DOMINGO 11 DE FEBRERO DE
2001
La historia negra: delitos fabricados, torturas,
jueces de consigna
Zapatistas presos: justicia a cuentagotas
ƑVioladores y asesinos? Las historias de los
zapatistas que permanecen encarcelados y los recientemente liberados
van por otro camino: detenciones a manos de grupos paramilitares,
torturas para obtener confesiones, fabricación de delitos y una
cascada de irregularidades en los procesos. En Chiapas, como en otros
lugares del país, se ha utilizado al aparato de justicia para
castigar a los disidentes. Hasta el momento, el gobierno chiapaneco ha
liberado a 38 zapatistas. Aún falta excarcelar 59 más en
Chiapas y cinco en Tabasco y Querétaro
Jesús RAMIREZ CUEVAS
Los simpatizantes y militantes del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se encuentran tras
las rejas en Chiapas son ejemplo de la ausencia del estado de
derecho. El aparato de justicia y las leyes han sido utilizados por
los gobiernos en turno con fines políticos para combatir la
inconformidad social. Es un hecho que esta realidad de injusticia fue
uno de los detonadores de la rebelión zapatista.
El EZLN ha demandado el cumplimiento de tres
señales para iniciar el diálogo de paz con el gobierno
de Vicente Fox. Una de ellas es la liberación de los presos
zapatistas en Chiapas, Tabasco y Querétaro. Al tomar
posesión Vicente Fox había 103 expedientes de
simpatizantes zapatistas presos o procesados en Chiapas (seis estaban
en libertad bajo fianza), tres indígenas del norte recluidos en
Tabasco y dos líderes sociales más encarcelados en
Querétaro. Fox y el gobernador Pablo Salazar declararon su
disposición a liberarlos. Pero hace un mes detuvieron a Juan
Jiménez Ramírez, del municipio de Chilón.
Sin embargo, Luis H. Alvarez, comisionado para la paz,
señaló recientemente que "las autoridades de diversos
estados y el gobierno federal continúan analizando
sistemáticamente la situación específica de cada
preso para evitar que sean liberados delincuentes en lugar de
zapatistas". Esta postura ha sido compartida por Fox.
El subcomandante Marcos mencionó a los que
aún se encuentran presos en su comunicado del 27 de enero
pasado: "ƑReconoce el gobierno que los zapatistas son luchadores
sociales y no delincuentes?", se preguntó el vocero del
EZLN. "Se les sigue usando como rehenes y el mantenerlos presos
significa que el gobierno todavía piensa en usar la
opción policiaco-militar", advirtió.
Con base en las acusaciones fincadas por autoridades
judiciales contra los militantes zapatistas, algunos medios y
representantes del sector empresarial como Alberto González
Garza han reclamado al gobierno que se libera a "violadores, asesinos
y delincuentes". Quizá estas presiones explican el proceder
tortuoso de las autoridades, pues la liberación ha sido a
cuentagotas.
*Faltan 64 por liberar
A la fecha han sido liberados 38 zapatistas -los
más recientes fueron excarcelados entre el 6 y el 9 de
febrero-, pero aún permanecen 59 tras las rejas en penales
de Chiapas, informó Miguel Angel de los Santos, abogado
defensor de las bases de apoyo del EZLN. Con los cinco de Tabasco y
Querétaro suman 64. Cerca de una decena se volvieron zapatistas
en la cárcel pero son casos excepcionales. "Con el secretario
de Gobierno de Chiapas, acordamos la posibilidad de discutir los casos
especiales de personas en que se dudara del carácter
político de la acusación", informó De los
Santos.
De los tres zapatistas recluidos en el penal de
Tacotalpa, Tabasco, el gobierno no ha dicho nada. En tanto que a los
dos militantes del Frente Zapatista presos en Querétaro, Sergio
Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles Sánchez, el
gobierno de Ignacio Loyola se niega a liberarlos.
Rosario Ibarra de Piedra confirmó que hace tiempo
se reunió con funcionarios queretanos para demandar su
libertad, por no haber pruebas contra ellos (de hecho los acusan de
"autoría intelectual de despojo" y no por los hechos del 5 de
febrero de 1998). "La secretaria de Gobierno del estado nos
insistió que eran unos delincuentes y no presos
políticos. Nos dijo que no saldrían libres; que por
principio de autoridad no los liberarían, porque si no se
resquebrajaría la autoridad del gobierno y todo se
volvería un caos", informó doña Rosario.
Miguel Angel de los Santos afirma que todos los procesos
contra zapatistas "parten del mismo esquema de investigación
judicial: autoconfesiones mediante tortura, testimonios
inverosímiles y prefabricados, ausencia de pruebas contundentes
y demostrativas de su responsabilidad en los hechos que se les
imputan. A muchos no se les permitió un traductor en las
diligencias. La mayoría fueron acusados por hechos violentos
que sucedieron en la zona norte y en el desmantelamiento de los
municipios autónomos que impulsó Roberto
Albores".
"Ha habido complicidad y contubernio -denuncia-
que en los últimos seis años se dio en Chiapas entre los
poderes Ejecutivo y Judicial, para legitimar violaciones a los
derechos humanos y reclusiones ilegales de simpatizantes y bases del
EZLN".
Esto ha sido reconocido por el gobernador Pablo Salazar,
quien declaró el 30 de diciembre que dejará sin efecto
"cientos de órdenes de aprehensión contra luchadores
sociales, que carecen de sustento, porque parten de delitos
prefabricados" por el gobierno anterior.
*Una larga historia de ilegalidades
La historia de los zapatistas presos está ligada a
la represión contra la lucha política que impulsó
el levantamiento de 1994. Antes, las cárceles chiapanecas
estaban llenas de indígenas y campesinos pobres para quienes
nunca ha existido la justicia. Muchos de ellos pertenecían al
PRD y eran acusados por los caciques locales. A partir de 1995, cuando
Zedillo rompió la tregua con el EZLN, comenzaron a ser
detenidos los integrantes de las bases de apoyo del EZLN, sobre todo
del norte del estado. Ahí se comenzó a conocer la
complicidad entre los grupos paramilitares y los gobiernos estatal y
federal. La mayoría de los presos de la zona norte
habían sido señalados y detenidos por estos
grupos.
Conforme la guerra sucia se extendía a toda la
zona de influencia zapatista también aumentaron los zapatistas
presos de los Altos y la Selva. Al mismo tiempo, aumentaron los
desplazados por la violencia paramilitar. Entre 1996 y 1997 la
detención de simpatizantes zapatistas ocurrió en
operativos de la policía y el Ejército en
combinación con paramilitares. A partir de enero de 1998, tras
la matanza de Acteal, se desata una ofensiva contra los pueblos
zapatistas y municipios autónomos.
"Ningún estado de derecho respetuoso de los
derechos humanos se permitiría detener en un solo
operativo policiaco a 160 personas, como sucedió en
Nicolás Ruiz en junio de 1998; o 65, en Amparo Aguatinta en
mayo; o 105, como fue en la comunidad San Felipe Ecatepec, en julio de
2000", señala De los Santos.
"Las investigaciones judiciales tendían a
involucrar a zapatistas en diversos delitos y las investigaciones
ministeriales se desarrollaban en función del interés
político", agrega. Las policías, el Ejército, los
agentes del Ministerio Público y los jueces siguieron la
consigna de acabar con la resistencia indígena.
Según el abogado De los Santos, "los jueces en
todos los casos omiten el análisis objetivo e imparcial de las
averiguaciones previas. Las investigaciones son deficientes, las
declaraciones son inverosímiles, las detenciones son ilegales y
las violaciones a las garantías individuales son el sustento de
largos procesos que culminan en altas penas de prisión como
condena".
*"Sí son presos políticos"
En agosto de 1996 surgió La Voz de Cerro Hueco,
organización de presos zapatistas de los penales de Tuxtla
Gutiérrez, Yajalón, Ocosingo, Pichucalco, Salto de Agua
y San Cristóbal de las Casas.
Las historias de los zapatistas presos han sido
documentadas por Miguel Angel de los Santos y por La Voz de Cerro
Hueco. Estas son algunas de ellas.
El 7 de febrero fueron liberados tres zapatistas de
Chenalhó: Cristóbal Gutiérrez Gómez,
Manuel Gutiérrez Méndez y Antonio Arias
Hernández.
Tras la matanza de Acteal, la PGR atrajo todas las
averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos
antes. Investigó varios homicidios cometidos contra militantes
del PRI. En algunos casos, pese a que los testimonios
describían la actuación de grupos de personas que
vestían de negro o azul, se cubrían el rostro con
pasamontañas y portaban armas de alto poder, la PGR
dirigió sus investigaciones hacia bases de apoyo zapatistas de
Polhó.
En el expediente penal número 230/98 del juzgado
primero del ramo penal en Tuxtla Gutiérrez se consigna la
muerte de César Santiz Pérez, ocurrida el 10 de octubre
de 1997 durante una emboscada en la comunidad de Chimix,
Chenalhó, donde también hubo personas heridas. Los
testigos describen: "Salieron de entre el monte aproximadamente unas
15 personas (que) vestían de color negro y algunos usaban
pasamontañas, todos portando armas largas de fuego". Uno de
estos testigos, David Arias Pérez, se encuentra en
prisión y ha sido condenado por su participación en la
matanza de Acteal.
Por la muerte de César Santiz Pérez fue
detenido Cristóbal Gutiérrez Gómez porque uno de
los testigos dice haberlo reconocido entre el grupo "por la forma de
su cuerpo".
"Estos hechos y otros en que se empleó el mismo
modo de operación reflejan que desde 1997 la PGR tuvo
conocimiento de la existencia de grupos armados que actuaban con
uniformes y armas similares a las de la policía estatal; sin
embargo, encauzó sus investigaciones hacia los zapatistas,
para demostrar su hipótesis sobre la masacre de Acteal, es
decir que todo se debió a los 'conflictos intercomunitarios'",
señala el abogado.
Manuel Gutiérrez Méndez y Antonio Arias
Hernández fueron acusados por la PGR por el homicidio de Lucio
Gómez Guillén (expediente 237/998). La PGR
consignó que Manuel y Antonio participaron en el crimen
ocurrido el 5 de julio de 1997. Los supuestos testigos nunca los
mencionaron. Fue hasta seis meses después que aparecieron dos
hermanos de la víctima quienes también fueron atacados
pero lograron salvarse. Ellos dijeron reconocer a los homicidas, entre
ellos a Manuel y Antonio.
"Las declaraciones de los testigos rayan en lo absurdo:
como cuando dicen que 'lo reconocí porque al momento de
disparar se le cayó el pasamontañas', o 'lo
reconocí entre un grupo de 50 personas por la forma de su
cuerpo', o 'lo reconocí -aunque llevaba el rostro
cubierto- porque es de la misma comunidad'. En las declaraciones
de los testigos se desprende que Manuel y Antonio no tuvieron
participación en el homicidio, pero fueron procesados por
considerarlos zapatistas", dice De los Santos.
*Otros liberados
La madrugada del 8 de febrero fueron liberados otros seis
zapatistas. Margarito Gómez Rodríguez, Manuel
López Díaz, Narciso Ramos Gutiérrez, Raymundo
Gutiérrez Díaz, Benedicto Ramos Gutiérrez y
Francisco Díaz Díaz, todos originarios de Simojovel
(expediente 32/96, por homicidio y lesiones).
Misael Pérez Gálvez, liberado el 30 de
diciembre pasado, denunció ante Luis H. Alvarez: "Nosotros
somos del municipio Tierra y Libertad, de los pueblos autónomos
y luchamos porque somos pobres. No tenemos dónde vivir, no
somos rebeldes por otra causa". Miguel Angel de los Santos
explicó que se condenó a 25 años de
prisión a estos zapatistas con base en delitos prefabricados y
procesos de "una legalidad vergonzosa".
Pérez Galván fue encarcelado acusado de
despojo por los dueños de la finca Corosal, tan sólo
porque realizó un paro de actividades fuera de esa empresa. Los
dueños lo señalaron por impedir la realización de
labores y llevaba un año y medio preso.
Otro caso es el de Armando Jiménez Pérez,
liberado hace unas semanas. El estaba acusado del asesinato del
candidato por el PRI a la presidencia municipal de Nicolás
Ruiz. En su contra declararon varios testigos; sin embargo, todos
coincidían en que Armando podría ser el responsable
"porque siempre sale a cazar". Dos meses después de ocurrido el
homicidio ya habían declarado 10 testigos, pero apareció
el "testigo clave" (Máximo López Díaz), quien
dijo que "vio todo". Según éste, los homicidas fueron
tres, y él los encontró en el camino con armas largas. A
pesar de que dice que tuvo mucho miedo porque sabía que son
matones, los siguió como a 100 metros de distancia. El testigo
afirma que vio cómo esperaron y dispararon a la víctima,
a quien le dieron dos tiros de gracia. No obstante que sabía
quién asesinó a su "compañero de partido y amigo"
fue hasta dos meses después que declaró. El testimonio
de este testigo no es verosímil y refleja el interés de
la PGJE por encontrar chivos expiatorios.
*Lucha agraria criminalizada
Edmundo Fonseca Argüello (hermano de Angel Fonseca,
destacado militante del FZLN en San Cristóbal) y Ricardo
Gómez estuvieron presos en el penal de Yajalón
(expediente 04/96), acusados de abigeato, robo, despojo y
daños. Fueron excarcelados el 9 de febrero.
Los propietarios de la finca K'an-quil, del municipio de
Chilón, Oscar y Elizabeth Arévalo Gallegos y Elva
Gallegos, denunciaron que en junio de 1995 se presentó en ese
lugar un grupo de indígenas de la ranchería
Pechtón, y de inmediato tomaron posesión. Sacaron a los
rancheros y se apropiaron del ganado. Y que lo mismo hicieron en otro
rancho de su propiedad llamado Concepción. Una lucha agraria se
convierte en un asunto judicial. Los acusados han demostrado que no
participaron en los hechos señalados.
Un caso similar es el de Sebastián Much
Hernández y Jerónimo Gómez Much (cuadernillo de
orden 169/98). Amílcar Pinto Estudillo denunció que el
20 de abril de 1995 un grupo de aproximadamente 100 indígenas
tomó posesión de su predio denominado San José
Sierra Nevada, del municipio de Chilón. Los indígenas
entraron y tumbaron 600 matas de café y 20 árboles de
ocote. Dos trabajadores de la propiedad atestiguaron que
Sebastián y Jerónimo participaron. Los acusados afirman
que ellos no formaron parte de ese grupo invasor. El propietario
argumentó que no le importa quién haya sido pero ellos
tienen que pagar. Fueron puestos en libertad el 9 de febrero.
Jesús Gómez Gómez, ex preso
zapatista de la zona norte, recuerda: "Cuando fuimos detenidos, fuimos
señalados por los priístas. Como están juntos con
los de Seguridad Pública y los del Ejército, pueden
portar armas. Ellos van a las comunidades donde hay organizaciones
como la nuestra, llegan con el Ejército y la Seguridad
Pública y nos señalan: 'son zapatistas'. Llegando a la
Procuraduría nos prefabrican delitos. Ahora ya no sólo
nos dicen 'zapatistas', ahora también nos dicen 'asesinos'. Nos
inventan cargos por asesinato, secuestro, violación,
privación ilegal de la libertad, delincuencia armada. Nos
acusan de eso porque por esos cargos no tenemos el derecho a
fianza. El gobierno sabe que somos presos políticos. En el
momento de nuestra detención, nos golpearon mucho".
*Otros ejemplos de injusticia
Miguel Angel de los Santos expone otros ejemplos: "En el
expediente 228/96 radicado en el juzgado de Yajalón constan 16
órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio,
lesiones y privación de la libertad. La averiguación
previa está integrada con declaraciones de ofendidos y
testigos, además de actas de la comunidad en que se
señala 'que se busque la forma de hacer justicia contra los
agresores de la organización guerrillera Arriera Nocturna, ya
que ese día provocaron el principio del conflicto Patastal y
Corosal Viejo, comunidades zapatistas, en contra de Corosal Nuevo, del
partido oficial PRI'. En su declaración ministerial, uno de los
supuestos agraviados menciona que 'el de la voz pertenece a la
organización denominada Paz y Justicia' y asimismo pertenece al
PRI".
En el expediente penal 269/95 también radicado en
Yajalón, por los delitos de rebelión, lesiones,
violación y privación de la libertad, las supuestas
ofendidas declaran que "los que nos cuidaban siempre mencionaban que
su jefe era Samuel Ruiz García y Amado Avendaño, y que
ellos son el nuevo gobierno... que también llegaban otros
sacerdotes que les decían Pablo, Rodolfo, Carlos Lorens,
Heriberto, Roberto, Efraín...". Siete indígenas choles
fueron sentenciados a 15 años de prisión por estos
delitos y con estas acusaciones hechas en el mes de junio de 1995. Por
esas fechas fueron expulsados del país tres de los sacerdotes
de la diócesis de San Cristóbal mencionados.
Está el caso de Armando López
Vázquez, indígena chol, que fue procesado por el delito
de homicidio, pero nunca contó con un traductor desde su
primera declaración. La juez que desarrolló el proceso
dijo que "Armando no necesita traductor porque habla perfectamente
español y además mi criada también es chol y
habla muy bien el español".
En junio de 1996, el juez de Yajalón
condenó a 15 y 23 años de prisión a cinco
indígenas choles por delitos de privación de la libertad
y violación. Para absolverlos del delito de rebelión
(considerado por el Código Penal de Chiapas como delito
político) el juez argumentó que "ellos por tratarse de
etnias choles son manejados fácilmente por los líderes y
se sujetan a la obediencia de los mismos, mas no que ellos traten de
imponer esa obediencia a la población..." (Sentencia
definitiva. Expediente penal 269/95).
En el mismo expediente, un año después, el
mismo juez condenó a 15 años de prisión a Miguel
Montejo Peñate. En su resolución el juez dice: "... la
responsabilidad plena quedó probada con los mismos datos que
acreditan los elementos del tipo penal del delito... sobresaliendo por
su importancia la sindicación directa y categórica que
vierten las ofendidas". Sin embargo, no advierte que a Miguel no lo
señalan quienes se dicen ofendidas. Ambas sentencias fueron
confirmadas en segunda instancia, pese a demostrar la ausencia de
pruebas.
Miguel Angel de los Santos concluye: "A simple vista
todos los presos zapatistas parece que fueron detenidos por ser
verdaderos delincuentes. Las acusaciones de homicidio, secuestro,
despojo, delitos contra la salud, no reflejan a un prisionero por
razones políticas. Pero justamente ese era el objetivo de la
guerra contrainsurgente: meter a la cárcel a las bases de apoyo
bajo figuras jurídicas que ocultaran el carácter
político de la acusación".
Por eso se entiende a Jesús Gómez
Gómez, ex preso zapatista de la zona norte, cuando dice:
"Aunque el gobierno nos encierre aquí jamás vamos a
pedir perdón si no hemos hecho nada malo".
QUIENES SON Y DE QUE LOS ACUSAN
De 108 presos simpatizantes o bases de apoyo del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en tres
estados, hasta la fecha han sido liberados 38 en Chiapas y seis
más estaban bajo fianza. Todavía 64 siguen en
prisión. Esta es la lista de los zapatistas que permanecen
cautivos (faltan los nombres de cuatro que no se pudo
corroborar).
* Penal de Cerro Hueco
1. Cristóbal Gómez López,
acusado de homicidio (Exp. 179/996), fue sentenciado a ocho
años de prisión. 2. Jorge Luis Méndez
Mena, acusado de robo, daños, abigeato y despojo
(Exp. 75/94), fue sentenciado a siete años de prisión y
una multa de 150 días de salario mínimo. Fue puesto a
disposición de la justicia federal. 3. Manuel López
Méndez, acusado de homicidio (Exp. 40/98), sentencia en
apelación. 4. Manuel Gutiérrez Pérez,
acusado de lesiones y homicidio (Exp. 250/994), fue sentenciado el 27
de octubre de 1995 a ocho años de prisión. En marzo de
1996 se modificó la sentencia a 14 años de
cárcel. El 2 de julio de 1998 fue puesto a disposición
de la justicia federal. 5. Juan Carlos Gutiérrez
Sánchez, acusado de lesiones y homicidio (Exp. 250/994),
sentenciado el 27 de octubre de 1995 a ocho años de
prisión. El 7 de marzo la sala regional modificó la
sentencia a 10 años. Fue puesto a disposición de la
justicia federal el 2 de julio de 1998. 6. Lorenzo Hernández
Gómez (Exp. 293/96), sentenciado a seis años de
prisión. 7. Sebastián Gómez
Hernández, acusado de homicidio (Exp. 38/99), fue
sentenciado a 32 años de prisión.
* Del fuero federal
8. Fernando Alvarez, acusado de violación a
la Ley General de Población (Exp. 176/999), fue sentenciado a
seis años de prisión, apeló. 9. Armando
Morelos Cabrera, acusado de violación a la Ley General de
Población (Exp. 78/999), fue sentenciado a seis años de
prisión, apeló. 10. Arturo Pérez
Velázquez, acusado de portación ilegal de armas de
uso exclusivo del Ejército (Exp. 18/997), fue sentenciado a
cuatro años. Compurga la pena el 5 de febrero de
2001. 11. José Hernández Díaz, acusado de
delitos contra la salud (Exp. 102/994), fue sentenciado a 10
años. 12. Gustavo Estrada Gómez, acusado de
delitos contra la salud (Exp. 93/996), fue sentenciado a 10
años de prisión. 13. Norberto López
Rincón, acusado de delitos contra la salud (Exp. 149/997),
fue sentenciado a 10 años. 14. Alejandro Méndez
Díaz, acusado de delitos contra la salud (Exp. 54/997), fue
sentenciado a 11 años de
prisión. 15. Cristóbal Sánchez
López, acusado de delitos contra la salud (Exp. 92/997),
fue sentenciado. 16. Rafael López Santiz, acusado de
delitos contra la salud (Exp. 103/993), fue
sentenciado. 17. Marcelino Sánchez Alvaro, acusado de
despojo, daños y robo (Exp. 144/995); robo, abigeato, despojo y
daños (Exp. 69/95); y de homicidio y secuestro
(Exp. 55/996). Por los primeros delitos fue sentenciado el 3 de julio
de 2000 a dos años de prisión y multa de 30 días,
se conmutó la pena por multa de 150 días de salario
mínimo. Por el segundo expediente fue condenado a cuatro
años de prisión y multa de 10 días de salario
mínimo, el 13 de enero de 2000 (condena condicionada al pago de
4 mil pesos). Los otros cargos siguen en proceso. 18. Miguel
López Pérez, acusado de homicidio (Exp. 36/996), fue
sentenciado a 10 años de prisión el 18 de noviembre de
1997. Confirmada la sentencia fue puesto a disposición de la
justicia federal (8 de octubre de 1998). 19. Plácido
Martínez Torres, acusado de homicidio (Exp. 31/996), fue
sentenciado a ocho años de prisión. 20. Juan
Guillermo López Pérez, acusado de homicidio
(Exp. 54/994), fue sentenciado a 14 años de prisión el
14 de enero de 1996. Fue puesto a disposición de la justicia
federal el 2 de marzo de 1996. 21. Jorge Luis Méndez
Mena, acusado de homicidio (Exp. 57/997), su caso se encuentra en
proceso de conclusiones.
* Cereso 2 de Cerro Hueco
22. Jorge Guzmán Cruz, acusado de homicidio
(Exp. 2000/998 y 81/998), su caso en encuentra en proceso de
instrucción. 23. Rogelio Cruz Vázquez, acusado de
homicidio (Exp. 81/998), su caso en proceso de
instrucción. 24. Ramón Guardas Cruz, acusado de
homicidio (Exp. 81/998), su caso se encuentra en proceso de
instrucción. 25. Pascual Guzmán Díaz,
acusado de homicidio (Exp. 81/998), su caso se encuentra en proceso de
instrucción. 26. Diego Cruz Díaz, acusado de
homicidio (Exp. 81/998), su caso se encuentra en proceso de
instrucción. 27. Armando López Vázquez,
acusado de homicidio (Exp. 81/998), su caso se encuentra en proceso de
instrucción.
* Penal de San Cristóbal de las
Casas
28. Mariano Núñez Girón,
acusado de homicidio (Exp. 250/998), fue sentenciado a ocho
años de prisión. 29. Manuel Santiz Pérez,
acusado de homicidio (Exp. 64/2000), fue sentenciado. 30. Rosendo
Gómez Ruiz, acusado de homicidio (Exp. 189/998), fue
sentenciado. 31. José Luis Ruiz Ruiz, acusado de
homicidio (Exp. 352/996), su caso está en proceso de
instrucción. 32. Ernesto Camera Ruiz, acusado de
daños y homicidio (Exp. 170/989), fue sentenciado primero a 40
años de prisión y una multa de 213 días de
salario mínimo (23 de octubre de1989). En 1990 se
modificó la sentencia a 24 años y seis meses y una multa
de 130 días de salario mínimo. Fue puesto a
disposición de la justicia federal el 7 de julio de
2000. 33. Diego Pérez López, acusado de homicidio
(Exp. 109/998), fue sentenciado a ocho años de
prisión. 34. Manuel Peñate López, acusado
de robo con violencia (Exp. 315/998), fue sentenciado a ocho
años de prisión. 35. Manuel Ruiz Ruiz, acusado de
homicidio (Exp. 334/998), su caso está en proceso de
instrucción. 36. José Luis Ruiz Ruiz, acusado de
homicidio (Exp.284/996), su caso está en proceso de
instrucción. 37. Vicente Ruiz Ruiz, acusado de
homicidio (Exp. 334/998), su caso está en proceso de
instrucción. 38. Margarito González Espinosa
(Exp. 136/2000), se encuentra procesado. 39. Manuel Jiménez
Vázquez, acusado de homicidio (Exp. 284/996), se encuentra
procesado. 40. Gerardo Landa Sánchez, acusado de
abigeato con violencia (Exp. 32/2000), se encuentra
procesado. 41. Bonifacio López Gómez, acusado de
robo y asociación delictuosa (Exp. 424/998), su caso se
encuentra en instrucción. 42. Isidro Entzin
Pérez, acusado de portación ilegal de arma de fuego
(Exp. 290/2000), su caso se encuentra en proceso de
instrucción. 43. Carlos Nájera González,
acusado de homicidio (Exp. 07/2000), su caso se encuentra en proceso
de instrucción. 44. Martín López Santiz,
acusado de homicidio (Exp. 334/998 y 331/998), su caso se encuentra en
proceso de instrucción. 45. Ambrosio Pérez
Ramírez, acusado de despojo (Exp. 143/2000 y 96/998), su
caso se encuentra en proceso de instrucción. 46. Salvador
López González, acusado de homicidio y delitos
contra la salud (Exp. 166/2000 y federal 123/2000), se encuentra en
proceso de instrucción. 47. Ernesto Jiménez
Pérez, acusado de homicidio (Exp. 103/2000 y 091/2000), se
encuentra en proceso de instrucción.
Del fuero federal
48. Sergio Olivas López, acusado de
privación ilegal de la libertad y daños a la
nación (Exp. 134/2000).
* Penal de Yajalón
49. Manuel Ramírez Torres, su caso se
encuentra en instrucción. 50. Jacobo Landa
Sánchez, acusado de homicidio (Exp. 05/2000), su caso se
encuentra en instrucción.
* Penal de Comitán
51. Juan Jiménez Ramírez, acusado de
despojo (Exp. 292/997), fue detenido hace un mes. Procesado.
* Penal de Playas de Catazajá
52. José Zenteno, ya
sentenciado. 53. Roque López Montejo (Exp. 43/2000), se
encuentra procesado.
* Penal de Ocosingo
54. Francisco de Meza Aguilar (Exp. 113/2000), se
encuentra procesado.
* Consejo Tutelar de Menores Villa Crisol
55. Natalio Entzin Pérez, acusado de
portación ilegal de arma de fuego (Exp. 90/2000), se encuentra
procesado.
* Penal de Tacotalpa, Tabasco
56. Francisco Pérez Vázquez, acusado
de homicidio y despojo (Exp. 04/996), fue sentenciado a 25 años
de prisión. 57. Angel Concepción Pérez
Gutiérrez, acusado de homicidio y despojo (Exp. 04/996),
fue sentenciado a 25 años de prisión. 58. Carrillo
Vázquez López, acusado de homicidio y lesiones
(Exp. 06/996), fue absuelto. En prisión le notificaron otro
juicio por violación ocurrida cuando ya tenía un
año detenido en Yajalón. Hace dos meses fue trasladado a
Tabasco (Exp. 28/97).
*Cereso de San José el Alto,
Querétaro
59. Sergio Jerónimo Sánchez. 60. Anselmo
Robles Sánchez (Exp. 120/997, 255/997 y 646/996).
Ambos son dirigentes del Frente Independiente de
Organizaciones Zapatistas (FIOZ). Fueron detenidos a raíz de
los hechos ocurridos en la ciudad de Querétaro el 5 de febrero
de 1998, cuando un autobús en el que viajaba el gabinete
presidencial fue interceptado por un grupo de manifestantes a la
salida del acto conmemorativo del aniversario de la
Constitución, lo que provocó hechos de violencia.
El gobierno federal retiró los cargos contra ellos
pero el gobierno del panista Ignacio Loyola "revivió" unas
órdenes de aprehensión del año 96
acusándolos de ser los "autores intelectuales" de despojo en
varios predios: ejido de San Miguelito, Santa Rosa Jáuregui;
Ejido Buenavista; la comunidad de San Miguelito.
Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles,
sentenciados a 16 y 15 años respectivamente, se consideran a
sí mismos "perseguidos políticos" por el gobierno del
estado, que "ha inventado los cargos como venganza" por las luchas
sociales en las que han harticipado.
El 7 de febrero cumplieron tres años en
prisión. En una carta escrita desde el Cereso de San
José El Alto, Jerónimo y Anselmo señalan: "Hemos
sido acusados de 'autoría intectual' de los delitos de despojo
en agravio a particulares dado que no fue posible demostrar nuestra
participación directa en los supuestos delitos".
Cabe aclarar que algunas testimoniales de los hechos
ocurridos en 1996 fueron presentadas después de que fueron
detenidos el 7 de febrero de 1998 para que el juez dictara la formal
prisión ya que no tenían elementos.