la República incluirá lo señalado en los artículos 25, 26, 27 y 28, que hasta hoy han justificado no sólo el papel del Estado en cuanto rector del desarrollo, sino el dominio directo de la nación sobre recursos naturales, aguas y áreas estratégicas, a través del mismo Estado o de los organismos y empresas que éste requiera para ello. La discusión del asunto, sin embargo, ya comenzó, sobre todo cuando uno trata de explicarse el ánimo presidencial ?incluso un poco obsesivo? ya no sólo de abrir áreas estratégicas al dominio privado, sino de incorprar a organismos y empresas todavía responsables hoy de esas áreas estratégicas, a empresarios distinguidos por su exitosa labor al frente de organismos privados. En esto no necesariamente hay mucha lógica. Como durante muchos años no la hubo en el hcho de que personeros ligados al partido de Estado de nuestra larga y lamentable vida corporativa y presidencialista podían ?como muchas veces se pretendió? dirigir o encabezar tareas encomendadas por la Constitución a sus organismo y empresas, por el hecho mismo de tener una personalidad partidaria reconocidad o ?a veces menos?, una vinculación política o aun subordinación ciega al presidente en turno. En este marco se explicaba o, más bien, no se explicaba por qué alguien podía ?sin rubor alguno? pasar de la coordinación de una campaña política a dirigir los esfuerzos gubernamentales en materia laboral, y luego los del área agrícola, no sin antes dirigir Pemex o, en el mejor de los casos, hacerse cargo unos días de la Procuraduría del Consumidor o de los Pronósticos Deportivos, después de haber disputado la candidatura oficial a la presidencia municipal de su tierra natal. Prácticas lamentables, profundamenta lamentables que, sin embargo, hoy, con algunas variantes menores, ya se repiten y podrían seguirlo haciendo si el Legislativo, por un lado, pero la sociedad en pleno, por el otro, no plantean no sólo una crítica a fondo, sino mecanismos correctivos eficaces.

El problema no está en que en el Estado, en sus organismos y en sus empresas no pueda haber empresarios o políticos realizando tareas de dirección. El problema está en qué tipo de empresario, o qué tipo de político y bajo qué condición, marco, contexto, supervisión y controles puede hacerse cargo de una función directiva de alguna empresa u organismo del Estado.

¿Cómo garantizar que estos empresarios o estos dirigientes partidarios, en su función pública y de frente al Legislativo, la sociedad y la nación ?que no sólo frente al Ejecutivo que los nombra? se asuman como responsables de garantizar que el desarrollo nacional sea integral; que fortalezca la soberanía del país y su régimen democrático; y que mediante el fomento del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, su tarea y su función permitan el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución, como nítidamente lo indican los artículos 25 a 28 de la Constitución? En este sentido, al menos hasta el día de hoy, nuestro texto constitucional es inmanipulable.

Y, sin embarego, en múltiples expresiones de varios personeros gubernamentales actuales parece existir no sólo un ánimo aparentemente renovador, sino un cuestionamiento directo respecto a que el Estado tenga el dominio directo de recursos naturales y aguas, la exclusividad en áreas estratégicas y la función rectora del desarrollo para garantizar que éste sea integral y que fortalezca la soberanía de la nación. Pero más todavía, ya se perciben custionamientos directos sobre la nación y su dominio. Ahora sí que... al tiempo.