LUNES Ť 12 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť A la luz, empresas fantasmas en el extranjero

Banqueros, bajo la lupa por lavado de dinero en Argentina

Ť Investigan triangulaciones con bancos estadunidenses

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 11 de febrero. Las denuncias e investigaciones sobre lavado de dinero por multimillonarias sumas ponen bajo la lupa a banqueros y funcionarios de Argentina, pero también sacan a la luz la actividad de empresas fantasmas en el extranjero.

En este contexto se investigan las triangulaciones entre el Citibank, el Banco República, de Raúl Moneta, hombre de confianza del ex presidente Carlos Menem, y el Federal Bank, una entidad con sede en Bahamas dependiente del República.

El pasado 5 de febrero se conoció aquí que el Senado estadunidense analizará las supuestas operaciones de lavado de dinero que habrían realizado el Banco de Moneta y Mercado Abierto de Aldo Dducler, ex asesor del cantante convertido en político peronista Ramón Palito Ortega, entre otros. El Citibank tendrá mucho que decir en Nueva York, porque manejaba las cuentas del República y el Federal Bank. Las investigaciones fueron seguidas por la diputada Elisa Carrió, quien aunque pertenece a la gobernante Unión Cívica Radical (UCR) está en el bloque rebelde junto a socialistas como Alfredo Bravo y Héctor Polino, y la acompañó en su trabajo el diputado Gustavo Gutiérrez.

Ambos elaboraron un documento para informar al Senado estadunidense, que a su vez les proveyó de datos, como el informe de 300 páginas elaborado por la subcomisión dirigida por el demócrata Carl Levin, donde se señala que se habrían facilitado operaciones de lavado de dinero por exhorbitantes cifras en Argentina y Estados Unidos, desde y hacia paraísos fiscales, operando con el Federal Bank, y con el República, que recientemente quebró y cuyos directivos estuvieron procesados penalmente.

Moneta, a través del República y United Finance Company Ltd (UFCO) otra sociedad también constituida en Bahamas, llegó a ser un de los principales accionistas del CEI-Citicorp Holdings, que llegó a controlar empresas con bienes superiores a los 5 mil millones de dólares.

Las investigaciones llevan a listas de empresas en Bahamas que podrían ser propiedad de Moneta, quien en algún momento fue señalado como testaferro de Menem. Aquí Moneta estaba representado por el estudio de abogados de Carlos Basilic, quien a su vez lo representaba en el directorio del CEI. Toda esta estructura, a su vez, estaba directamente ligada al ex presidente neoperonista que gobernó de 1989 a 1999, y a su poderoso entorno.

La Jornada publicó una investigación sobre el caso del CEI-Citicorp y su apoderamiento de diversos medios de comunicación. El abogado Basilico también sería representante de varias sociedades, curiosamente todas constituidas en Bahamas el mismo día y con domicilios coincidentes con el Federal Bank. Las investigaciones llevan a concluir que el flujo de dinero que pasó por Nueva York vía la cuenta del ex Banco República y el Federal Bank y otras sociedades en las Bahamas, habría ascendido a 6 mil millones de dólares. "Todavía no hemos visto lo peor", advierte Elisa Carrió, quien junto a Gutiérrez ha solicitado al gobierno seguridad para sus familias, tras haber recibido varias amenazas.

Pero no sólo está en danza esta investigación. El gobierno del presidente Fernando de la Rúa deberá tomar una decisión en el caso del presidente del Banco Central Pedro Pou, sometido a enjuiciamiento. Nadie se explica por qué el mandatario lo confirmó en su cargo, ya que para muchos Pou fue un símbolo del menemismo. Los diputados disidentes del oficialismo, agrupados ahora en el movimiento Argentinos por una República de Iguales, lograron que la juez María Servini de Cubría reabriera la causa por supuesto encubrimiento de Pedro Pou en operaciones de lavado de dinero.

Este juicio también comprometería a Pou. Pero hasta el momento tanto el presidente como el ministro de Economía, José Luis Machinea, parecen más dispuestos a relativizar la importancia de los informes locales y estadunidenses, al parecer por temor a que una salida del presidente del Banco Central altere al mercado financiero.

Como si este panorama no fuera lo suficientemente complicado para el gobierno, los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron al rápido sobreseimiento del sospechoso juez Carlos Liporaci, en el caso de un grupo de senadores acusados de recibir sobornos de funcionarios gubernamentales para votar a favor de la ley de Reforma Laboral, tema que a mediados del 2000 llevó a una severa crisis de gabinete que desembocó en octubre en la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, quien exigía investigar a fondo el escándalo.