Ť Segmentar el sector, libre participación del capital privado y modificar la Constitución
En electricidad, la IP va por todo
Ť La AMEE plantea que el gobierno garantice el abasto de combustible a precios accesibles y se disponga de un mercado de mayoreo y menudeo sujeto a la libre oferta y demanda
EMILIO LOMAS M. Y MIRIAM POSADA
Con el pretexto de reformar la industria eléctrica nacional, la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica (AMEE) se manifestó por la segmentación del sector, la libre participación de capitales privados, modificaciones constitucionales incluso en materia de agua, que el gobierno garantice el abasto de combustibles a precios accesibles, libertad para contratar al personal que convenga a los intereses de las nuevas empresas y la posibilidad de que éstas tengan independencia jurídica entre sí ''pero puedan formar parte de un mismo grupo tenedor de acciones'', lo que sería un monopolio privado disfrazado.
En su propuesta para reformar el sector, la AMEE da por cierto que el crecimiento de la demanda de electricidad en los próximos cinco años sea de 6 por ciento anual, que se requieran más de 13 mil Megawatts por instalar y se necesite una inversión de 250 mil millones de pesos a precios actuales, y para lograrlo no encuentra otra opción más que la apertura al capital privado a través de lo que dio en llamar ''apertura a la libre iniciativa empresarial''.
Para conseguir esa ''apertura'' la asociación considera que la ''Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe ampliar de manera sustancial las posibilidades para el ejercicio de la libre iniciativa empresarial en las actividades relacionadas con la energía eléctrica mediante, otras cosas, modificar la consideración de actividad estratégica a prioritaria. De esta manera, el Estado solamente ejercerá su rectoría y funciones supletorias, permitiendo que los particulares realicen muchas más actividades en el sector''.
En sus propias palabras, el sector eléctrico debe fragmentarse en empresas dedicadas a la generación, despacho, comercialización, transmisión y distribución a fin de tener un mercado eléctrico de mayoreo y menudeo ''sujeto a las fuerzas de la oferta y la demanda'', pero bajo la supervisión y regulación del Estado, que también deberá garantizar ''condiciones competitivas'' para atraer la inversión requerida.
Esto haría necesario modificar el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y la ley del agua para poder participar en proyectos hidroeléctricos, reformar las disposiciones fiscales con la intención de impulsar proyectos de autoabasto y cogeneración, además de eliminar el límite de 20 MW de capacidad adicional que pueda ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad, así como ''una fórmula de precio que incentive la inversión y no sólo cubra los gastos marginales de los productores'', lo que se traduce en una libre generación y precios preferenciales.
Contratos de personal, a gusto
En aras de la competitividad, eficiencia y productividad, los nuevos empresarios de la industria eléctrica ''tendrán derecho a contratar al personal que más les convenga, estableciendo contratos de trabajo según sus necesidades, en respeto absoluto a la legislación laboral''.
En materia de generación, la AMEE propone que el Estado participe para evitar que algunas empresas controlen mercados locales, regionales o nacionales, pero al mismo tiempo señala que los generadores podrán formar parte de empresas que tengan subsidiarias dedicadas a la distribución y comercialización con la condición de que los negocios estén jurídicamente separados.
Libertad para establecer plantas generadoras
Los generadores podrán establecer contratos bilaterales con usuarios calificados sin tener que pasar por el mercado centralizado. La AMEE exige también autorización administrativa y ''libre de reglas de despacho'' para el establecimiento de plantas generadoras a través de energías renovables, termoeléctricas y de cogeneración.
Para la generación hidroeléctrica a través de particulares plantea una autorización administrativa y permiso o concesión del uso del agua, así como la explotación de cuencas hidrológicas completas, mientras el manejo de la energía nuclear la considera una función exclusiva del Estado, al igual que las tareas de transmisión, aunque no descarta la posibilidad de que se permita la participación de particulares.
En materia de distribución, la AMEE señala que se deben otorgar concesiones a particulares por regiones e incluso vender los activos. Al igual que en otras áreas propone que las distribuidoras formen parte de empresas que tengan subsidiarias dedicadas a la comercialización y así cerrar el círculo en esta etapa del negocio de la electricidad, mientras los comercializadores podrán comprar y vender energía a generadores en los mercados bilaterales y de oferta, así como a distribuidores y usuarios calificados.
Para la operación del sistema (despacho) propone desvincular los intereses de los participantes ''particularmente los del Estado'', y pretende que se haga cargo de esta actividad estratégica una asociación civil autorizada por la Comisión Reguladora de Energía.
Asimismo, plantea crear centros operadores del mercado que funcionarán como sociedades mercantiles también autorizadas por la CRE a fin de operar de manera similar a la Bolsa Mexicana de Valores.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la venta de 50 Megawatts en promedio al estado de California ha generado ingresos para México de entre 180 mil 200 mil dólares diarios.
El director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, señaló que este intercambio comercial con Estados Unidos no es a costa de reducir el suministro del fluido eléctrico en ninguna parte del territorio nacional, ya que los 50 MW que se le proporcionan a California son generados por un sistema que no está interconectado al resto de la red.
Elías explicó que por la lejanía del estado mexicano de Baja California no es posible anexarlo al sistema general, por lo que sólo suministra energía a Tijuana, Mexicali, Ensenada y sus respectivas zonas de influencia, de tal forma que si no se vendieran los excedentes de electricidad a California tampoco se podrían utilizar en otra parte del país.
Hoy en día, precisó, en Baja California se generan mil 500 MW y su demanda de energía crece a un ritmo de 15 por ciento anual, por lo que en mayo próximo entrará en operación una nueva planta con capacidad de 450 MW.
Reiteró que la crisis eléctrica en California se originó por diversos factores coyunturales, pero en especial porque debido a restricciones ambientales durante 10 años no se construyeron plantas generadoras y el resultado fue que la demanda superó a la oferta.
En México, señaló Elías Ayub, se están construyendo 16 plantas generadoras desde Campeche hasta Rosarito, y están por comenzar tres proyectos más, por lo que el abasto está garantizado hasta el año 2004. MIRIAM POSADA GARCIA