lunes Ť 12 Ť febrero Ť 2001

Elba Esther Gordillo

Una nueva Constitución

Con notas, entrevistas y artículos de fondo, publicados previamente en diversos medios impresos, pareció crearse el ambiente propicio para poner en el tapete de la discusión pública el tema de una nueva Carta Magna, de tal manera que muchos supieron de antemano que éste sería el tema central del discurso del presidente Vicente Fox en el acto conmemorativo de la promulgación de la Constitución de 1917.

Poco después, se calienta el ambiente político en lo que se puede considerar como el comienzo de un debate que no será tan amplio como amerita, si antes no se reflexiona en asuntos que debe promover una Constitución, ya sea nueva, renovada, reformada, revisada o simplemente actualizada, términos éstos usados por quienes por un lado se empeñan en hacer caduca, obsoleta y hasta inútil la Carta Magna, y de otro, por quienes defienden el texto constitucional recordándonos que es producto de un largo proceso histórico.

Pero, sin afán de entrar en juicios y opiniones, el asunto requiere de diversos planteamientos que en muchos casos han sido soslayados o no debidamente aquilatados.

Estas reflexiones van más allá de ser una inquietud profesional de todo educador que vincule la tarea educativa no sólo al desarrollo integral del ser humano, sino también al de la sociedad y la democracia, pues la educación ciudadana es el soporte de una nueva Constitución. Esto es, la formación de ciudadanos que tengan conciencia plena de sus derechos y obligaciones para asumirlos con la responsabilidad que requiere la verdadera civilidad, en el contexto de lo individual y lo social, para una cultura nacional.

No basta con textos ni referéndum ni plebiscitos para reformar un Estado. Ninguna ley, por perfecta que sea en su concepción y redacción, llega a ser efectiva si no se basa en la realidad, en los hechos que todos vivimos día con día.

Y aquí es donde coinciden muchos analistas. No es la Constitución vigente la culpable, en sí misma, de la corrupción, de la injusticia, del imperio de la impunidad. Lo que hace falta, han dicho muchos desde años atrás, es que se aplique la ley para que deje de ser texto muerto por más que haya sido la más avanzada de su tiempo.

El meollo es que, como ya lo demostró inclusive una encuesta publicada recientemente en un diario nacional, son muy pocos los que conocen todo o algo del texto constitucional.

Ahora, en cuanto a reformas, hay cosas que han sido motivo de debates serios en épocas diferentes. Así, por ejemplo, resulta curioso que, como lo explicó en su momento Luis Castaño en su obra clásica El régimen legal de la prensa en México, de editorial Porrúa, la Ley de Imprenta promulgada por don Venustiano Carranza entrara en vigor antes que la propia Constitución de 1917.

En años recientes, la reforma al artículo 6Ɔ constitucional, que se discutió tanto y fue motivo de muchos estudios coordinados y de consultas, sólo consistió en agregarle una línea que dice: "El derecho a la información será garantizado por el Estado", sin que hasta la fecha se determine en un reglamento quiénes son el sujeto y el objeto de la ley.

Entre las de mayor impacto se encuentran las diversas reformas políticas que se hicieron hasta llegar al Cofipe, la creación del IFE y el Tribunal Electoral Federal que, entre otras cosas, permitieron la alternancia. Esto demuestra que la Constitución no es tan obsoleta como se dice, aunque, por supuesto, hay asignaturas pendientes para lograr una verdadera transición y no solamente la alternancia.

Por ello, una nueva Constitución debe considerar una reforma del Estado que sustente un proyecto de nación equitativo e incluyente.

Lo inequitativo es injusto y lo que es producto de intereses particulares, cerrados, excluyentes, que estén por encima de los intereses de la sociedad, es antiético. Este no es un asunto de modas.

La justicia es, sin duda, el gran tema a considerar y para ello la legislación respectiva tiene que ser revisada profundamente no sólo para que el delito no quede sin castigo, sino para alcanzarla en su más profunda acepción, que es la justicia social, campo éste en el que nuestra Carta Magna recoge las demandas más sentidas de nuestros movimientos sociales y que, sin embargo, no han sido suficientes para acabar con la desigualdad, con la distribución de la riqueza sin equidad y para hacer efectivo el derecho a la educación, al trabajo, a una vida digna para todos y que genere un nuevo tejido social que cimente el siglo XXI.

Porque una nueva Constitución deberá:

- Proponer un nuevo pacto social que provenga de acuerdos políticos legítimos.

- Crear un ambiente de confianza que recupere la convivencia y la credibilidad de nosotros y entre nosotros.

- Despertar el sentido del nosotros, de lo que en realidad somos y de lo que queremos ser.

En todo esto radica el futuro de nuestra nación.