El acuerdo entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda, Tirofijo, despierta una esperanza y establece un importante precedente. En efecto, en lo que se refiere a la esperanza, si el proceso de negociación de las condiciones para la paz pudiese llegar a buen puerto, se alejaría la justificación del Plan Colombia, elaborado por Estados Unidos y que amenaza la soberanía colombiana, venezolana, ecuatoriana, brasileña, además de la paz en nuestro continente. 

En cuanto al precedente, es evidente que estamos, como dijo De Gaulle sobre la paz en Argelia, en una nueva negociación "entre bravos", pues el gobierno ha hecho importantes concesiones y la guerrilla ha legitimado a un gobierno que calificaba de espurio y le ha dado un crédito de confianza en problemas tan vitales como el combate represivo contra los 8 mil 150 paramilitares que realizan asesinatos masivos en las zonas controladas por las FARC y por otros grupos guerrilleros y que pagan a sus mercenarios con el producto de extorsiones, secuestros y aportes ilegales de empresarios nacionales o extranjeros. 

El gobierno extendió por ocho meses más la vigencia de un virtual derecho de extraterritorialidad para las FARC en la zona llamada Marulandia, de 42 mil kilómetros cuadrados, que abarca cinco municipios habitados por más de 100 mil personas, y liberará a cientos de guerrilleros presos, mientras las FARC harán lo mismo con 500 policías y soldados que tienen en su poder. Las FARC, por su parte, aceptan la erradicación manual de la coca en el territorio que controlan y la eliminación de los laboratorios que convierten la hoja en cocaína, pero se niegan a aceptar la fumigación aérea del cultivo de enervantes, que acaba también con las actividades agrícolas y envenena a los campesinos y sus familias. El gobierno, por último, se obliga a combatir a los paramilitares. 

Es evidente que este acuerdo encontrará resistencias importantes. En primer lugar, se ha probado a saciedad que los paramilitares están apoyados por oficiales de las fuerzas represivas y por la derecha colombiana y son armados por éstos, lo cual hace suponer que la represión a esas unidades asesinas será por lo menos obstaculizada por esos sectores, que consideran que Pastrana ha hecho concesiones para ellos inaceptables. 

Por otro lado, la represión por las FARC al narcotráfico sin duda les provocará conflictos con los delincuentes, quienes pagaban algo así como un impuesto, que servían para comprar armas y pertrechos para los 16 mil guerrilleros de la agrupación rebelde. 

Ambos sectores negociadores de este modo no sólo se reconocen mutuamente como la otra parte de un añoso conflicto que debe ser solucionado para el bien de todos, sino que también están dispuestos a sacudirse de encima la hipoteca de quienes están interesados en una guerra de exterminio y en impedir la constitución de un Estado en Colombia que se apoye en el consenso y la voluntad de paz de los ciudadanos. 

Frente a los exabruptos cavernícolas de quienes, en nuestro país, rechazan la negociación pública y abierta con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cualquier concesión política a los insurgentes de enero de 1994 y prefieren sostener a los promotores de la violencia (como eran y son los paramilitares chiapanecos), el ejemplo colombiano muestra la viabilidad de negociaciones sin ultimatos referentes a la deposición de las armas en el camino de poner fin incluso a decenales y sangrientos conflictos armados. Ojalá el ejemplo sirva para algo.