lunes Ť 12 Ť febrero Ť 2001

Iván Restrepo

ƑNo más destructores de bosques y selvas?

En los últimos sexenios, el Presidente de la República en turno y sus empleados responsables de cuidar el patrimonio natural de México nos hablaron de un grave problema: la pérdida anual de 600 mil hectáreas de selvas y bosques. Como es costumbre entre funcionarios, mencionaban los novedosos programas que habían ideado para atacar el problema y reforestar las áreas perdidas. Sin embargo, llevamos años viendo repetir la ceremonias del Día del Arbol y de la Tierra en las que no se anuncian logros, sino el desastre y la incapacidad gubernamental para atacar de raíz las causas de la deforestación, atribuida por pasajero burócrata a los campesinos pobres. En esos actos, no faltaron las menciones al Ejército y su encomiable tarea de sembrar arbolitos.

Ahora la nueva administración federal confirma en voz de Víctor Lichtinger la situación crítica que se vive a causa de la deforestación y la falta de agua, pero con un agregado que las anteriores ocultaron: en la tala ilegal de bosques y selvas existen intereses econónomicos, muchas veces vinculados a caciques y políticos de diverso nivel. Además, el responsable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que por tratarse de un asunto de "seguridad nacional" en el combate de esa nociva práctica, en el futuro participarán militares y la Policía Federal Preventiva.

Preservar y enriquecer el agua, los bosques y las selvas de México requiere la atención urgente de las instancias oficiales y de la población. Si seguimos perdiendo recursos vitales para el desarrollo, los desajustes que hoy ya tenemos en diversas partes del país se agudizarán a tal extremo que será imposible obtener el tantas veces prometido, pero siempre postergado, desarrollo sustentable.

En la tarea de revertir la actual situación de crisis es saludable reconocer algunas causas claves de la deforestación que hasta ayer el sector público no atacó en aras de obtener apoyos y no romper el círculo de las complicidades que daban sustento al sistema político y de gobierno vigente los últimos 70 años.

Ese sistema descansó en redes de poder que iban del nivel local al federal. Para conservarlo, las autoridades amparaban o eran parte de negocios, corruptelas y cacicazgos diversos, algunos de los cuales se niegan a morir. En el caso de las entidades donde el bosque y la selva son recursos básicos, no solamente se ha tolerado y apoyado la acción de los talamontes, sino que se propicia la presencia de poderosas empresas que se aprovechan de los bienes comunales de indígenas o campesinos, carentes de recursos para utilizar y conservar racionalmente ese patrimonio natural. Sin el visto bueno oficial, sin la corrupción de funcionarios y líderes campesinos, no proliferarían en los estados de México, Michoacán, Durango, Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz o Oaxaca los talamontes y las empresas que explotan irracionalmente bosques y selvas.

La lucha contra ese sistema ha dejado su estela de víctimas. Muchos indígenas y ejidatarios han sufrido persecución, cárcel y hasta la muerte, precisamente a manos de la fuerza pública, que debería apoyar la defensa de los recursos naturales.

No será tarea fácil poner en marcha las nuevas medidas que anuncia el titular de Semarnat. Desmontar en los estados con riqueza forestal la perversa relación entre talamontes "clandestinos", empresas, funcionarios y líderes campesinos corruptos, exige tocar poderosos intereses y grupos económicos con influencia federal, estatal y municipal. Será más fácil obtener éxito en lo que ahora se promete si se ataca de raíz la pobreza rural y se cuenta con la colaboración de los grupos campesinos e indígenas; pero, sobre todo, si la fuerza del Estado no está más al servicio de intereses particulares.

Fresca está la persecución oficial contra líderes y comunidades decididas a defender la naturaleza de la cual dependen para su bienestar. El caso de los dos campesinos ecologistas guerrerenses capturados y torturados por el Ejército y acusados de narcotráfico y portación de armas, no es el único. Pero sí ejemplo que no debe repetirse.